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Wilson Soto Palacios, congresista de la bancada de Acción Popular, ha sido elegido presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso (Codeco) para el periodo 2023-2024. Dicho grupo de trabajo, según una revisión elaborada por este Diario, cuenta hoy con 27 dictámenes entre listos para ser aprobados y en fila para su discusión en el pleno. De dicho total, el 63% presentan fórmulas que recibieron opiniones desfavorables de organismos técnicos. Además, en otro 33% de los dictámenes se recomienda el archivo de las iniciativas.
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Uno de esos dictámanes, por ejemplo, dispone incorporar progresivamente a organismos reguladores como Osinergmin, Osiptel y Sunass a la plataforma Mejor Atención al Ciudadano (MAC). Asimismo, declara de interés nacional la creación de la ventanilla única del consumidor y usuario. Dicho dictamen recoge observaciones de 5 instituciones técnicas. Pese a ello, la fórmula se aprobó y fue observada por el Poder Ejecutivo “por falta de justificación de la necesidad de las propuestas” y de un debido análisis costo-beneficio. Aun así, Codeco ha propuesto insistir con su fórmula y está en la agenda del Pleno.
“En el Dictamen que sustenta la Autógrafa de Ley no se evidencia el análisis que justifique la necesidad de incorporar expresamente a los Organismos Reguladores a la Plataforma ‘Mejor Atención al Ciudadano’ (MAC) a través de una iniciativa legislativa del Congreso de la República. Teniendo en cuenta que la Presidencia del Consejo de Ministros es quien conduce y administra a nivel nacional dicha Plataforma en todos sus canales de atención”, se lee en la observación del Ejecutivo.
Mesa directiva de la comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. De izquierda a derecha, Adriana Tudela (secretaria), Wilson Soto (presidente) y Rosángela Barbarán (videpresidenta). (Foto: Congreso)
/ Cesar Cox BeuzevilleUn segundo dictamen que se busca aprobar por insistencia y que está listo para debatir en el Pleno es uno que propone ampliar la prohibición de las comunicaciones y llamadas ‘spam’. La fórmula se aprobó y fue observada por el Ejecutivo por “falta de un test de proporcionalidad pese a afectar derechos fundamentales” y “afectación al principio de coherencia normativa”.
La medida busca prohibir las llamadas entre las 20:00 horas y las 7:00 horas y tampoco los días sábado, domingos y feriados salvo consentimiento del usuario.
Al aplicar el test de proporcionalidad, el Ejecutivo determinó que la propuesta “podría resultar limitativa en el marco de las libertades económicas reconocidas constitucionalmente en los artículos 58 en adelante de la Carta Magna, en virtud a las cuales los proveedores de bienes y servicios pueden realizar sus actividades económicas de manera libre”. Es decir, si bien se protege al usuario, se está yendo en contra de actividad privada.
Tal como ha comentado con anterioridad a este Diario la Asociación Peruana de Experiencia al Cliente (Apexo) -que concentra cerca de 25 empresas del rubro- la medida puede generar una pérdida de 20.000 puestos de los 70.000 empleos que hay en el sector de centros de contacto.
El dato
Wilson Soto incluido en la investigación por el caso Los Niños
En marzo del 2023, el parlamentario fue incluido en el caso Los Niños. En el caso, la Fiscalía considera que los implicados habrían respaldado la gestión de Pedro Castillo a cambio de favores en instituciones públicas y ministerios. "Estoy tranquilo con mi conciencia", dijo en aquella oportunidad.
Dictámenes observados o con opiniones negativas en la comisión de Defensa del Consumidor
| Dictamen | Iniciativas acumuladas | Observación |
|---|---|---|
| Creación de la ventanilla del consumidor y usuario | 1 proyecto | En el dictamen se recogieron observaciones de 5 instituciones técnicas. Pese a ello, la fórmula se aprobó y fue observada por el Poder Ejecutivo “por falta de justificación de la necesidad de las propuestas” y de un debido análisis costo-beneficio. Aun así, Codeco ha propuesto insistir con su fórmula. |
| Ampliación de la prohibición de las comunicaciones SPAM | 3 proyectos | En el dictamen se recogieron opiniones de 5 instituciones técnicas indicando que no era viable. Pese a ello, la fórmula se aprobó y fue observada por el Poder Ejecutivo por “falta de un test de proporcionalidad pese a afectar derechos fundamentales” y por generar una “afectación al principio de coherencia normativa”. Aun así, Codeco ha propuesto insistir con su fórmula. |
| Eliminación de comisión bancaria | 1 proyecto | La SBS emitió una opinión desfavorable dado que “eliminar el cobro de esta comisión podría afectar la cadena de pagos electrómicos promoviendo un mayor uso de efectivo, con las ineficiencias y riesgos asociados a ello”. |
| Modificaciones a la denominada norma de “usura” bancaria | Acumula 2 proyectos | El BCR indicó que la regulación vigente ya contempla mecanismos para impedir el cobro de comisiones que no cuenten con una justificación técnica. La SBS y ASBANC también se mostraron en desacuerdo con la fórmula. |
| Regulación de venta de entradas a eventos masivos | 1 proyecto | La Cámara de Comercio de Lima advierte que las imposiciones planteadas limitan el libre ejercicio de las actividades masivas al exigir requisitos y condiciones que son sumamente restrictivas, difíciles de cumplir en la práctica y en muchos casos económicamente inviables. |
| Prohibición a los establecimientos comerciales para la venta de bolsas con logotipo y el nombre de sus marcas | 1 proyecto | La comisión de Defensa del Consumidor del Congreso recomienda el archivo porque “no se evidencia cuál sería el efecto de la prohibición de la venta de bolsas biodegradables y reutilizables con logotipos y nombres de sus marcas”. Sin embargo, existe el riesgo de que la iniciativa pueda ser revivida en este nuevo periodo. |
| Creación de una ventanilla única de recaudación de derechos de autor y derechos conexos relacionados con obras musicales | 1 proyecto | Recibió 6 observaciones de entidades técnicas. La Unión Peruana de Productores Fonográficos (Unimpro) advirtió que este proyecto “ha copiado casi íntegramente el proyecto de ley Nº 7412-2020-CR presentado por la congresista Robertina Santillana” en el periodo 2020-2021, lo que “podría constituir un plagio”. |
Al tratarse de una comisión que tiene en su función discutir y elaborar temas que tienen un impacto sobre el consumidor, el riesgo de populismo es alto. A decir de Pierino Stucchi, socio de Stucchi Abogados, ese riesgo crece si la comisión está integrada por congresistas que no cuentan con experiencia en la materia.
“Los miembros de una comisión como la de Codeco tienen seguramente buenas intenciones, pero no cuentan necesariamente con la formación adecuada para poder presentar iniciativas legislativas. Las mismas que son poco estudiadas y que no se generan por un análisis técnico previo. Las propuestas evidencian que surgen de buenas ideas, pero el efecto es contraproducente”
Pierino Stucchi, socio de Stucchi abogados.
Otro punto clave en esta comisión, en opinión de Stucchi, es la mala lectura sobre cómo actuar frente a temas vinculados al consumidor: “La solución de lo que afecta al consumidor no es sobrerregular la actividad de las instituciones, sino estimular la competencia para que el consumidor tenga más alternativas”.
El especialista también cuestionó que los congresistas persistan en sus intenciones pese a las observaciones previstas por las entidades técnicas. “Pedir opinión técnica a entidades como la SBS, Indecopi o el Banco Central de Reserva se asume como un ritual. Pese a lo que digan, persisten en su intención. Falta reflexión, capacidad de escucha y de análisis en algunos congresistas. Ahí hay dos soluciones: deben ser formados céleremente en elementos de calidad regulatoria así como su equipo técnico”, agregó.
Temas económicos en Defensa del Consumidor
En los últimos años, la comisión de Defensa del Consumidor ha sido también un grupo de trabajo para viabilizar iniciativas que han tenido un impacto económico y que inclusive fueron inhibidas de la comisión de Economía. Es el caso de la Ley 31143 promulgada en el 2021, que fijó topes a las tasas de interés en el sistema financiero. Dicha iniciativa fue dictaminada por la Comisión de Defensa del Consumidor y exonerada de dictamen por parte de la Comisión de Economía.
Dicha ley, según cifras del Banco Central, ha significado la exclusión del sistema financiero del 25% de los créditos de consumo y de mype. En consecuencia, dicha demanda de créditos se ha trasladado a la informalidad. Según estudios del IPE, el 79% de las personas que adquieren créditos informales pagan tasas de interés que en junio de este año, eran superiores al tope de 87% fijado por el BCR.
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El dato
Nueva correlación de fuerzas
A diferencia del periodo pasado, en la comisión de Defensa del Consumidor cambiará la correlación de fuerzas. Antes habían dos parlamentarios de centro populista (Digna Calle y Elías Varas Melendez) y una de derecha (Adriana Tudela). En este nuevo periodo, dos congresistas son del bloque parlamentario de derecha: Adriana Tudela y Rosángela Barbarán.
Vale decir que el flamante presidente de la comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto, tiene un único proyecto presentado en el rubro y también un dictamen listo para ser incluido en agenda: la eliminación de la comisión interplaza en el sistema bancario.
La SBS emitió una opinión desfavorable dado que “eliminar el cobro de esta comisión podría afectar la cadena de pagos electrónicos, promoviendo un mayor uso de efectivo con las ineficiencias y riesgos asociados a ello”.
Para Enrique Castellanos, docente de la Universidad del Pacífico, el cobro de una comisión por un servicio brindado por una institución financiera no debe ser considerado un abuso. “Simplemente existen otras instituciones en el mercado al cual trasladarse. Ahí radica el factor de competencia. Y no solo son bancos, hay otras instituciones financieras”, comentó.
Castellanos también se refirió a un dictamen que tiene esta comisión y que plantea la libre desafiliación del Sistema Privado de Pensiones. “Es claro que las personas deben ahorrar para su vejez. No ahorrar es pasarle el costo de mi vejez a la siguiente generación. Aquí se evidencia un populismo incluso mal enfocado: los afiliados a la AFP son un 20% en el país y la gran mayoría ya gastó ese fondo”, explicó.
Para Castellanos, resulta relevante estar atentos a las decisiones del Congreso y, en especial, a las de esta comisión.
“Los móviles que tienen son políticos y no necesariamente están alineados con el bienestar económico de la población. La forma en que ven las cosas es distinta a la que deberían verse. Las decisiones a nivel de comisiones casi nunca están alineadas con la eficiencia económica que deberíamos buscar”
Enrique Castellanos, docente de la Universidad del Pacífico
Primera sesión
Tras ser elegido como presidente de la comisión de Defensa del Consumidor, el congresista Soto Palacios sostuvo que su gestión priorizará el bienestar de los consumidores y usuarios.
“Seremos defensores de quienes generan la demanda, es decir, los consumidores sin afectar a quienes generan la oferta, vale decir a los productores. Fiscalizaremos responsablemente a los organismos reguladores”, indicó.
Planteó trabajar con todos los estamentos y sectores involucrados en la defensa de los consumidores y usuarios, como Indecopi, salud, organismos reguladores de los servicios públicos, y sectores bancarios, financieros y de vivienda, entre otros. El parlamentario también hizo hincapié en la necesidad de evaluar las nuevas formas de consumo que han surgido con los avances tecnológicos.
EL DATO
Rosangella Barbarán, congresista de Fuerza Popular y expresidenta de la comisión de Economía; y Adriana Tudela Gutiérrez, congresista de Avanza País, fueron designadas como vicepresidenta y secretaria, respectivamente. Se aprobó que la sesiones de este grupo de trabajo se desarrollen los lunes a partir de las 11 de la mañana.
