Calidad educativa: ¿tarea del gobierno o de las universidades?

Por: Roberto Escalante Semerena (*)

El tema de la calidad de la educación superior sigue siendo una de las prioridades de las universidades y de los gobiernos en América Latina y el Caribe. Desde la década de los ochenta, los gobiernos empezaron a preocuparse por tener certeza que el trabajo que las universidades hacían, en términos fundamentalmente de su docencia, aunque más tarde se incorporó la investigación. Esta preocupación se centró en un inicio, por razones obvias, en las universidades públicas pero el ejercicio de certificación de la calidad, por razones éticas y exigencia social, abarcó a las universidades privadas.

Los primeros ejercicios de certificación fueron resistidos por las universidades públicas alegando la inmunidad (?) que les otorgaba la autonomía. La intromisión de agentes externos a las universidades públicas se concibió como una violación a la autonomía y se alegó que sólo ellas debían y tenían la capacidad y el derecho de emitir un juicio acerca de si su trabajo era de calidad o lo contrario. Por supuesto, la mayoría, o por lo menos las más prestigiadas, aseguraban que su trabajo docente y de investigación era de primera categoría.

La disputa entre la insistencia gubernamental y las universidades acerca de si el ejercicio de evaluación y acreditación le correspondía a un agente externo, el gobierno, o era atribución exclusiva de las universidades, se resolvió por la vía de los hechos. Por ejemplo, en México, las universidades estatales fueron forzadas a aceptar la evaluación y certificación so pena de no recibir estímulos y becas para sus estudiantes de posgrado. En el caso del Ecuador, el gobierno aprobó, en sus órganos legislativos, una ley universitaria que hacía obligatoria la evaluación y la acreditación y, además, imponía una clasificación en la que de no alcanzarse el mínimo necesario, la universidad sería clausurada. Catorce universidades fueron cerradas por el gobierno como resultado de ese ejercicio. Más recientemente, en Nicaragua, Perú y otros países, la evaluación y acreditación de la calidad se ha sancionado como una obligación inconmutable de las universidades públicas y privadas.

Así, la evaluación y acreditación de la calidad no solo se convirtieron en una obligación a cumplir por las universidades sino, lo más importante, dio paso a metodologías, criterios, estándares e indicadores, entre otros, que no fueron consultados con las universidades y que, inevitablemente, incluían, probablemente, y tal como ocurrió, sesgos, injusticias y omisiones al momento de hacer el ejercicio.

Recientemente, un grupo de universidades ecuatorianas solicitaron a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), la posibilidad de construir una organización, facturada desde las universidades y con sus académicos, que ofreciera procesos de evaluación y acreditación de la calidad, como una alternativa de certificación internacional pero, sobre todo, que hiciera justicia, sin concesiones a la calidad, de una serie de actividades que las universidades hacen y que en las evaluaciones y acreditaciones universitarias gubernamentales no son consideradas.

Haciéndose eco de tal preocupación, la UDUAL ha convocado a un grupo de 14 expertos, provenientes de universidades como la UNAM, la Universidad de La Habana, de la de Guadalajara, de la Católica y Pontificia Universidad del Perú, de la Nacional de Colombia, de la Universidad de Campinas, de la de San Carlos de Guatemala, de la Universidad Central del Ecuador y la de la Universidad Nacional de Córdoba para elaborar una metodología integral de la evaluación y acreditación de la calidad que sea considerada como una de carácter internacional, tanto para instituciones como para carreras.

La propuesta está muy avanzada y en breve estará disponible para realizar la primera prueba piloto del modelo. Esto ocurrirá, probablemente, en el segundo trimestre del presente año, y la Universidad de La Habana será el caso piloto a considerar.

De lograrse la integración de esta alternativa, la del Consejo de Evaluación y Acreditación, se habrá dado un paso de gran envergadura que servirá para iniciar un diálogo, que nunca ha ocurrido, entre actores externos a la universidad y los propios universitarios, acerca de si el trabajo de formación de profesionales e investigadores, realmente responde a las necesidades del mundo contemporáneo y sus necesidades.

Los gobiernos, como representantes de la sociedad, tienen derecho y obligación de vigilar que la tarea de las universidades se haga acorde a lo que la ciencia ha alcanzado en la actualidad. Sin embargo, las universidades también tienen derecho a exigir que la diversidad de sus tareas si aportan, de distinta manera, al avance del conocimiento y no solo, como las agencias gubernamentales exige, según lo que dictan las metodologías y modelos copiados o hechos por burócratas inexpertos y autoritarios.

Al final, actores internos y externos son los que tienen que acordar como lograr evaluaciones y acreditaciones justas y equitativas. No será con imposiciones y sanciones unilaterales como las universidades mejoren. La cooperación entre ellas y las agencias gubernamentales es un mejor camino.

(*) Tomado de El Financiero, México. GDA. El autor es catedrático de la Facultad de Economía – UNAM y Secretario General de la Unión de Universidades de América Latina y el caribe (UDUAL).