Economía de las regiones bajo la lupa, por Luis Miguel Castilla

La reactivación económica y la generación de empleo son las prioridades que el Gobierno debería atender para el 57% de los peruanos (Ipsos, octubre 2021). Lo mismo se evidencia para todas las regiones del país, con matices entre Lima y el interior (66% y 53%, respectivamente). Las percepciones ciudadanas guardan relación con lo que las estadísticas oficiales revelan: la recuperación económica es desigual entre las regiones y la mayor precariedad laboral será un lastre que el país arrastrará en los próximos años. Con miras a los comicios regionales y locales que se desarrollarán en 12 meses, el bienestar material que perciba la población será un determinante crucial para establecer las preferenciales electorales ahora que las promesas de cambio disruptivo son cada vez menos aceptadas por la ciudadanía, tal cual lo demuestran las últimas encuestas.

Desde que se declaró el estado de emergencia en marzo del 2020 hasta el primer semestre del año en curso, la actividad económica a escala nacional ha prácticamente recuperado su nivel prepandémico. Sin embargo, el 50% de las regiones aún registra niveles de PBI por debajo de la situación previa a la pandemia, y se observan brechas económicas mayores en regiones como Madre de Dios, Cusco, Arequipa y Loreto. En contraste, regiones mineras, como Moguegua, Áncash y Tacna, se han recuperado más rápidamente.

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El mercado laboral se mantiene rezagado y le tomará tiempo recuperar los niveles registrados antes de la pandemia. La recesión económica causó un incremento en la tasa de desempleo, al alcanzar el valor de 10,8% en el 2020, el mayor en las últimas dos décadas. En el ámbito regional, la tasa de desempleo superó el promedio nacional en cinco regiones (Arequipa, Lima, Tumbes, La Libertad y Moquegua). En tanto, la tasa de informalidad supera el 50% en todas las regiones. Es así como los elevados niveles de desempleo e informalidad muestran que la precarización del trabajo se mantiene con una contracción esperada del empleo formal.

A lo anterior se suma la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos laborales por el repunte inflacionario con una afectación más pronunciada en el interior. De hecho, 20 de 25 regiones poseen una tasa de inflación interanual superior al promedio nacional (5,4%) a setiembre. Mejoras en la conectividad regional, la logística comercial y los canales de distribución ayudarían a amainar estas presiones.

En este contexto, vale preguntarse qué puede estar explicando estas diferencias entre las regiones. Una primera aproximación se obtiene a partir de la estructura productiva regional. Analizando la relación entre la tasa de crecimiento económico por actividad económica, se observa que la actividad minera es uno de los principales predictores de la actividad económica, en comparación con otros sectores como el comercio y los servicios. Esto confirma que la minería genera efectos positivos en el desarrollo regional a través de encadenamientos con proveedores e impacta indirectamente sobre sectores asociados a la demanda interna.

Una segunda dimensión que explica la heterogeneidad en el crecimiento regional es el grado de inclusión financiera. Existe amplia evidencia empírica que señala que el desarrollo financiero y la productividad van de la mano. Esto se confirma en Lima (49,5%), Arequipa (42,1%), Tacna (41,2%), Ica (39,1%) y Piura (38,1%), que son las regiones que presentan los mayores niveles de inclusión financiera, por encima del promedio nacional (34,5%). De hecho, el crecimiento de la inclusión financiera (medida por la proporción de deudores en la población) está altamente correlacionado con el nivel de actividad económica.

Por último, y en contra de lo esperado, la inversión pública tiene un escaso impacto sobre la actividad económica a escala regional. Tomando información de los últimos cuatro años, encontramos que las mayores tasas de crecimiento regional no están correlacionadas con la ejecución y el crecimiento de la inversión pública a escala regional. Esto estaría explicado por los ya conocidos problemas de gestión pública, a saber, la alta rotación de autoridades, la falta de capacidades, los deficientes expedientes técnicos, la elevada atomización de los proyectos de inversión y la corrupción. Esta situación ha conducido a la acumulación de un enorme número de obras paralizadas que, según la Contraloría General de la República, alcanzan 3.300 obras por más de S/18.400 millones, de las cuales 40% está bajo la competencia de las autoridades regionales y locales.

Estamos, pues, ante una desafiante realidad en la que los promedios nacionales esconden una significativa heterogeneidad regional que no siempre recibe suficiente análisis. En este sentido, la segunda fase de Propuestas del Bicentenario se enfocará en hacer un seguimiento de indicadores productivos, sectoriales y de gestión pública para asegurar mejoras reales en el bienestar de la población, con un foco puesto en la realidad de las regiones del país y planteará alternativas de solución a su problemática. Esto se hará de la mano de los propios actores regionales. En la actual coyuntura, esta tarea se torna impostergable para construir un país más cohesionado y estable, y dejando menos espacio para la diatriba y la confrontación.

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