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La emergencia sanitaria por el COV ID-19 ha terminado de desnudar la ineficiencia de nuestro sistema de salud. A la falta de oxígeno y de camas en los hospitales, se sumó esta semana la pugna entre el Ejecutivo y las clínicas por las elevadas tarifas que estas cobran a los pacientes rechazados por el sector público.
Todo esto ha hecho pasar a un segundo plano otros problemas sanitarios que, mal atendidos, pueden traer efectos colaterales y gastos más grandes para el Estado.
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Es el caso del tratamiento de enfermedades graves y prevalentes, como el cáncer, la diabetes o la hepatitis, que “no desaparecerán ni dejarán de costar”, señala Vincet Poirier-Garneau, socio de consultoría económica de Apoyo Consultoría.
DEMORAS CONTRA LA SALUD
Precisamente, la consultora acaba de lanzar un informe sobre las trabas en la adquisición de medicamentos innovadores, que contribuyen a curar y/o aliviar el sufrimiento de los pacientes aquejados por estos males.
El estudio, enfocado en el tratamiento del cáncer (la enfermedad más mortal antes de la pandemia) ha identificado una demora de hasta 18 años en el arribo al país de estos medicamentos.
El ejemplo más llamativo es el del Trastuzumab, producto diagnosticado para el cáncer de mama.
Se trata de un medicamento aprobado para uso médico en EE.UU. en 1998, pero que fue adquirido recién en 2016 por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).
De acuerdo a Miguel Figallo y Vincent Poirier-Garneau, co-autores del estudio de Apoyo, la introducción oportuna del Trastuzumab habría evitado más de 2,600 decesos por cáncer de mama.
Como ese hay muchos ejemplos de medicamentos innovadores cuya adopción por parte de las autoridades sanitarias peruanas demora entre 6 y 15 años.
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El proceso de adopción de un medicamento innovador es muy engorroso en el Perú.
“Todas las demoras listadas se traducen en muertes no evitadas. Por ejemplo, la tasa de mortalidad entre los pacientes diagnosticados con cáncer de mama se redujo de 13% a 7% (2010 al 2016) porque se permitió la comercialización de Trastuzumab”, reza el informe.
PRECIO VS. EFICIENCIA
¿Por qué ocurren estas dilaciones? Figallo apunta que no es por falta de recursos del Estado sino debido a procesos lentos que limitan el acceso de dichos medicamentos los pacientes.
De hecho, ambos autores han verificado que el sector salud cuenta con disponibilidad suficiente de dinero para la compra de medicamentos.
Según cifras oficiales, los recursos no ejecutados para la compra de medicamentos sumaron un total de S/796 millones entre 2013 y 2018 o US$133 millones anuales.
“El Estado necesita mejorar nuestros procesos de compras y abastecimientos para tratar de que se incorporen estos medicamentos innovadores”, señala Carlos Casas, Decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico.
En esencia, Figallo y Poirier-Garneau anotan que las demoras ocurren desde el inicio del proceso de adquisición de los medicamentos, esto es, desde el registro sanitario, que en algunos casos llega a alargarse hasta 7 años.
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Las demoras en la adquisición de medicamentos innovadores no se explican por la falta de recursos.
El siguiente paso, la inclusión del medicamento en el Petitorio (lista de medicamentos esenciales para el país), puede demorar aún más, debido a una larga evaluación de costos que se centra en el precio y no en la eficiencia del medicamento, lo que hace que el retraso no garantice una mejor elección.
Caso puntual es el del Reditux, medicamento biosimilar para tratamiento de cáncer linfático, que ingresó al país muy rápido (3 años) a pesar de no haber sido aprobado por las agencias sanitarias de EE.UU. (FDA) o Europa (EMA).
De acuerdo a Figallo, el factor determinante para su compra fue el menor costo (-50%) en relación al medicamento innovador original (Rituximab), aunque eso no ha tenido el menor efecto en la reducción de la mortalidad de los pacientes.
“El problema es que los medicamentos innovadores los estamos adquiriendo de la misma manera que fueran útiles de oficina: viendo solo el precio”, indica Figallo.
SILENCIO POSITIVO
Otro problema identificado por Apoyo es que las compras no suelen ser centralizadas (a través del Cenares) sino que son efectuadas de forma desarticulada por cada uno de los hospitales, lo que disminuye la capacidad de negociación del Estado e incrementa los costos logísticos y de administración.
Por esta razón, los autores recomiendan centralizar las compras y agilizar la obtención del registro sanitario, cambiando el silencio administrativo a positivo, siempre que el medicamento haya sido aprobado por la FDA o la EMA.
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Un medicamento innovador es aquel que está protegido por una patente y es fabricado de manera exclusiva por un laboratorio farmacéutico. (Foto: EFE)
Esto permitiría que el registro sea aprobado automáticamente en vez de esperar hasta 7 años.
En opinión de Poirier-Garneau, estas y otras recomendaciones del informe (como el desarrollo de una guía de evaluación y el involucramiento de los stakeholders en este proceso) pueden tener beneficios materiales en corto plazo y aplicarse a otros tratamientos, como la diabetes.
“Si hubiéramos tenido disponibilidad de acceso a medicamentos innovadores, hoy tendríamos medicamentos oncológicos orales (quimioterapias orales) que evitarían que los pacientes vayan a los hospitales, preservándolos de contagios de COVID-19 y disminuyendo el estrés en el sistema de salud”, apunta Figallo.
