Refinería de Talara: Todo sobre el sobrecosto detectado por la Contraloría y sus implicancias

MIRA: Refinería de Talara: Contraloría detecta sobrecosto de más de S/1.115 millones en proyecto

De acuerdo con una auditoría de cumplimiento presentada ayer por la Contraloría de la República, a esto se añade ahora un sobrecosto de S/1.115 millones, relacionado con “idas y vueltas” en la contratación de las unidades auxiliares.

Es decir, de las cinco unidades destinadas a suministrar potencia y servicios a la nueva refinería: la planta de desalación, la unidad de energía eléctrica, el sistema de aguas, y las plantas de ácido sulfúrico e hidrógeno-nitrógeno.

Conforme al plan inicial de Petro-Perú (2014) dichas unidades debieron empezar a ser erigidas en enero del 2015, siete meses después que las unidades de producción.

Sin embargo, su construcción no se pudo iniciar hasta febrero de 2018, debido a “decisiones que la Contraloría ha evaluado y de las cuales no ha encontrado la suficiente y debida motivación”, indicó Nelson Shack, Contralor General de la República.

LA PARTICIÓN DEL PROYECTO

A decir de Shack, la racha de malas decisiones se inició tempranamente, cuando la estatal decidió “partir el proyecto”, adjudicando las unidades de producción a la española Técnicas Reunidas y las unidades auxiliares al sector privado de “manera tercerizada” (2014).

El riesgo con esta determinación, refirió Shack, era que el avance de ambas obras podía no calzar bien, sobre todo, por la “enorme complejidad técnica y financiera del proyecto”. Lo que finalmente terminó ocurriendo.

¿Por qué el directorio de Petro-Perú tomó la decisión de partir las obras?

Augusto Baertl, expresidente de la petrolera estatal, comentó a este diario que la razón de fondo sería “esconder el monto total, al cual ascendía la inversión en la nueva refinería”.

Cabe recordar que fue, precisamente, durante su gestión (2016) que Petro-Peru sinceró la inversión en el megaproyecto al revelar que éste no costaría US$3.544 millones - como se afirmaba hasta entonces - sino US$4.782 millones, de los cuales US$ 815 millones correspondían a las unidades auxiliares.

“UNA SECUNCIA DE MALAS DECISIONES”

Además de la responsabilidad por dividir el proyecto, la Contraloría dice haber encontrado evidencia de una “secuencia de malas decisiones”, adoptadas entre 2014 y enero del 2018, las cuales han “generado los sobrecostos de más de S/1.100 millones que ahora debemos pagar todos los peruanos”.

Dichas decisiones, relató Shack, empiezan con el encargo que Petro-Perú confía a Técnicas Reunidas (empresa española encargada de la construcción principal) para que la ayude a seleccionar a las empresas que tendrán a su cargo la tercerización de las unidades auxiliares (2014).

A ello sigue una contramarcha, seis meses después, cuando Petro-Perú “decide ir por una contratación directa y modifica su reglamento de contrataciones para poder hacerlo”, apunta Shack.

Siguen dos convocatorias de contratación fallidas, en 2016, tras lo cual la estatal regresa a la idea original, que es pedir a Técnicas Reunidas que se encargue de las unidades auxiliares.

Finalmente, cuando la española presenta una factura muy elevada, Petro-Perú se decanta por efectuar otra contratación directa, que esta vez sí tuvo éxito, adjudicándose las obras al consorcio Cobra-SNL, a inicios de 2018.

Esto es, tres años después de la fecha inicial programada.

RESPONSABILIDADES

Por todas estas demoras, la Contraloría sostiene que hay responsabilidad de 44 funcionarios y exfuncionarios de Petro-Perú, entre ellos, 3 expresidentes, 14 exdirectores, 2 gerentes generales y 25 funcionarios que desarrollaron labores entre 2014 y 2018.

A decir de Shack, a estos funcionarios les corresponde sanciones civiles y administrativas, que la procuradoría y el Ministerio de Energía y Minas deben definir.

Especialistas en derecho comentaron a este Diario, sin embargo, que se trata de un “caso jurídicamente muerto” debido a que las sanciones administrativas expiran en cuatro años y las civiles (para los miembros de directorios) en dos.

“No obstante, y dependiendo del tipo de acción legal o responsabilidad que se infiera, en algunos casos es posible que se consideren plazos mayores, pero ello tendría que revisarse en atención al caso concreto”, precisó Luis Miguel Elías, socio del estudio Rebaza, Alcázar y De Las Casas.

¿MÁS PERJUICIOS?

Shack añadió que el perjuicio por las demoras en la contratación de las unidades auxiliares no acaba aún, debido a que la auditoría de cumplimiento solo cubre hasta diciembre de 2020 y a que la nueva refinería de Talara entrará en operación en “setiembre de 2021”.

“O sea, que el perjuicio será mayor porque hay que correr todo este año y la mitad del próximo”, dijo.

Al respecto, Petro-Perú aclaró a este Diario que el señalamiento de la Contraloría no es del todo correcto, pues la nueva refinería no entrará en operaciones en setiembre de 2021, sino en noviembre de este año.

“Ahora estamos al 96% de avance (…) Estamos trabajando en las unidades de producción y las unidades auxiliares, que fueron las que comenzaron más tarde”, señaló Eduardo Guevara, presidente de la petrolera estatal.

Al margen de eso, la Contraloría ha dejado claro que alista dos auditorias adicionales sobre la refinería: una de cumplimiento al fin de la construcción para determinar si existen sobrevaloraciones, y otra de desempeño, para determinar si “realmente fue una buena idea invertir tanta plata en una obra de esta naturaleza”.

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