Tras conocerse el quiebre de negociaciones entre la firma brasileña Odebrecht y Sempra-Technit, El Comercio pudo conocer que la argentina Techint buscaría otro socio para lograr la compra del 55% del proyecto del Gasoducto Sur Peruano antes del 23 de enero, fecha en la que según el contrato vigente, se debería concluir el cierre del financiamiento del mismo.
En esa misma línea, el consorcio GSP – conformado por Graña y Montero, Odebrecht y Enagás- estarían evaluando pedir una ampliación de dicho plazo al Gobierno Peruano.
Esta ampliación es vital porque de lo contrario, tal como lo adelantó el Gobierno, se procedería a realizar una nueva licitación a inicios del 2017, siendo las empresas de consorcio las más perjudicadas.
Además, se conoció que los bancos internacionales no se muestran preocupados por la cláusula anticorrupción que Sempra-Technit había pedido modificar, cosa que el gobierno peruano descartó en varias oportunidades. “Los bancos no han puesto problema para financiar, pese a la cláusula anticorrupción”, dijo una fuente cercana al proyecto.
Por otro lado, se supo que el área de Sostenibilidad del proyecto trabajaría sólo hasta fin de mes.
GRAÑA YA VIENE SIENDO GOLPEADA
En los últimos días Graña y Montero S.A.A. vio afectada su cotización en las bolsas de New York y Lima (caída de 14% desde el cierre del miércoles 16 de noviembre), debido a un aumento en la probabilidad de que se anule el contrato de concesión del proyecto Gasoducto Sur Peruano, proyecto en el que tiene una participación de 20%, dijo Kallpa SAB.
"En este escenario, la anulación del contrato podría representar la pérdida de los ingresos futuros de la construcción y operación del Gasoducto. No obstante, estas pérdidas se contrarrestarían parcialmente con una potencial recuperación parcial de las inversiones que la compañía ya ha realizado en el proyecto (US$ 230 millones)", indicó.