Beneficios tributarios a la Amazonía le costarán S/5.657 mlls. al Estado en 2018

(Por Daniel Macera y María Rosa Villalobos) Siete años después de la entrada en vigencia de la exoneración del pago del IGV en la Amazonía, el departamento de San Martín optó por un cambio significativo: eliminó el beneficio tributario (que, en teoría reducía el precio de algunos productos) y creó un fideicomiso destinado exclusivamente a proyectos de desarrollo de infraestructura para la zona. Desde el 2006, un año después del cambio, se han financiado alrededor de S/700 millones para unas 100 obras de primera necesidad (agua, desagüe, luz, infraestructura vial, entre otros), según la Sunat.

En este contexto, mientras que el PBI de las regiones que se quedaron en el régimen de exoneración –Ucayali, Amazonas, Loreto y Madre de Dios– promedian un crecimiento aproximado de 4,05% (entre 2007 y 2016), San Martín ha venido creciendo a un ritmo de 5,6%. 

Teniendo en cuenta este panorama, a la fecha no existe información oficial sobre los efectos reales de las exoneraciones tributarias. De acuerdo con la Sunat, las exoneraciones y otros beneficios tributarios (devoluciones, inafectaciones, entre otros), sumaron en los últimos 10 años S/119 mil millones que el Estado dejó de recaudar. De hecho, solo este año, se estima que los gastos tributarios sumarían S/16.498 millones.

“No existe mucha evidencia respecto al efecto de las exoneraciones en el crecimiento de la economía, pero la poca que existe apunta a un efecto nulo o en muchos casos negativo”, apunta Víctor Fuentes, economista regional del Instituto Peruano de Economía (IPE).

EXONERACIONES AMAZÓNICAS

La razón de ser de este tipo de gasto tributario es beneficiar a ciertos grupos de consumidores o incentivar ciertas actividades para generar un mayor crecimiento económico. En el caso de la Amazonía, por ejemplo, eliminar el IGV en la compra de materia prima para un determinado producto debería reducir el costo final para el consumidor (ya que la empresa gasta menos en la producción e, incluso, este tampoco verá incorporado el impuesto al momento de la compra). De esta manera, el objetivo de la ley es incentivar el consumo y las inversiones. 

Generar estos incentivos, específicamente en el caso de las exoneraciones, le cuesta anualmente al Estado alrededor de 1,07% del PBI (S/8.034 millones) y más de la mitad de este porcentaje (0,75%) se concentra en la Amazonía peruana. 

Y aunque esto debería reflejarse en precios bajos, Loreto, por ejemplo, está lejos de ser el departamento más barato del Perú. De acuerdo con una rápida comparación de precios entre un mercado en Iquitos y un supermercado ubicado en el Cercado de Lima, este Diario constató que, en promedio, las frutas, el arroz y el aceite en la mencionada provincia son más caros que en Lima Metropolitana [ver infografía].

El caso loretano, sin embargo, es particular. Durante el auge del caucho y hasta en los años ochenta este departamento contaba con un buen canon petrolero. Sin embargo, con el pasar del tiempo y la caída del crudo, hoy es una de las provincias que presenta una mayor cantidad de carencias. 

“Antes exportabas petróleo e importabas el resto de productos. Cuando dejas de exportar –como Loreto– te conviertes en una región muy cara porque todo se importa y no tienes los ingresos”, explica Alfredo Thorne, socio principal de Thorne and Associates y ex ministro de Economía. 

Por otro lado, tanto el IPE como la Sunat coinciden en que no existe evidencia de que el beneficio dado a los comerciantes se traduzca en menores precios en Loreto. Además, ambas instituciones consideran que la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y del IGV a los combustibles en la selva corre el riesgo de proveer de insumos baratos al narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilegales.

¿ELIMINACIÓN?

Si bien existen varios proyectos de ley en el Congreso que buscan modificar los beneficios tributarios en la Amazonía, el presidente de la Cámara de Comercio de Loreto, Sergio Barcia, advirtió en abril a este Diario que eliminar las exoneraciones y otras herramientas, como el reintegro de impuestos, sería “destrozar la economía loretana”. Según sus proyecciones, los reintegros y exoneraciones evitan que los consumidores loretanos tengan que pagar hasta 40% más por los bienes de consumo masivo. 

“Tenemos pocas políticas públicas que apuntan a esta zona del país. Si tuviésemos la industria forestal que tiene Chile hoy [...] probablemente Iquitos y Ucayali realizarían grandes contribuciones al PBI. Habría que tomarse en serio la biodiversidad y el desarrollo del turismo”, explicó Thorne. 

Sumado a esto, la ejecución de los gobiernos amazónicos tampoco aparenta contribuir a su desarrollo. En lo que va del año, las cuatro regiones comprendidas en la ley de exoneraciones (Amazonas, Ucayali, Madre de Dios y Loreto) solo han destinado en promedio 36,8% de su ejecución total de su presupuesto a obras públicas. La mayor cantidad de ejecución está destinada a gasto corriente.

“Cambiar las exoneraciones por una alternativa en la que se hagan transferencias directas, como en San Martín, se sujeta a grandes riesgos, como la calidad de la ejecución”, comenta Fuentes. 

Así, no contando con evidencia oficial sobre el verdadero efecto de las exoneraciones tributarias en la Amazonía, llama la atención el escaso interés estatal para evaluar los resultados de una medida tomada hace 20 años que, en el mejor de los casos, solo alcanza a raspar la neutralidad.