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El proyecto de ley de la congresista Bartra para introducir una modalidad de prácticas no remuneradas en carreras técnicas ha sido enterrado por la opinión pública, al punto de ser bautizado como “ley del esclavo juvenil”.
La idea de impulsar prácticas es buena, pero el proyecto tiene fallas graves que lo condenaron. Además de no contemplar el pago de sueldos (necesario y perfectamente posible), el proyecto no contiene mecanismos para promover el máximo aprovechamiento por parte de los estudiantes y evitar el abuso de las empresas. Con modificaciones, esta sería una buena estrategia para mejorar la educación técnica peruana.
De acuerdo con un estudio por Gustavo Yamada de la Universidad del Pacífico, la educación técnica tiene retornos muy por debajo de inversiones alternativas, y en algunos casos cercanos a cero. Esto quiere decir que, considerando los ingresos que recibirán después de graduarse, los estudiantes harían mejor en poner su dinero en una cuenta a plazos en lugar de pagar las pensiones de un instituto.
La razón es que las empresas prefieren trabajadores con experiencia que graduados con diplomas. Países como Alemania, Suecia, Austria y Dinamarca tienen enormes programas de “capacitación dual”, donde los estudiantes pasan hasta el 70% de su tiempo practicando en compañías. Este sistema permite que las empresas adapten el entrenamiento a sus necesidades reales, y lo actualicen a medida que los procesos industriales y la tecnología evolucionan.
En estos países, las prácticas son pagadas y en el Perú también deben serlo. Además de los argumentos sobre la dignidad del trabajador (perfectamente válidos), un sueldo motivaría a los estudiantes a dar su mejor desempeño, y motivaría a la empresa a maximizar la productividad del trabajador con entrenamiento.
A manera de incentivo para las empresas, los costos salariales pueden ser asumidos en una colaboración público-privada: 50% la empresa y 50% el Estado, lo que podría hacerse efectivo como un crédito fiscal.
En el Perú existen aproximadamente 400.000 estudiantes de carreras técnicas. Si inicialmente el 25% participara en el programa recibiendo sueldo mínimo a medio tiempo, el costo anual para el Estado sería aproximadamente S/250 millones. Esto representa menos de un tercio del presupuesto total del Programa de Becas del Minedu.
El programa debería ser manejado de manera coordinada entre el Ministerio de Trabajo (MTPE) y el Produce, que establecerían convenios con empresas que cumplan ciertos estándares de solvencia y seriedad.
Los estudiantes postularían al programa, los que demuestren mayores aptitudes serían calificados como beneficiarios, y las empresas seleccionarían entre ellos.
Finalmente, se deben asegurar mecanismos para que las empresas no abusen del programa y se beneficien excesivamente de los subsidios. Esto es perfectamente controlable mientras exista un adecuado sistema de información y el programa se mantenga a una escala manejable.
Quizá su limitado capital político no le permita a este gobierno emprender reformas ambiciosas como la ansiada reforma laboral, pero pequeños programas como el propuesto son realizables y pueden hacer una diferencia significativa.
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