En febrero, Jorge Vásquez (80 años) le pidió ayuda a su nieto para agendar por teléfono una cita de revisión médica en el Hospital II Vitarte, pues lleva un marcapaso en el corazón y demanda revisiones periódicas. Por teléfono, la operadora le dijo que no había cita disponible de momento y que llame la próxima semana. Su nieto le preguntó a Jorge por qué no veía otras opciones.
“Las consultas no me atienden en el Seguro Integral de Salud (SIS) porque no estoy asegurado allí, sino en el Seguro Social de Salud (Essalud)”, le respondió.
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El problema de la fragmentación de las unidades que brindan el servicio de salud ha estado allí desde hace años, pero con la llegada de la pandemia esta realidad se ha puesto en evidencia, coinciden expertos en la materia. Por ello, el Gobierno tuvo que actuar al respecto.
En abril, el Ejecutivo publicó -vía decreto legislativo 1466- el marco normativo de la implementación del intercambio prestacional en salud a fin de optimizar los procesos y acciones de articulación, complementariedad y subsidiariedad entre el sector público y privado.
“[Se busca que los peruanos] tengan acceso a servicios de salud integrales, adecuados, oportunos, utilizando en forma eficiente la oferta pública, privada o mixta disponible a nivel nacional para la atención de pacientes contagiados o con riesgo de contagio por COVID-19”, se lee en la norma.
A partir de esta fue que se firmó, por ejemplo, el convenio entre el Seguro Integral de Salud (SIS) y la Asociación de Clínicas Particulares (ACP) que se enfoca solo en la atención de pacientes con COVID-19.
LOS RETOS
Pablo Lavado, exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, explicó que el reto principal para concretar un intercambio prestacional radica en que los diferentes aseguradores y prestadores del servicio de salud no logran acordar un tarifario.
“El problema de siempre es que el Ministerio de Salud, Seguro Social de Salud (Essalud) y las clínicas no han podido llegar a un tarifario acordado. Es un tema que puede resolverse tan rápidamente, pero que necesita de voluntad”, refirió.
Abel Salinas, exministro de Salud, detalló que esto se debe a que cada unidad dentro del sistema responde a sus propios lineamientos y, por ende, tienen estructuras de costos diferentes.
“Tenemos un sistema que funciona desarticulado. Cada uno con sus propios lineamientos. Además, esta fragmentación origina que se brinde una atención inequitativa. Hace décadas se quiere hacer, pero se dejan pendientes cuentas por pagar, se generan deudas y no es sostenible”, remarcó.
Estas diferencias, por ejemplo, pueden observarse en los precios de los medicamentos que se ofertan, incluso, dentro del mismo sector público. El Comercio pudo identificar que la diferencia entre los precios mínimos y máximos de los fármacos incluidos en el listado de bienes esenciales -de acuerdo con la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid)- es abismal.
COMPLEMENTOS
Pero concretar el intercambio prestacional depende también de otros factores que a su vez se complementan. Salinas indicó, en primer lugar, que las experiencias previas de los intentos de intercambio prestacional resaltan la importancia de tener los aspectos normativos “lo suficientemente claros” para que así los privados cumplan a cabalidad el servicio y el ámbito público cumpla los pagos respectivos.
Lavado añadió que esta tarea también demanda realizar trabajos sobre el Plan Esencial de Aseguramiento de Salud (PEAS). En este aspecto lo que corresponde es actualizarlo con las nuevas demandas epidemiológicas, costear su precio en cada centro de salud (que será incluido en el tarifario) y asegurarse de que existan las condiciones para que se brinde.
Esto, además, obliga al Estado a renovar el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (Pnume), que va de la mano con el PEAS, dijo Lavado. Así, se podrá realizar una programación del uso de estos insumos.
Así también se debe mejorar la cadena logística para abastecer los medicamentos. Por ello, el tercer factor apunta a optimizar al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).
Hasta hace unos meses, este se encargaba solo de adquirir los recursos para las unidades a cargo del Ministerio de Salud (Minsa). Pero con la norma que obliga a todas las boticas y farmacias a contar con medicamentos genéricos se dispuso que Cenares también asuma las compras de los gobiernos regionales al convertirse en un nuevo "operador logístico".
En esta línea, Lavado indicó que Essalud debe unir esfuerzos con esta unidad del Minsa, pues es relevante que el Estado tenga una central única de compras -toda vez que sea eficiente- para así aprovechar las economías de escala.
Salinas mencionó también la importancia de revisar las acciones realizadas dentro de la ley marco de aseguramiento universal, creado en el 2009 y que contempla tres regímenes de asegurados (contributivo, subsidiado y semicontributivo), pues esta ha sido distorsionada con el paso de los años.
“Esta ley se creó con la idea de ser un tránsito a la formalidad. Pero se ha distorsionado mucho desde el 2011 porque se ha incrementado los afiliados al SIS, que hoy asciende a 17 millones y donde deberían estar solo las personas por debajo de la línea de pobreza (régimen subsidiado). El Gobierno no debería exhibir los incrementos de los afiliados al SIS, sino a Essalud porque significa que estás formalizando, que estás haciendo un trabajo”, puntualizó.
A su turno, Sebastián Céspedes, vocero de la ACP, indicó que desde el sector privado “vienen participando desde hace muchos años” para concretar la figura del intercambio prestacional, para el cual han “mostrado su disposición”. Así, dijo que el convenio firmado con el SIS marca “sin duda un episodio dentro de la evolución de la salud peruana”.
“El mecanismo ya se generó. La forma en que debe fluir ya tiene una experiencia real. Ahora, toca ver qué pasará con los otros casos de urgencia, que no tienen este respaldo contractual, pero que con este convenio tienen un inicio. Se deben tener normas, acuerdos y herramientas de gestión”, agregó.
En este contexto, Céspedes acotó que el reto de inmediato que observa es que Essalud quiera "hacer estos mismos contratos, sumarse a esta convocatoria".
EL PLUS DE LA EFICIENCIA
Lavado indicó que un acuerdo de tarifas permitirá que el Minsa y Essalud tengan espacios para mejorar la calidad de sus servicios y, por ende, la percepción de eficiencias sobre ellos.
Algunas oportunidades de mejora que observa Lavado en estos centros de salud son los excesivos gastos administrativos, el espacio para optimizar las políticas de recursos humanos y priorizar los trabajos preventivos de primer nivel.
“El presupuesto de salud ha ido creciendo el tiempo, pero lo que no lo ha acompañado es una mejora de la eficiencia”, subrayó.
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