En el último quinquenio, la constante rotación de autoridades en diversas entidades del Estado ha generado un continuo deterioro de la institucionalidad, salvo excepciones.
Por ejemplo, la inestabilidad ha sido notoria en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que registra 10 titulares desde el inicio de la gestión de Pedro Castillo. En el mismo período, el viceministerio de Hacienda suma nueve cambios, y el de Economía, siete.
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El caso de Petro-Perú no es muy distinto. En solo cinco años, la estatal ha tenido 13 presidentes, y solo en los primeros cinco meses del 2026, se contabilizan tres cambios. Por otro lado, en Perú-Petro se han producido seis cambios en el último quinquenio; la inestabilidad empezó con los nombramientos políticos del gobierno de Pedro Castillo, cuando nombró al excongresista Daniel Salaverry como líder de la institución.
Hay dos entidades que muestran una situación opuesta. Mientras que, en el Banco Central de Reserva, Julio Velarde se mantiene como presidente desde el 2006, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) solo suma dos titulares –Socorro Heysen y Sergio Espinosa– en estos últimos cinco años.
Para Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y catedrático de la London School of Economics, esta constante rotación de jefes en entidades públicas ha afectado el avance en distintos temas, entre ellos, la mejora de la calidad regulatoria. Además, ha disminuido el nivel del capital humano en el sector público. Explicó que esto se refleja en la captura de distintos grupos de interés, como los sindicatos, que no necesariamente buscan calidad y cumplimiento de procesos.
Esta situación se replica en Petro-Perú, apuntó. “No ha habido una conciencia de las medidas a tomar para comenzar a sanear la empresa pública. Eso pasa justamente por el gobierno corporativo deficiente y la falta de claridad respecto a lo que se tiene que hacer y cumplir”, consideró.
A ello se añade que el gobierno de turno ha distribuido puestos claves en entidades del Estado entre los partidos políticos. Esto vuelve frágil los controles de las instituciones, apuntó.
Por su lado, Roxana Barrantes, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sostuvo que se ha afectado la mirada de mediano y largo plazo del MEF, pues los cambios de personal se han dado en los distintos niveles, como direcciones generales, nacionales, y otros. Agregó que en este período gubernamental hubo un debilitamiento del Ejecutivo como poder de Estado.
De acuerdo con Castilla, el legado que dejan estos años de inestabilidad también es la “desinstitucionalización” y la afectación a la tecnocracia, salvo en entidades que cuentan con protección constitucional.
Para mejorar la institucionalidad no basta con brindar una mayor estabilidad para los altos funcionarios, señalaron ambos expertos. Es necesario un norte en el liderazgo y acabar con la repartición de puestos claves entre los partidos políticos.
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