Los retos laborales del nuevo gabinete

Por Jorge Toyama, Socio de Vinatea & Toyama*

Informalidad, subempleo y baja cobertura social son las características del mercado laboral. El peruano promedio tiene trabajo pero o le pagan ‘a la mano’ o realiza una actividad para la cual está sobrecalificado o recibe bajos sueldos.

En medio de la coyuntura política no se debe perder el norte de las reformas laborales. Más que mayores derechos laborales, se requieren sistemas de protección social: seguros de salud, pensiones, invalidez y sobrevivencia. Cobertura social para el trabajador y su familia.

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Las microempresas afrontan los altos costos de la legalidad y la baja productividad, las medianas buscan superar la informalidad y la falta de productividad laboral, las grandes luchan contra la rigidez y el Estado, contra los bajos sueldos y la falta de planes de atracción y retención del talento.

La mayor parte de los jóvenes son informales, desempleados o subempleados, mientras que más de millón y medio son ‘ninis’ (ni trabajan ni estudian). Encontrar empleo después de los 45 años es complicado y la cantidad de consultores externos se incrementa exponencialmente.

Más de millón y medio de trabajadores labora para sus familiares sin alguna tutela social ni laboral. La mayoría de los trabajadores estatales no tiene aumento en años, mientras que la compensación por desempeño no existe. Los independientes (no asalariados) son emprendedores sin seguro social.

Uno de los retos ineludibles del flamante Gabinete debe ser incrementar la protección social. El foco de las políticas y las acciones estatales no debe estar en las empresas formales. Debe concentrarse entre quienes más lo necesitan: los que tienen DNI, celular, cuenta bancaria, pero no un seguro que los proteja ante una enfermedad o accidente.

Los esfuerzos de la actual gestión no son suficientes, mientras no se otorgue más presupuesto y recursos al Ministerio de Trabajo, Sunafil y Servir. A su vez, Sunafil debería continuar su expansión a todo el Perú pero, con mayor intensidad, las inspecciones deberían orientarse hacia la formalización y la migración del trabajo precario al trabajo decente.

Además, es necesario generar beneficios a las empresas que apuesten por la formalización, estimular que las personas valoren al carné del seguro más que el DNI, promover la creación de empleo sostenible, generar incentivos para la inversión en formación profesional y reconversión laboral, etc.