El Ejecutivo observó la autógrafa de la Ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial.
Mediante un oficio remitido a la presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, el presidente Francisco Sagasti y la primera ministra Violeta Bermúdez argumentaron que la norma es inviable pues el criterio para calcular los umbrales no es el adecuado.
El Gobierno consideró que incluir al valor de los activos como variable para el cálculo de los umbrales incrementaría potencialmente el número de fusiones y no serviría mucho como control.
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“[Incluir al valor de activos] podría generar un incremento innecesario y no sustentado técnicamente del universo posible de operaciones sujetas a control previo de concentraciones empresariales”, señaló en el oficio.
El objetivo de la norma busca establecer un control para concentraciones empresariales, y el valor de los activos no constituye una medida de participación en el mercado.
“No todos los activos son productivos, y cuando lo son, presentan distinto potencial entre los diversos tipos de activos para generar ingresos a la empresa”, explicó el Ejecutivo.
Además, la inclusión de esta variable le generaría una “carga procesal innecesaria para el Indecopi que saturará la capacidad operativa de la autoridad de investigación”. En opinión del Gobierno, la autoridad en materia de consumo no debería dedicar esfuerzos a evaluar fusiones que no son relevantes para el bienestar del consumidor.
En la misma línea, la autógrafa de la ley faculta a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CDLC) del lndecopi a actuar de oficio cuando considere que alguna fusión o adquisición pueda generar posición de dominio en el mercado. También se prevé la posibilidad de notificaciones voluntarias a la CDCL de operaciones de concentración que se encuentren por debajo del umbral.
“Esta medida no solo introduce ineficiencias en el régimen de control de fusiones sino también es incompatible con la buena práctica internacional en la materia”, anotó.
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