La voz de los ochenta

Existe un amplio consenso respecto a que el control de precios implementado por el Gobierno fue uno de los principales factores de la crisis hiperinflacionaria, el desabastecimiento, las interminables colas y el surgimiento de mercados negros que los peruanos experimentamos a finales de la década de los ochenta. Sin embargo, lejos de aprender de los errores, el Congreso promulgó por insistencia en marzo de 2021 una ley que fija topes a las tasas de interés, otra manera de controlar precios. La aprobación de esta norma populista ignoró las opiniones técnicas desfavorables del Banco Central de Reserva (BCR), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y otros expertos. Como era de esperarse, las “buenas intenciones” de la iniciativa legislativa vienen perjudicando a quienes pretendían proteger.

La “Ley que Protege de la Usura a los Consumidores de los Servicios Financieros” incorpora la fijación de topes a las tasas de interés para créditos de consumo y MYPE. Sus proponentes aseguraban –sin un análisis mínimo del impacto de la norma– que “el gran beneficiario es el consumidor que podrá acceder a mejores tasas de interés en el largo plazo, pudiendo tener mejores condiciones de endeudamiento”. Sin embargo, recientemente el BCR publicó un estudio que analiza los efectos de los topes a las tasas de interés entre mayo y diciembre de 2021.

El principal hallazgo de dicho estudio es que 226 mil clientes perdieron el acceso a créditos formales del sistema financiero porque el costo de otorgarles nuevos créditos supera el tope establecido debido a su perfil de riesgo. Del total de clientes perjudicados, 127 mil fueron excluidos de la cartera de créditos existentes previo a que la norma entre en vigencia y 99 mil no pudieron ser bancarizados. Además, los deudores más afectados serían aquellos con montos de créditos bajos (menos de S/1.000), usualmente relacionados a personas y MYPEs de menores ingresos. Estos resultados son similares a los que se registraron en otros países de la región. Por ejemplo, las modificaciones aprobadas en Chile en el 2013 para bajar las tasas máximas de los préstamos habrían excluido a entre 151 mil y 227 mil clientes.

Estos resultados socaban el lento avance de la inclusión financiera en el Perú, afectado por un mercado laboral estructuralmente informal. El porcentaje del número de deudores entre el total de habitantes adultos en el país solo aumentó de 41,6% en 2007 a 52,6% en 2019. Con la pandemia, dicha cifra se redujo a 49,6% en 2020 y volvió a caer a 47,7% en 2021 influenciado por el deterioro del empleo. Esto significó un retroceso de casi ocho años, a niveles similares a los de 2013 (47,3%). Sin embargo, dicho resultado esconde importantes diferencias regionales: en Huancavelica, Loreto y Amazonas, el acceso al crédito formal es menor al 20%.

Insistir en generar un mayor bienestar (salarios, empleo, condiciones financieras, entre otros) vía decreto es ignorar las leyes básicas de la economía y, sobre todo, nuestra propia historia económica. Una preocupación real por lograr mejores tasas de interés que acelere la profundización financiera estaría vinculada a un fomento de la competencia, el escalamiento de la educación financiera y la incorporación de nuevas tecnologías que permitan lograr mejores perfiles de riesgo crediticio a un menor costo. Entre ellas, destacan la banca virtual, el uso de la big data para dar paso a las fintech y del open banking. Con un entorno económico cada vez menos favorable, es tan importante no volver cometer los errores de los ochenta, como remediar los más recientes.