Este Diario publicó una nota periodística con las declaraciones que el actual presidente de Petro-Perú, Edmundo Lizarzaburu, brindó ante Congreso de la República el pasado 12 de mayo.
En ella describimos la disconformidad que mostró el funcionario por la realización de la auditoria forense de la nueva refinería de Talara debido al impacto negativo que tendría en los trabajadores de la empresa, los bonistas y “todos los participantes del ecosistema”.
“Si seguimos hablando de auditorías forenses lo que vamos a hacer es complicar a la empresa, porque el mercado internacional va a empezar a pensar que hay algo oculto”, dijo tras sostener que el proceso estaba mal fundamentado.
Como resultado, publicamos un artículo titulado ‘Petro-Perú: Su presidente dice no a la auditoría forense de la refinería de Talara’.
En respuesta a dicha nota periodística el funcionario envió, cinco días después, una carta notarial a El Comercio señalando que él nunca dijo “que la auditoría no irá más”, por lo que rechaza que se la hayan atribuido expresiones que nunca pronunció.
En esa línea, sostuvo que no se ha dispuesto la cancelación, suspensión ni paralización del Proceso de Competencia Internacional para la contratación del servicio de análisis forense interno de la refinería.
En la carta precisó que su declaraciones se enmarcaron en “un ámbito de exposición eminentemente técnica, sin constituir una decisión institucional sobre la continuidad del proceso”.
“Si bien es cierto y a título personal considero que si no se tienen evidencias claras de malos manejos, la Contraloría General de la República debería auditar la obra, además de que la Fiscalía también actúe en el marco de sus competencias. Mi posición actual, de presidente del directorio de Petro-Perú, exige que sea fiel ejecutor y respetuoso de los acuerdos que tomó el directorio, y muy en particular en este caso”, manifestó.
Esto, a pesar que la semana pasada, durante una sesión de la Comisión de Energía y Minas, indicó que “si seguimos hablando de auditorías forenses lo que vamos a hacer es complicar a la empresa, porque el mercado internacional va a empezar a pensar que hay algo oculto”, dijo.
En esa línea, sostuvo que la realización de dicho estudio perjudica a la empresa en momentos en que esta “tiene problemas de liquidez importantes”, pues no genera tranquilidad ni a los bonistas de la refinería ni a los participantes del ecosistema.
“Eso de andar sonando con auditorías forenses a quién dañan es a Petro-Perú, y eso no corresponde”, recalcó.
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