Masificación del gas: ¿Qué opinan los expertos sobre el rol que cumplirán Petro-Perú y las eléctricas estatales?

A ese fin, su gobierno remitió ese mismo día al Congreso de la República un proyecto de ley para “impulsar el acceso de la población al gas natural”, habida cuenta de que solo Lima y algunas ciudades de la costa gozan de este beneficio.

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Para llenar este vacío y lograr que el gas natural (gas metano) llegue también a los hogares de la sierra y selva, la norma plantea que el Estado participe directamente en el proceso de masificación a través de sus empresas de energía.

Es decir, de las empresas eléctricas estatales (distribuidoras) y de Petro-Perú, las cuales se encargarán de construir, operar y/o mantener las redes de ductos en las regiones donde el privado es incapaz de llegar,

Todo ello, con cargo al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos (SISE), los cuales “serán modificados para este propósito”, refiere Federico Noguera, especialista en gas y petróleo.

¿Se trata de una propuesta razonable?

El rol de Petro-Perú

De acuerdo a Álvaro Ríos, socio director de Gas Energy, la norma es bastante aceptable por cuanto reproduce el planteamiento empleado en países con mayor penetración del gas natural, como Colombia y Bolivia, donde el Estado “se moja colocando recursos donde el privado no puede”.

Y, también, porque reconoce la necesidad de hundir costos para avanzar con la masificación, dada la imposibilidad de obtener retornos por la construcción de redes ductos en regiones con baja demanda de gas, como las de la sierra.

Una razón del por qué fracaso tantas veces la licitación del proyecto Siete Regiones, a cargo de ProInversión.

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Del mismo, modo el planteamiento también le parece razonable a Luis Espinoza, ex viceministro de Energía, aunque con algunas críticas.

Una es que no hace falta el concurso de Petro-Perú para masificar el gas natural. Solo el de las distribuidoras eléctricas estatales, como ocurre en Colombia, donde estas se encargan de gestionar ambos servicios y por eso reciben el apelativo de ‘distribuidoras de energía’.

En ese sentido el especialista arguye que el ingreso forzado de Petro-Perú, además de innecesario, sería ‘una trampa’ para crear filiales regionales de la estatal donde “el partido de Gobierno pueda colocar a su gente”.

¿De dónde vendrá la plata?

La otra crítica tiene ver con el financiamiento de los proyectos de masificación con cargo al FISE, subsidio que pagamos todos los peruanos en nuestros recibos de luz,

A entender de Espinoza, este fondo será insuficiente para sostener tamaño esfuerzo, debido a que sus recursos ya se encuentran comprometidos y a que un incremento excesivo de estos llevaría a un alza apreciable de los recibos de luz.

Cabe señalar que cada conexión domiciliaria a gas natural demanda US$1.000 aproximadamente.

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Esto quiere decir que se requeriría US$1.000 millones para conectar 1 millón de hogares. Sin embargo, el FISE solo genera US$100 millones al año.

Por esta razón Álvaro Ríos propone recurrir, en última instancia, a las reservas internacionales netas o a alguna otra partida del Estado.

Finalmente, la norma propone la creación de una nueva entidad energética, denominada Agencia de Inventarios de Combustibles (ACI), la cual se encargará de “gestionar, administrar y disponer de la infraestructura de almacenamiento de combustibles preexistente a la Ley” con recursos del SISE.

Abastecimiento de GLP

Gustavo Navarro, ex director general de Hidrocarburos, explica que esta nueva entidad se encargará de velar porque no haya desabastecimiento de combustible líquidos, como ocurre cuando las mareas impiden el abastecimiento de GLP por mar.

Para Federico Noguera se trata de un tema crucial, porque el país no cuenta con volúmenes de respaldo cruciales de GLP ante situaciones imprevistas.

“Los 15 días de almacenamiento que dice la norma no se cumplen actualmente por el costo elevado de estas inversiones, tanto por su construcción como por temas financieros de tener 15 días de producto almacenado sin movimiento comercial”, señala.

Para realizar esto, Noguera recomienda que la AIC sea un organismo muy profesional y nada político, pues manejará temas muy técnicos que abarcan desde las ubicaciones de los futuros terminales o tanques, hasta los mecanismos que se usarán para que los privados lo utilicen.

El proyecto de ley señala, en ese sentido, que la nueva entidad actuará como una especie de COES, pero orientada al sector hidrocarburos.

Es decir que será ente privado e independiente, con un “directorio y gerencia de primer nivel y la potestad para financiar en la banca comercial”.

Espinoza propone que Petro-Perú realiza esas funciones pues “su negocio es manejar inventarios de combustibles”.

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