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De manera un tanto inusual, en las últimas semanas la discusión sobre el déficit fiscal proyectado ocupó primeras planas en medios locales. El motivo fue el desacuerdo entre la anterior administración nacionalista y la actual administración sobre el nivel del déficit fiscal para el 2016.
Mientras que la primera aseguraba que había dejado “la casa en orden”, la segunda replicaba que hubo que hacer esfuerzos adicionales para evitar que el déficit alcance el 3,8% del PBI. ¿Qué tendencias y supuestos subyacen en cada posición?
En primer lugar, vale la pena dejar claro que el déficit fiscal proyectado es un pronóstico que, como cualquier pronóstico, es falible y relativamente incierto. En la medida en que, por ejemplo, los ingresos fiscales de la segunda mitad del año nunca son conocidos de antemano con exactitud, siempre queda espacio para la incertidumbre sobre el resultado final.
Al margen de estas consideraciones, la proyección del déficit fiscal que la administración de Peruanos por el Kambio planteó en el Marco Macroeconómico Multianual, revisado y publicado a finales de agosto de este año, colocaba la cifra para el 2016 en 3,0% del PBI. ¿Existe espacio para revisar esta proyección hacia arriba?
Aparte de la erosión de los ingresos tributarios, una de las razones de la revisión al alza en el déficit de este año, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), responde a los menores ingresos fiscales generados por la devolución de impuestos.
La devolución de tributos aumentó 26,1% entre enero y setiembre del 2016, principalmente debido a los montos retornados bajo el régimen de recuperación anticipada del IGV (149,7% de incremento respecto al 2015). Estas devoluciones representan 0,4% del PBI. Su impacto impulsó el déficit al alza y fue previsto de manera extemporánea.
Las demandas de gasto de los ministerios, a partir de la entrada de sus nuevas cabezas, explican también una revisión al alza del déficit. En efecto, dado que buena parte del presupuesto de algunos ministerios estaba ya comprometida por la administración anterior –es decir, tenía fines explícitos asignados–, se generó más demanda por gasto en el Ejecutivo en línea con las nuevas prioridades.
Finalmente, también es importante reconocer que el resultado económico acumulado a 12 meses en setiembre fue de -3,3% del PBI y que el último trimestre del año tiende a ser uno especialmente intensivo en gasto e inversión, incluso en años de cambio de gobierno.
En línea con los efectos descritos, si bien 3,8% de déficit puede parecer demasiado elevado, quizá no hubiese sido muy sorprendente llevar el déficit fiscal de 3,3% del PBI a una cifra más cercana al 3,5% del PBI hacia fin de año. La proyección del Instituto Peruano de Economía (IPE) para el 2016 es de un déficit de 3,2% del PBI y se explica por una caída en los ingresos tributarios y una moderación del gasto corriente.
Disposiciones del MEF han recortado el gasto corriente disponible para las entidades públicas hacia la última parte del año. En octubre, el gasto corriente del gobierno general cayó 11% en términos reales respecto del mismo período del año anterior.
Más allá de la discusión sobre las proyecciones del déficit fiscal, lo que debe quedar garantizado es la institucionalidad del manejo macroeconómico entendida como una tarea de Estado; como un compromiso con las cuentas balanceadas en el mediano plazo, con la responsabilidad fiscal y la transparencia que trasciende largamente a los gobiernos y a los ministros de turno.
