Entre las innumerables consecuencias de casi dos décadas de crecimiento económico, sin duda una de las más positivas para el país es el significativo incremento de la recaudación fiscal. De acuerdo con cifras de la SUNAT, los ingresos tributarios se elevaron 4,4 veces en términos nominales desde el 2005.
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No obstante, con relación al PBI han permanecido relativamente bajos a lo largo de todos estos años, habiendo cerrado el 2022 en 16,8%, la mitad de la presión tributaria registrada en las economías del “club” de la OCDE, al cual el Perú aspira a pertenecer, y casi 5 puntos porcentuales por debajo del promedio de sus pares de la región. Esta brecha podría incluso aumentar si no se revierte el fuerte bajón que viene experimentando la recaudación en los últimos meses.
No parece, sin embargo, que haya condiciones para frenar la tendencia. Una razón obvia es porque el dinamismo de la economía ya no provee el mismo impulso que antes. Pero, de lejos, la principal traba que impide que los ingresos tributarios en el Perú alcancen el nivel observado en otros países con un PBI per cápita similar sigue siendo la enorme informalidad de la economía.
Un reciente informe del Banco Mundial (BM) muestra que tan solo ocho de cada 100 trabajadores peruanos (8%) pagan Impuesto a la Renta debido a la alta tasa de informalidad laboral (más del 75%, uno de los índices más altos de la región y del mundo). El problema se exacerba por la gran cantidad de empleados formales que perciben ingresos anuales menores a 7 UIT (S/34.650), el umbral establecido para estar obligado a tributar. Es así que menos de la cuarta parte de la población ocupada labora de manera formal, y de este grupo apenas los ocho que más ganan contribuyen efectivamente con el fisco.
Ello condiciona cualquier crecimiento de la recaudación. El BM ha propuesto reducir el tramo inafecto al pago del impuesto por rentas del trabajo a 5 UIT (que son S/24.750) para incrementar la base tributaria hasta cubrir el 15% de los trabajadores. La medida planteada, sin embargo, no solo no apunta a incrementar la formalidad, sino que podría ir en sentido contrario, ya que muchos que no llegaban a tributar, al verse obligados a hacerlo podrían optar por la informalidad.
Llevarla a cabo, además, sería costoso políticamente, por lo que es poco probable que reciba respaldo dadas las características del actual Congreso. No solo eso, su impacto podría ser marginal tomando en cuenta que hoy en día la recaudación de este tributo apenas equivale al 1,4% del PBI.
Aun en el supuesto negado de que se pudiera duplicar esa cifra en el corto plazo, seguiría siendo insuficiente si miramos un horizonte mayor, y continuará siéndolo a menos que se implementen políticas públicas muchísimo más ambiciosas orientadas a procurar que más personas y empresas operen en el sector formal. No es un secreto que para lograrlo se hace necesario levantar los obstáculos (económicos y burocráticos) que impiden que se formalicen. No puede ser, por ejemplo, que se tenga que pagar hasta un 68% adicional del sueldo de un trabajador formal en costos no salariales. La tarea no será sencilla ni popular, pero sí necesaria.
