Milton von Hesse

Una de las características principales de este 2022 es que ha venido acompañado de un incremento sustantivo de los precios de los principales productos que componen la canasta básica familiar, especialmente para los segmentos populares. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la categoría alimentos y energía que reporta el INEI ha estado entre 12% y el 13% acumulado en los últimos 12 meses, cuando hace un año dicho indicador apenas rondaba el 3%. Las causas principales de esta aceleración inflacionaria tienen que ver, principalmente, con sucesos externos. Malas cosechas atribuidas al cambio climático, restricciones a la oferta y demanda alimentaria como consecuencia de las cuarentenas para el control de la pandemia COVID-19, restricciones a las exportaciones de los principales países exportadores (China, India), la guerra entre Ucrania y Rusia, y la crisis de los contenedores, entre otras razones, explican esta alta inflación.

De acuerdo con el índice de precios de los alimentos del Organismo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), las cotizaciones internacionales de los principales alimentos que se transan en los mercados mundiales se han incrementado en promedio en más del 65% en términos reales si los comparamos con el período pre-COVID-19. En el caso específico de los aceites vegetales, de los cereales, del azúcar y de los lácteos, estos se incrementaron en 175%, 79%, 53% y casi 38%, respectivamente con respecto al promedio que registraban en el 2019.

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Esta subida de precios de los alimentos ha venido acompañada también de un incremento sin precedentes de los precios de los fertilizantes sintéticos, entre los que destaca la urea. Este producto pasó de cotizar entre US$200 y US$300 la tonelada en los últimos años a alrededor de los US$1.000 en los primeros meses de este año, aunque en las últimas semanas ha venido decreciendo.

Para enfrentar la inflación alimentaria, el gobierno optó por la exoneración del IGV a determinados productos –huevos, pollo fresco o congelado, maíz, aceites vegetales, harina, pastas sin rellenar y pan, entre otros– para el período entre el 1 mayo y el 31 de julio. Las evaluaciones preliminares de esta medida permiten concluir lo que la evidencia empírica ya predecía, que los subsidios indirectos a la oferta no llegan al consumidor y se quedan en los eslabones de la cadena de producción. Los consumidores más pobres del país, especialmente los urbanos, que gastan poco más de la mitad de sus ingresos en alimentos, no se beneficiaron con dicha exoneración. Las medidas que no se han tomado son justamente las que cabrían en estas circunstancias: subsidios directos a la demanda focalizados en los segmentos más pobres, sea a los hogares directamente o a través de las ollas comunes o los comedores populares; o campañas de información que permitan orientar al consumidor para mejorar su ingesta nutricional a partir de productos que podrían sustituir a los más caros. Sin embargo, llama profundamente la atención la ausencia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y de su titular en el debate público respecto a cómo aliviar la vida de los hogares más vulnerables ante esta escalada inflacionaria.

En relación con la crisis de los fertilizantes, el gobierno –a través de los sucesivos ministros de Desarrollo Agrario y Riego– anunciaron distintas medidas como construir una planta de fertilizantes, producir 100 mil toneladas de guano de las islas y repartirlo entre agricultores familiares (la producción anual de ese fertilizante no supera las 30 mil toneladas al año), comprar urea directamente a proveedores externos y repartirla a precio social. De ellas, ninguna se ha podido efectivizar hasta ahora. Las dos primeras por no tener sustento técnico, legal ni económico, y la tercera porque el proceso de licitación se ha caído dos veces debido a serias observaciones de la contraloría. El nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, tiene en sus manos retrotraer el proceso de compra de fertilizantes y corregir desde el principio las observaciones hechas por la Contraloría General de la República. Mientras se avanza con la compra, deberá también trabajar el tema de quiénes serán los beneficiarios (las mayores demandas de urea se focalizan en la costa para arroz, maíz y papa, y en la selva alta para café), cómo se va a distribuir (se usará la red de comercialización privada a escala nacional o se centrará en la red pública del Estado) y a qué precio se venderá. Mientras tanto, estamos ad portas de la campaña grande de agricultura y los agricultores parecen haber perdido la expectativa de la ayuda estatal.

Milton von Hesse, Director de Videnza Consultores

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