A 30 días del atentado

Hace un mes, Summa Gold sufrió un atentado en Huamachuco, La Libertad, poniendo en evidencia la presencia de mineros ilegales en el denominado Bosque Polo, adyacente a la concesión minera El Toro. Dentro del mismo período, Minera Poderosa, en Pataz, sufrió también un nuevo ataque, que dejó heridos a tres de sus trabajadores.

Estos acontecimientos, sumado a los continuos hechos de violencia e inseguridad en otras zonas como Santiago de Chuco, Otuzco y en el mismo Trujillo, dan cuenta de la necesidad urgente de declarar un estado de emergencia en toda La Libertad, pero a la fecha no se ha decretado el mismo. Y en tanto incrementa la inseguridad para la población, se ve con preocupación cada vez más denuncias de supuestos nexos entre mineros ilegales con autoridades, tanto a nivel municipal, regional y nacional.

Claramente, necesitamos una política integrada de lucha contra la ilegalidad, que involucre al Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial, lideradas por autoridades que deslinden no sólo con palabras, sino con hechos, de esta actividad genocida.

Si bien el premier, Gustavo Adrianzen, anunció (inmediatamente después de ocurrido el atentado contra Summa Gold) que se intensificarían las medidas de seguridad, así como los operativos, es necesaria una labor de inteligencia que contemple no sólo las zonas donde los delincuentes extraen los minerales, sino también las rutas de acceso y transporte de mineral, además del suministro de insumos altamente peligrosos como explosivos, combustibles, materiales químicos, etc.

A ello se suma el anuncio de construcción de una comisaría en Pataz, así como la conformación de una unidad de flagrancia, para la captura inmediata de personas que son halladas cometiendo delitos contra el oden público y el medio ambiente, además de todos aquellos problemas conexos: tráfico de armas, trata de personas, explotación infantil, entre otros.

Habiendo transcurrido un mes de estos anuncios desde el Ejecutivo, los cuales saludamos como ciudadanos, es necesario conocer los avances y los esfuerzos que se vienen desplegando para materializarlos.

Ello además de exponer resultados: cantidad de personas intervenidas, capturadas y ya procesadas por estos delitos, además de contar con un registro de las zonas intervenidas para un monitoreo continuo.

Decisión política de las autoridades, cohesión entre los poderes del Estado y manos a la obra es lo que necesitamos para que nuestra institucionalidad no se vea más vulnerada por el crimen, las mafias y la corrupción. Y con un estado de emergencia efectivo, démosle a la población liberteña la seguridad que necesita para trabajar y seguir construyendo con el desarrollo de nuestro país.