Epaprode era el nombre de la empresa estatal que estuvo a cargo de crear los pronósticos deportivos para el Perú en 1974. Fue creada por el gobierno de Velasco porque el Sistema Nacional de Recreación Educación necesitaba financiamiento. Siete años después, marcaría el camino que siguieron en la década siguiente otras 150 compañías públicas, al culminar en una situación de no operatividad o liquidación. A fin de siglo, todas ya habían sido eliminadas.
La mención de la empresa pronosticadora entra en coyuntura luego de las declaraciones dadas por el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, quien se aventuró a afirmar esta semana que no se le debe tener miedo al “Estado empresario” (es decir, a que el sector público entre a competir en el mercado privado). “¿Por qué no tener nuestra línea aérea propia?”, preguntó.
►CCL rechaza declaraciones de Zeballos y afirma que "no favorecen clima de inversiones"
►¿Qué implica que el Estado empiece a competir en el mundo de las aerolíneas?
Tras cuatro días de recibir críticas, incluidas las del presidente Martín Vizcarra, el mismo ministro hizo la siguiente reflexión ante este Diario: “Quizás no me di tiempo a separar conceptos y roles”.
Y es que ni histórica ni recientemente las compañías del Estado han logrado tener un manejo estable de sus finanzas.
Por ejemplo, tomando los datos de las seis entidades públicas que peores resultados financieros tuvieron desde que empezó este gobierno (2016), las pérdidas suman S/1.276,6 millones (ver infografía). Esto es más que todo el presupuesto asignado para este año para el Ministerio del Ambiente, el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia.
“Los funcionarios de una empresa pública no tienen tantos incentivos para ser eficientes como una privada. Son menos ágiles, tienen menor capacidad para contratar y menor capacidad de gasto”, explica José Luis Bonifaz, director de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.
LAS RENTABLES
La figura no cambia radicalmente si se analiza la rentabilidad o la gestión de las empresas públicas que no tienen cifras en rojo.
Para esta sección, por ejemplo, existen compañías como Esvicsac (de seguridad), con una rentabilidad de 0,05% obtenida durante el 2018; o Sima Iquitos (mantenimiento naval) con 1,3%.
Y para el caso de empresas como Sedapal o Petro-Perú, que tienen una rentabilidad de 17% y 2,42%, respectivamente, se debe considerar que no necesariamente tener las cifras en azul implica una buena gestión, indica Enzo Defilippi, ex viceministro de Economía y docente de la Universidad del Pacífico.
“(Sedapal) no está en pérdida porque es un monopolio. Habría que comprobar si está en azul porque no invierte lo que tiene que invertir. Toma en cuenta, además, la cantidad de agua que pierde por filtraciones (25,6%) y el evento de San Juan de Lurigancho”, sostiene.
En tanto, Petro-Perú aún sigue cambiando el costo para modernizar la Refinería de Talara. En el 2013, se estimaban US$1.335 millones, pero luego de algunos años el cálculo había crecido hasta US$6.000 millones.
La semana pasada, se hizo oficial la cifra de US$4.692 millones, casi US$400 millones más de lo que la misma empresa había anunciado hace unos meses. Lo único fijo, a la fecha, es que la obra tendrá un retraso de al menos un año respecto a lo planeado.
“Las empresas estatales nunca quiebran porque el Estado no deja que quiebre. Si eres un privado, sabes que vas a quebrar si no vendes, esa disciplina no existe en el otro lado. Saben que siempre les van a inyectar dinero”, opina Flavio Ausejo, director adjunto de la Escuela de Gobierno de la PUCP.
CUESTIÓN DE NECESIDAD
La prohibición del Estado para intervenir en actividades o mercados en que ya existe la presencia productiva del sector privado se engloba en el “rol subsidiario del Estado”. El objetivo es brindar servicios como telefonía, transporte o seguridad, entre otros, allí donde no llegan las empresas privadas.
“Si el Estado deja de hacer esto, el sector privado no es que vaya a llegar ni siquiera en el mediano plazo. Hay zonas grises que podrían justificar la intervención pública, pero eso no quiere decir necesariamente a través de una empresa”, explica Defilippi.
En este contexto, una compañía estatal solo debería existir legalmente ahí donde el sector privado no ve conveniente ingresar, situación que no se aplica, por ejemplo, al mercado de aerolíneas.
EN CURIOSO HISTORIAL
De acuerdo con un informe de la Universidad del Pacífico y el Instituto Peruano de Economía, al final de la década de los años ochenta, las empresas públicas controlaban entre el 15% y 20% del PBI, el 28% de las exportaciones y el 26% de las importaciones.
No obstante, según el artículo “El proceso de privatizaciones en el Perú durante el período 1991-2001” (Twaithes, Felder y López, 1999), al llegar la década de los años 90, el Estado se había convertido en un “hospital de empresas virtualmente quebradas” con el consiguiente perjuicio para el conjunto de la comunidad.
Adicionalmente, según un informe de Cepal, entre 1991 y el 2014, más de 300 empresas fueron privatizadas, esto por el grave estado financiero en el que se encontraban.
Para Flavio Ausejo, director adjunto de la Escuela de Gobierno de la PUCP, la empresa Aero-Perú (la aerolínea estatal) es el claro ejemplo de lo mal que se manejaron las compañías en ese tiempo.
“Siempre fue una fuente de corrupción y tenía deudas brutales. Tenía un pésimo manejo económico y una clara indefinición en términos de políticas públicas. El Estado no tenía idea de qué hacer con ella”, argumentó el docente.