Pedido de facultades: ‘shock’ de infraestructura básica tendría un impacto moderado

Esta semana el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, explicó que uno de los puntos centrales de la propuesta es agilizar la adquisición y disponibilidad de terrenos y liberación de interferencias. Esta consiste en “autorizar el pago de un 30% adicional sobre el valor de tasación en el caso de la entrega anticipada de un predio” cuando actualmente el pago es del 20%. Asimismo se dispone la optimización de procesos registrales para la liberación de los mismos.

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“Esta nueva propuesta de ley de predios es sobre la base de la experiencia. Esto es para que permita compensar a las familias por el valor valor económico, pero que también permita remover más rápidamente esas interferencias de forma que la construcción que genera más demanda de mano de obra y que genera más capacidades, pueda avanzar seguimiento de la inversión”, afirmó Contreras.

Otras medidas planteadas son la facilitación de la ejecución de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025, habilitar a gobiernos locales para que suscriban convenios con Proyectos Especiales de Inversión Pública, optimizar la evaluación de la capacidad presupuestal de las Asociaciones Público-Privadas, implementar actividades de operación y mantenimiento de infraestructura de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y permitir la ejecución de Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) con recursos del canon, sobrecanon y regalías mineras.

Positivo, pero mejorable

Según especialistas consultados, las medidas presentadas por el Ejecutivo son positivas y permitirán un mayor dinamismo para la ejecución de proyectos. Sin embargo, advirtieron que, de ser aprobadas, tienen que estar acompañadas de voluntad política para los sectores involucrados cumplan las metas.

“Son buenas medidas que atacarán los problemas de IOARR o en la posibilidad de permitir que los gobiernos regionales puedan contratar a través de otros mecanismos, pero el ‘core’ del problema es la implementación y aceleración de la ejecución de presupuestos y el tema de la toma de decisiones. Es un problema del sector que estas normas definitivamente no solucionan”, afirmó Ronald Fernández Dávila, socio del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.

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Juan Carlos Salinas, socio del estudio Muñiz, coincidió en este punto, pero agregó que una forma de solucionar las dificultades es que la aplicación de la normativa sea acompañada por funcionarios capaces de tomar decisiones.

“En el en el caso de los procesos prediales, la liberación de interferencias o las expropiaciones, ese proceso debe ser estructurado adecuadamente para que cuando llegues a la redacción del contrato tú como Estado no tengas ningún problema, que es lo que sucede actualmente. Esto ocurre porque el Estado no ha ejecutado bien sus obligaciones vinculadas a la entrega del áreas de la concesión, pero para esto se necesita un Estado capacitado para realizar la formulación del proyecto”, afirmó Salinas.

“El problema de la disponibilidad de terrenos es endémico, pero la norma es saludable, creo que es importante, pero debe estar asociada al tema de las capacidades del Estado, que tengas un Estado capacitado, que sepa elaborar y formular un proyecto”, agregó.

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Salinas señaló que la capacidad técnica del Ministerio de Economía y Finanzas asegura que las propuestas cumplen con estándares de calidad y que su aplicación será positiva para el sector. Fernández Dávila, por su parte, indicó que el Gobierno pudo agregar otros puntos que buscan solucionar problemas estructurales.

“Por ejemplo podría ayudar que se institucionalicen y utilicen contratos modelos o establecer un gerente de oficina de proyectos (PMO) en gobiernos regionales para que aseguren la ejecución de los proyectos”, dijo Fernández Dávila.