EPS: ¿Son rentables las empresas prestadoras de servicios de saneamiento?

Mil litros de agua pueden costar 40 céntimos o S/15, dependiendo de dónde uno viva, pero ninguno de estos dos precios garantiza la calidad del recurso. Considerando que todas las regiones experimentan un aumento progresivo en las tarifas del agua desde hace varios años, llama la atención que, al 2017, el 77% pagaba por agua con un nivel fuera del rango ideal de cloro (químico utilizado en la purificación), según cifras del INEI.

Si los mayores ingresos para las 50 empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) que operan en el país no han logrado crear una situación ideal en cuanto acceso a agua de calidad, esto se debe principalmente, según datos de la Sunass, a su deficiente gestión y a la escasa rentabilidad que obtienen por cada sol que invierten.

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De acuerdo con un estudio sobre la operación de 29 EPS, el 55% de estas (es decir el 32% del total) no son rentables, y el 35% lo es solo de manera parcial. Solo dos de las 29 tienen la categoría de “muy rentable”, mientras que 9 tienen una rentabilidad incluso negativa. Emapa Huancavelica, la menos eficiente, pierde 4 céntimos por cada S/1 que invierte, pero cobra más que 29 otras EPS: una mayor tarifa tampoco implica una mayor rentabilidad.

Casi todas las EPS restantes ya se encuentran en lo que se conoce como Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), un programa de ayuda que brinda el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) para aquellas que no son sostenibles. Y analizados los resultados de las EPS en el 2018, la propia Sunass ha considerado que al menos 47 de las 50 empresas tienen causales para entrar a este régimen. Es decir, la Sunass considera que el 94% de las EPS debe tener –“más”– apoyo estatal.

Solo hay tres empresas que no están consideradas para recibir más apoyo estatal, pero no por méritos propios, estas son: Sedapal, por ser una empresa operada estatalmente (y no municipalmente, como el resto de EPS), EPS Grau (Piura), por estar en proceso concursal, y EPS Tumbes, que ya es manejada por Otass.

“A lo largo de los años, las tarifas se han ido incrementando pero no han ido de la mano con la mejora de la calidad. Las EPS tienen una pésima gestión empresarial, no hay una buena política laboral, no hay línea de carrera y no hay tecnología”, sentencia José Luis Bonifaz, director de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

Coincidiendo con Bonifaz, representantes de la Sunass explicaron a este Diario que gran parte de la mala gestión de las EPS se debe a la poca competitividad que tienen los sueldos estatales para poder hacerle frente a los del sector privado. Por este motivo, los trabajadores no suelen tener las habilidades necesarias que requiere una persona a cargo de cerrar las brechas en el acceso del agua. Los mayores ingresos, en este contexto, sí “son necesarios e incluso imprescindibles” para poder mejorar la gestión, comentan.
“La sostenibilidad de las EPS se las da la tarifa”, apuntan los miembros de Sunass.

EL PROBLEMA DE LAS TARIFAS

Como cualquier producto en el mercado, el aumento del precio del agua suele ocasionar un disgusto en los consumidores. En este caso, el disgusto puede manifestarse en paros y protestas, tal como ocurrió en Moquegua en el 2018 y en Tacna esta semana.

En ambos casos, el resultado apunta a ser el mismo: la población presionará hasta que el gobierno ceda y el alza no se materialice. En Moquegua,para acabar con los reclamos, se optó por subsidiar con S/2 millones a la EPS local para que no se incrementen los costos; mientras que en Tacna, tras varias protestas, el presidente Martín Vizcarra ya señaló que es “un gobierno que trabaja para las grandes mayorías” por lo que “tiene que haber un diálogo y nada por la imposición”. Ya pidió la intervención del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El problema es que, además de Tacna, son 12 EPS las que van a aumentar sus tarifas este año, y de acuerdo con la Sunass, se esperan conflictos sociales en todas las ciudades o distritos que atienden: Cusco , Ilo, Barranca, Cajamarca, Tarapoto, Moyobamba, Huacho, Trujillo, Abancay, Huaral, Juliaca y Arequipa.

“¿Habrá los mismos problemas que en Moquegua? Claramente. Aunque siempre las condiciones sociales más complejas están en el sur”, detallaron en Sunass.

POR SIEMPRE PÚBLICAS

Con casi 30 años en el Perú, las EPS han sobrevivido bajo la cobija del Estado a varios debates sobre posibles privatizaciones o concesiones. La barrera más reciente, de hecho, fue superada el 25 de febrero de este año con la derogación de un decreto supremo que buscaba que para ciertos servicios (facturación o mediciones, por ejemplo) en las empresas que están en el RAT, se pueda contratar a entidades privadas.

“Ante el miedo de la población por la presencia del privado, fue derogada una oportunidad de mejora para la gestión empresarial de las EPS. Ahora seguirán en lo mismo y van a esperar a que el gobierno les transfiera dinero”, opina Bonifaz.

En el mismo sentido, los miembros de Sunass expusieron que el miedo a la privatización o concesión en las personas debe ser contrastado con el hecho de que “existe un regulador para prevenir inconvenientes”.

Así el panorama, la opción de las aproximadamente dos millones de personas que aún no cuentan con acceso a agua por red pública o del 32% de la población que no tiene agua potable es seguir esperando un cambio en las EPS que, dados los recientes eventos, pareciera que es bloqueado por sus mismos potenciales beneficiados.

COSTO POLÍTICO

La primera propuesta de aumento en las tarifas del agua siempre es dada por la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) de la zona, explicaron miembros de la Sunass a El Comercio. Este aumento genera disconformidad en la población y lleva a la desaprobación de autoridades.

En este contexto, las EPS suelen evitar ser las primeras en comunicar cualquier cambio en el precio, lo cual deja a la Sunass como la primera –y aparentemente la única– responsable de estas modificaciones.

En Moquegua, por ejemplo, en el 2018, la propuesta de la EPS para aumentar el costo del agua durante los siguientes años iba de esta manera: 10% para el primero, 9% para el segundo y 9% para el tercero. El esquema de Sunass era 9%, 7%, 7%.

El gerente de la EPS de Moquegua, un día antes de la audiencia pública en la que se presentaban estos cambios, dijo en la radio popular más grande de la zona que ellos no eran responsables de nada. “Cuando le preguntamos por qué hizo eso, contesta que era por temor a represalias”, contaron en Sunass.