En nuestro país, para muchos ciudadanos las antenas de telefonía celular son sinónimo de cáncer. En Santiago de Surco, por ejemplo, según su alcalde Roberto Gómez Baca, el 95% de los vecinos cree que las antenas representan un grave peligro para sus vidas.
“Tengo alrededor de 250 cartas de vecinos que sustentan sus posiciones en contra por cuestiones de salud y yo como alcalde tengo que atender estos pedidos, pero no contamos con las herramientas”. Y este miedo se repite en prácticamente todas las localidades.
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Gómez Baca, sin embargo, sabe que el peligro de las antenas es, en sus propias palabras, “un mito urbano”. De hecho, para autorizar la colocación de una antena es necesario que sus emisiones no vayan a exceder los límites de radiación no ionizante dentro de los cuales, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no existe un peligro cierto para la salud humana.
Más aun, de acuerdo con Julio Bustamante, jefe de asuntos económicos y legales de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), “de las más de 1.700 mediciones realizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), las antenas tan solo emiten el 2% en promedio de dicho límite”.
Seguir los lineamientos de la OMS, además, no es una ocurrencia peruana: se aplica en más de 85 países alrededor del mundo.
“SE ME CAYÓ LA LLAMADA”
Si alguna vez le ha pasado que la llamada se corta sin aparente motivo o simplemente no logra una conexión, debería saber que la explicación en la mayoría de casos es sencilla: faltan antenas.
A mayor densidad poblacional es necesario mayor cantidad de estas estructuras; en caso contrario las llamadas se pueden cortar, la señal se torna débil o la tecnología baja de 4G a 3G, por lo que si un distrito no permite la instalación o desmonta una antena, afectará una red de escala nacional y perjudicará todo el sistema.
Lee el informe completo en la edición digital de El Comercio.