Desde hace algún tiempo, el Perú se mueve de esperanza en desesperanza. Un juego continuo de relativismos que, de manera progresiva, nos ha llevado a reducir en cada ronda nuestras exigencias y expectativas de lo que consideramos ideal.
Desde hace algún tiempo, el Perú se mueve de esperanza en desesperanza. Un juego continuo de relativismos que, de manera progresiva, nos ha llevado a reducir en cada ronda nuestras exigencias y expectativas de lo que consideramos ideal.
Entre el 2021-2022 nos tocó navegar por una ruta tormentosa, de la mano de un capitán que no solamente estaba incapacitado para el puesto de presidente sino que estaba decidido a hacer explotar al país. El golpe de Estado de Pedro Castillo y el consecuente relevo por parte de la actual presidenta, Dina Boluarte, parecía devolvernos de esa pesadilla a la fantasía de que el país tenía una opción de enmienda.
El funcionamiento de las vías institucionales para sacar al golpista y algunos cambios legislativos a inicios del 2023 como los que buscaban mitigar daños sobre la meritocracia de los altos cargos públicos (Ley 31676); el fortalecimiento del Consejo Fiscal (Ley 31681); y, la delegación para la reactivación económica (Ley 31696), parecían ser el preludio de un momento mejor. Esto, sin embargo, se acabó y la recesión llegó. Y esto no sólo por las movilizaciones violentas y las inclemencias del clima -como lo han intentado justificar algunos ministros de entonces- sino por las terribles señales desde el Ejecutivo de hacer poco y cederle la cancha de las políticas públicas a fuerzas políticas oportunistas en el Congreso.
El reciente refresco en el gabinete, particularmente con la llegada de personalidades de prestigio y amplia experiencia en las carteras de Economía y Finanzas y en la de Energía y Minas, han reavivado otra vez las tenues luces de esperanza. Las declaraciones de ambas autoridades reafirmando sin dudas su compromiso de mejorar la gobernanza de los organismos públicos, reducir la asfixiante tramitología, mostrar su negativa a más retiros de AFP y reactivar proyectos mineros emblemáticos que parecían para siempre olvidados, son sin duda señales importantes, que toca ahora confirmarlos en el terreno y avanzar todavía más.
Hacer que estos brotes de optimismo crezcan en el tiempo, dependerá de cómo se puedan enfrentar los pasivos que se han acumulado: escasa capacidad para solucionar la inseguridad ciudadana y reducir la criminalidad que hoy se ha convertido en el problema número uno de las economías familiares y empresariales; pasividad del Ejecutivo para responder las propuestas populistas del Congreso como son los retiros de las AFP y la dación de beneficios tributarios; incapacidad para revertir medidas nocivas para la competitividad como la Agenda 19 y reavivar la Ley de Promoción Agraria; el ineficiente manejo de empresas públicas; y, los serios riesgos a la institucionalidad fiscal dejados por el Congreso y el Ejecutivo en comparsa.
La llegada de dos nuevos ministros parece habernos traído otra vez a esa estación de tren llamada “esperanza” ¿Durará? ¿Avanzaremos, al menos un poco hacia el camino del progreso? O como diría el cantautor franco-español, nos dirigiremos hacia la “infinita tristeza”. Lo que sí es claro es que este 2024 será probablemente la última oportunidad que le queda a este gobierno de hacer algo trascendental, porque a partir del 2025, todo se contaminará.