"El retiro de las cuentas individuales significará cerca de S/. 50 mil millones (6% del PBI) que reducirá las tasas de reemplazo (la relación pensión sobre salario) en más de 20 puntos porcentuales", agrega Tuesta. (Foto: Andina)
"El retiro de las cuentas individuales significará cerca de S/. 50 mil millones (6% del PBI) que reducirá las tasas de reemplazo (la relación pensión sobre salario) en más de 20 puntos porcentuales", agrega Tuesta. (Foto: Andina)
David Tuesta

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La del Congreso de la República se viene implementando hace meses. La magnitud de los cambios realizados no nos deja duda. Las Leyes que han permitido el retiro de un porcentaje gigantesco de los fondos de AFP, así como la mal llamada devolución de aportes de la ONP, ha implicado un impacto dramático sobre el sistema de pensiones que ha elevado la vulnerabilidad de la población que irá pensionándose a futuro.

El retiro de las cuentas individuales significará cerca de S/. 50 mil millones (6% del PBI) que reducirá las tasas de reemplazo (la relación pensión sobre salario) en más de 20 puntos porcentuales, y eso sin contar con los casi 4 millones de cuentas que quedaron en cero. En otro tanto, la devolución de la ONP significará erogaciones de más del 2% del PBI para un alicaído fisco, disminuyendo al mismo tiempo la probabilidad de completar los requisitos para alcanzar una pensión mínima y sin acceso a servicios de salud.

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El objetivo de seguir “reformando” el sistema de pensiones por parte de nuestros legisladores no acaba ahí. Ya de una manera más orgánica, viene funcionando desde la segunda mitad del 2020 la Comisión Multipartidaria para la Reforma del Sistema de Pensiones que emitió hace algunos meses sus lineamientos de reforma, que da la pauta de lo que sería su Proyecto de Ley. Es difícil desligar, por más que se intente, el trabajo que vienen realizando los miembros de esta Comisión con las leyes sobre retiros y devoluciones de ONP y AFP, pues ellos responden a los mismos grupos políticos que las promovieron y aprobaron de manera mayoritaria. Un mensaje raro el que emite este Congreso: primero destruimos el sistema de pensiones fuera de la Comisión, pero ahora dentro de ella, queremos arreglarlo. No hay quién entienda ello. Sin embargo, intentaremos desmenuzar a continuación algunas de las propuestas clave que revisten mayor peligro para el país.

Una reforma que propone convertir parte de tu ahorro en un impuesto

Sí, aunque no lo dicen directamente, es lo que va a suceder con la creación del Fondo de Riesgo Compartido. Fíjese, hoy, el 10% de su aporte a la AFP va a su cuenta individual. Pero con este nuevo Fondo propuesto por la Comisión, la cosa cambiará pues ese 10% ya no será completamente suyo, sino que una parte del sueldo irá a una cuenta que serviría para subsidiar las pensiones de aquellos que no hayan ahorrado lo suficiente. Esto es un “impuesto” encubierto.

Si mira bien, usted dará parte de su sueldo para que sea repartido a los que no ahorraron lo suficiente. Esto es exactamente lo mismo que si le dijeran, por ejemplo, que ahora usted va a contribuir 8% a su cuenta individual y que adicionalmente pagará un impuesto de 2% que será utilizado para complementar las pensiones de los que no logren. ¿Se da cuenta usted del mecanismo pseudo tributario que le quieren imponer sin consultárselo? Es cierto que mecanismos similares funcionan en otros lugares, y aunque la literatura reconoce las distorsiones que trae, las mismas serían aún más evidentes y graves en países altamente informales como el Perú, hecho que al parecer no se ha valorado suficientemente. De hecho, el propio Ministro de Economía, Waldo Mendoza, en reciente presentación a esta Comisión mostró claramente sus dudas ante esta forma de querer crear solidaridad.

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Una reforma que promovería la informalidad

Los lineamientos de la reforma de pensiones del Congreso parecen no haber pensado en las consecuencias que su propuesta puede traer sobre los miles y millones de pequeñas empresas y trabajadores que están en la frontera entre ser formales e informales. Si este trabajador percibe -y lo hará sin duda- que el aporte al Fondo de Riesgo Compartido es un impuesto implícito, es bastante probable que se convierta en un incentivo para dejar de aportar al sistema. Ello lo será más aún si es este Fondo es utilizado para complementar las pensiones de aquellos que han aportado un número mínimo de años al sistema. Así, sabiendo el trabajador en este colectivo que no le tocará nada de ese Fondo al que aportó, preferirá pasarse a la informalidad.

Pero, otro incentivo más evidente para seguir incrementando la informalidad es el de hacer que las empresas aporten al nuevo fondo solidario, lo cual terminaría de incrementar los costes a la contratación formal, el cual es una de las principales causas de nuestra realidad informal. Los costos laborales hacen ya que la contratación formal pague un 70% adicional sobre el salario (el tercero más alto de Latinoamérica según el BID), mientras que a la inmensidad del segmento informal le costaría más del 100% de lo que ahora se paga. Es cierto que los esquemas de seguridad social consagrados en el mundo promueven que las cuotas sean financiadas de manera tripartita: empleado, empleador y trabajador. Pero esta recomendación general tiene una dura condicionante: la realidad del país. Y la del Perú es que contratar empleo formal es caro. Y en este punto, el ministro de Economía, otra vez le dijo a la Comisión que esta medida de reforma de pensiones puede tener grandes riesgos sino se estudia bien.

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Una propuesta que trae menos pensiones, menos crecimiento económico y regresividad

Otro aspecto grave de esta propuesta del Congresos de convertir el ahorro en impuesto es que se reducirá el impacto positivo sobre las pensiones, dado que se ahorrará en la estrategia de inversión del Fondo de Riesgo Compartido que será más conservadora, es decir, con menor rentabilidad. Esta distará de la estrategia de inversión de las AFPs basada en aproximarse a los esquemas de ciclo de vida, donde se invierte en activos de mayor rentabilidad (y volatilidad cuando el trabajador es joven) y activos más conservadores cuando el trabajador se va aproximando a la jubilación. En el caso del Fondo de Riesgo Compartido se invertirá conservadoramente pues su objetivo es empezar a pagar complementos de pensiones.

Y además, impidiéndose ahora que un porcentaje de los aportes entre al mecanismo de ahorro privado -con criterios de financiamiento diversificados- para pasarlo al Fondo de Riesgo Compartido, las pensiones crecerán menos. Pero no solo ello, también impactará a la inversión privada y con ello al crecimiento sostenible que necesita el país, y que el sistema de ahorro individual ha traído. Y no olvidar que la reducción de la pobreza depende en casi un 80% en el crecimiento sostenible.

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Otro aspecto que también habrá que tomar en cuenta, es que, si este mecanismo del Fondo de Riesgo Compartido pretende complementar las pensiones de los que no ahorraron lo suficiente, es muy probable que se tenga que colocar un tope de años mínimos de haber aportado para verse beneficiado del complemento pensionario, lo que haría mucho daño a los más vulnerables. En efecto, el nivel de informalidad en el Perú es tan alto, que este requisito probable de años de aporte para recibir complementos de pensión vía ese Fondo significaría que millones de peruanos habrán aportado un porcentaje de su sueldo sin recibir beneficio de este. ¡El dinero de los más vulnerables en el sistema se lo llevarán los que pueden trabajar formalmente más años! Teniendo en cuenta que la mayor parte de este colectivo vulnerable son mujeres, la medida sería ya no sólo regresiva, sino que podría no comulgar con un criterio de disminución de brecha de género. Así, la supuesta solidaridad de este esquema terminaría generando una situación donde los más pobres y vulnerables que aportan a las pensiones hayan sido expuesto a un impuesto, puro y duro, para financiar a los que si han podido trabajar más años.

El riesgo del estatismo

Y aquí nos encontramos con un tema que es una enorme incógnita, pero trae gran preocupación dado nuestro pasado estatista. La Comisión propone la creación de un Organismo Público de Pensiones, es decir una nueva burocracia, que tendrá a cargo gestionar el funcionamiento general del sistema. La primera preocupación que surgen de los escuetos lineamientos difundidos es la prioridad que le han dado a definir los puestos gerenciales de esta nueva empresa pública, con las consiguientes sospechas de quererse crear más sueldos dorados en el Estado.

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Pero sobre lo que realmente va a realizar este organismo estatal, y de cómo lo hará, sabemos poco. ¿De qué se hará cargo? De sus cortos lineamientos y de las declaraciones de los representantes de esta Comisión, se entiende que se encargará de fomentar la nueva competencia, de gestionar la afiliación, del pago de las pensiones, dar las pautas para la gestión financiera de los fondos de ahorro individual y compartido, entre otras funciones de las que pronto nos enteraremos. Es deseo de esta Comisión de Reforma que este cúmulo complejo de funciones sea realizado por el Estado peruano. La Comisión cree que es posible que el estatismo funcione porque hay un puñado excepcional de instituciones como el BCR y la SBS que lo hacen bien. Pero la incredulidad surge cuando se observa que el Índice de Efectividad del Gobierno que elabora el Banco Mundial ubica al Perú en el puesto 106 y el Barómetro de las Américas 2018-2019 muestra que el Perú es uno de los países con menores niveles de satisfacción con los servicios públicos en Latinoamérica. ¿Qué capacidades reales tiene el Estado para ofrecer buenos servicios?

¿A dónde vamos?

Es cierto que existe la necesidad de una reforma de pensiones. Es cierto que se han realizado varios intentos de reforma y han quedado en el papel. Ello, sin embargo, no justifica que se quiera “pasar a las armas” sin tomarse el tiempo suficiente de valorar los efectos no sólo en términos pensionarios sino en torno a las consecuencias económicas que se pueden generar de aplicar una reforma de tal magnitud a la velocidad del rayo.

Además, en campaña electoral con populismo efervescente, no parece ser el mejor momento para una reforma. Algunos dirán que hace tiempo que se está esperando por ese momento. Pero creo que hay que aplicar un poquito de sentido común; ese del cual habló el Ministro de Economía hace pocos días en la Comisión del Congreso. Creo que los congresistas deberían de ver ese video varias veces para entender lo que significa tener esa virtud.

(*) David Tuesta es Director de Pinbox Latin America y Profesor del Instituto de Empresas- IE University -Madrid. Es también Asesor en Políticas Públicas de la Asociación de AFPs.