Para un desarrollador inmobiliario, obtener un permiso de construcción en el Perú en el 2009 demandaba ejecutar cerca de 21 procedimientos que demoraban 210 días en promedio; según datos del Doing Business.
Once años después, dichos números han mejorado considerablemente. Hoy el reporte afirma que se requieren 19 procesos y ejecutarlos demora 155,4 días: casi dos meses menos que el promedio latinoamericano (205 días). En opinión del sector, sin embargo, estos promedios aún no reflejan la realidad engorrosa que debe enfrentar el desarrollador inmobiliario para sacar adelante un proyecto en el país.
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El proceso y la entidad
El Doing Business revela que pese a la reducción, en el Perú aún se debe pasar por tres trámites más que en el promedio latinoamericano y seis más que en los países de la OCDE. “El problema tiene muchas partes y muchas entidades involucradas”, explica Rafael Simpson, presidente del Comité de Simplificación de la Asociación de Empresas Inmobiliarias (ASEI).
Es la Ley 29090 la que regula la habilitación urbana y edificación y que ha permitido mejorar la tramitología. “Es muy clara en sus procedimientos y requisitos, pero por el lado municipal tienen sus propios procedimientos. Y esos no conversan con la ley”, afirma Simpson.
Por otro lado, advierte que en algunos casos tampoco hay concordancia con la ley de concesiones que rige a las empresas que habilitan servicios como gas y electricidad. “¿Qué puede pasar con ello? Tú le dices al concesionario que requieres 500 kW para un proyecto grande de vivienda social y él te va a decir que no hay manera de hacerlo. Entonces te muestra su ley donde dice que tiene un año para entregarlo. Nuevamente, no hay concordancia entre la ley de permisos y la ley de concesiones”, afirma.
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Comisiones vs. revisores
Las comisiones técnicas municipales revisan la factibilidad de los proyectos. Sin embargo, estas se forman por cada especialidad del proyecto (arquitectura, sanitario, entre otros) por lo que el proceso tiende a demorar. Es por ello que se creó la figura del revisor urbano, un equipo privado que se encarga de dicha revisión y solo presenta su trabajo ante la comisión técnica municipal para que esta proceda a la entrega de la licencia.
Ernesto Durand, gerente general de Maximiza Revisores Urbanos, explica que el proceso puede tomar en promedio 40 días. “Este sistema se hace más necesario en el Perú que en Lima”, comenta.
¿Qué se garantiza con una mayor celeridad? Durand advierte que en la actividad inmobiliaria el tiempo es determinante. “En el ciclo del proyecto se pierde tiempo. Ello implica una pérdida en el costo de oportunidad y rentabilidad”, asevera.
¿Por qué, entonces, no es la alternativa definitiva para la revisión de todo proyecto? Rafael Simpson, de ASEI, advierte que existe una suerte de negativa municipal a aprobar licencias vía revisores urbanos. “La fomentamos y creemos que debería terminar de reglamentarse”, agrega.
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En un reciente informe, Capeco advierte también que existe un problema de legislación. Los revisores urbanos están bajo el control del Ministerio de Vivienda, el mismo que no ha podido financiar un programa de capacitación y selección para tener más revisores. Además, se sugiere que sean los colegios profesionales quienes se hagan cargo de su control, tal como ya lo definía una ley previa.
Con el camino ya avanzado, es claro entonces que se puede hacer más expeditivo el proceso para autorizar desarrollos inmobiliarios. Más aun ahora que el sector se encuentra entre los más dinámicos del país.
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