Modificación a la norma de Seguridad y Salud en el Trabajo: más y más costos, por Brian Ávalos

Resulta frecuente ver que el Congreso desafía al Ejecutivo y promulga normas por insistencia. Es posible que no sepamos que muchas de estas normas se están utilizando para generar votos en desmedro de nuestros fondos y nuestro futuro. Me explico: se vienen aprobando retiros del sistema privado de pensiones, pero ¿qué sucederá cuando una persona llegue a los 65 años? Ningún congresista estará a su lado para otorgarle una pensión o aumentarla (incluso con la pensión estatal que sale del bolsillo de los contribuyentes). Se aprueba el retiro del 100% de la CTS (fondo contra desempleo) pero ningún congresista te va a apoyar cuando se produzca el cese y no tengas fondos para cubrir el periodo de desempleo.

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Algo así también pasa con la visión de las empresas, vas agregando costos y costos, y muchos estarán de acuerdo pues no se trata de sus recursos y la justificación es que “las empresas se han enriquecido del pobre”. Nuevamente ningún congresista estará a tu lado cuando se cierre la empresa o se reduzcan los empleos formales.

De esta forma, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, aprobó por insistencia a la autógrafa observada por el presidente de la República (proyecto de ley 5474/2020-CR), norma que regula lo siguiente: (i) todos los empleadores estarían obligados a realizar exámenes por COVID-19 a todos los trabajadores, sin importar la modalidad de trabajo, es decir, ya sea que estén realizando trabajando remoto; y (ii) el empleador debe asumir costos de equipo de protección, incluyendo a los trabajadores que están de forma remota. Esta norma es antitécnica y además, ya está regulado el caso de obligación de exámenes, pero obviamente para supuestos de riesgo en los que se justifica realizar este gasto. Este proyecto está próximo a hacerse realidad cuando se discuta en el pleno.

Una vez más, vemos cómo desde el Congreso se trasladan las funciones del Estado a las empresas formales, así como todos los costos. Esto a la larga lo único que generará es que desaparezca la inversión privada o se potencie la informalidad. Si ese es el objetivo, pues van por buen camino.

Para lograr esta situación, han venido cuestionando el sistema privado de pensiones, las desigualdades del sistema económico y el abuso de algunos malos empleadores, todo esto sumado a una crisis que ha desnudado las grandes falencias del sistema. En cuanto a las empresas, han recogido el clamor de algunos trabajadores a quienes no se les otorgan adecuadas condiciones laborales, tienen un estrés por contratos temporales que los van renovando mes a mes, no se les paga horas extras y laboran entre 10 a 14 horas diarias, la falta de fiscalización de la Sunafil (solo el 20% de las inspecciones responden a un plan de fiscalización), y procesos judiciales que demoran entre 2 a 5 años.

Queda una tarea importante por hacer. Los empleadores deben reflexionar por qué muchos trabajadores se sienten afectados y consideran a la empresa como el enemigo. Quizá pase por pensar que el cumplimiento de las normas laborales es por evitar ser multados y no por generar una sociedad más equitativa. Recomendamos negociar y reducir los conflictos con los trabajadores, fiscalizar que se cumpla la jornada y se respete la desconexión digital e intentar que los trabajadores se sientan más comprometidos con la empresa, capacitándolos e incentivando la productividad. Esperamos que el Congreso recapacite y se empeñe en buscar formalizar, que es el gran reto y nadie lo comenta.

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