Perú 2030: riqueza e institucionalidad, por Pablo Lavado

¿Se imagina un Perú donde la informalidad sea menos del 50%, la pobreza solo afecte a 1 de cada 10 peruanos, los ingresos de la población sean más del triple de lo que son en la actualidad, la tasa de anemia sea menos del 20%, y donde las personas cumplan las reglas y haya menos corrupción? Pues sí es posible. 

El pasado 28 de julio, el Gobierno publicó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) y el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC). El PNCP es un conjunto de 84 medidas en materia de infraestructura económica y social, capital humano, innovación, adopción y transferencias de mejores tecnologías, financiamiento, mercado laboral, ambiente de negocios, comercio exterior, institucionalidad y sostenibilidad ambiental. Por su parte, el PNIC incluye más de 50 grandes proyectos valorizados en casi S/100 mil millones.  

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Particularmente, el PNCP ha planteado hitos de corto (2019), mediano (2021) y largo plazo (2030).  

Algunas de las medidas son viables para su implementación, como lo es un Project Management Office (PMO) para la ejecución de los proyectos de infraestructura –caso exitoso de los Juegos Panamericanos– con un enfoque territorial y con prioridad en todos los niveles de gobierno. Otras propuestas factibles son el fortalecimiento de la educación técnica, desde la secundaria; la creación de consejos sectoriales que ayuden a cerrar la brecha de competencias entre lo que se enseña en las instituciones educativas y lo que efectivamente necesitan las empresas; entre otras. 

El plan no es perfecto, pero es un excelente comienzo y hay que apoyarlo. De hecho, es necesario acompañarlo con una reforma laboral significativa –como precisó el ministro Oliva–, en la cual ya se está trabajando.  

Por un lado, esta reforma debe permitir flexibilidad para disponer de trabajadores por parte de la empresa y, por otro, los debe proteger. En ese sentido, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) plantea dos medidas interesantes en el ámbito laboral: permitir que el Seguro Integral de Salud sea una opción para el trabajador formal, con el debido aporte de la empresa, y una contribución conjunta entre el empleado y el Estado para su fondo de pensiones.  

La última propuesta es una extensión del régimen MYPE implementado a partir del 2009 y que contribuyó a un incremento en la formalización en la pequeña empresa de casi 8 puntos porcentuales en 10 años. 

Finalmente, es imprescindible no solo mejorar la calidad de la educación en un sentido científico, sino también desde una perspectiva ética: los valores y la búsqueda del bien común juegan un rol importante en el desarrollo institucional de un país. Ahora nos toca a todos consensuar y trabajar de la mano con el objetivo de implementar lo más rápido posible estas medidas para que las metas mencionadas líneas arriba se hagan realidad.