La Cámara de Comercio de Lima (CCL) emitió un comunicado en el que defiende la institución del arbitraje como medio de solución de conflictos reconocido y amparado por la Constitución, y pidió a las autoridades asegurar el estricto cumplimiento de las decisiones emitidas por un tribunal arbitral al cual se han sometido las partes.
“Contravenir o desconocer las decisiones arbitrales atenta contra las bases mismas del Estado de Derecho, contra los tratados de protección de las inversiones y contra el desarrollo económico del país. Asimismo, viola el ordenamiento jurídico nacional y deteriora notablemente la imagen del Perú como un país civilizado y respetable, con grave daño a la necesaria confianza y afluencia de las inversiones y al desarrollo del comercio internacional”, dijo la CCL a través de su Centro Nacional e Internacional de Arbitraje.
Actualmente existe un proceso arbitral en el que se encuentran la empresa Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por la decisión de esta última de declarar la caducidad del contrato de concesión del Proyecto Vías Nuevas de Lima.
El Tribunal Arbitral Internacional ordenó a la MML, mediante una medida cautelar, suspender dicha acción unilateral, hasta que se emita el laudo final sobre el fondo de la controversia.
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Pese a ello, la comuna limeña aprobó la terminación del contrato de concesión suscrito entre la MML y Rutas de Lima.
A través de Twitter, la MML indicó que este acuerdo resultaba “lesivo” y vulneraba los “derechos de los ciudadanos” al no representar el compromiso que tienen con la población.
“¡Peajes libres de corrupción! En nuestro compromiso con la población, el alcalde @rlopezaliaga junto al Defensor del Pueblo y otros actores políticos, aprobaron la terminación del contrato Rutas de Lima S.A.C, por ser lesivo y vulnerar los derechos de los ciudadanos”, decía el post.
El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por su parte exhortó a Rutas de Lima a devolver “los peajes de la capital”. Asimismo, reveló que la comuna implementará un proceso legal para llegar a cabo la entrega.
“El arbitraje cuenta con todas las garantías del debido proceso, y sus decisiones son vinculantes y obligatorias para las partes, en su calidad de cosa juzgada (..) De considerar una parte, o una autoridad, que la decisión emitida por la instancia arbitral debe ser revisada, corresponde seguir la vía aplicable para ese fin”, enfatizó la CCL.
“En cambio, el uso de la vía penal para obstaculizar el ejercicio de la función arbitral, y afectar con ello la independencia de los árbitros, es una fórmula inaceptable que constituye un claro agravio a la jurisdicción arbitral y al Estado de Derecho”, agregó.
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