Seguridad ciudadana: ¿Cuántos recursos le destina el Estado y qué tan eficiente es su uso?

Hace una semana, el ministro del Interior, Carlos Morán, anunció que se les retiraría el resguardo policial a los congresistas entrantes. El objetivo era reasignar efectivos a otras funciones, aunque el presidente Vizcarra posteriormente puso paños fríos alegando que era “una propuesta”.

La controversia alrededor de ello abre espacio para preguntarse cuántos recursos se destinan en el país a seguridad ciudadana, así como la efectividad en su uso.

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PERCEPCIÓN Y REALIDAD

La delincuencia es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. De acuerdo con el último reporte de estadísticas sobre seguridad del INEI, entre mayo y octubre del 2019, casi nueve de cada 10 personas mayores de 15 años se sienten en riesgo de ser víctimas de algún delito en el 2020.

Esto está alineado con cifras de la Policía Nacional del Perú (PNP), que señalan que la tasa de denuncias en las áreas urbanas se ha incrementado en los últimos años: pasó de 81 por cada 10.000 habitantes en el 2011 a 132 por cada 10.000 en el 2018.

Sin embargo, las estadísticas sobre criminalidad muestran una aparente paradoja respecto a la percepción ciudadana descrita previamente. Según el INEI, en el mismo período ha caído el porcentaje de afectados por la delincuencia: mientras que en el 2011 el 40% de la población nacional urbana de 15 años a más fue víctima de algún delito, este porcentaje cayó a 25,7% en el 2018, aunque se incrementó ligeramente entre mayo y octubre del 2019 (26,8%).

En la literatura económica, esta incongruencia se conoce como brecha de percepción. Para el caso peruano, investigadores de la Universidad del Pacífico encontraron que el aumento de noticias negativas acerca del crimen en diarios locales incrementa la percepción de las personas de ser víctimas en un futuro cercano. Al mismo tiempo, más denuncias pueden implicar mayor confianza en la labor de la policía y no necesariamente mayor criminalidad.

USO DE RECURSOS

La reducción de la victimización ha sido acompañada de un aumento del presupuesto y del gasto público en orden interno y seguridad. Entre el 2011 y el 2019, el presupuesto creció a una tasa promedio anual de 9,8%, mientras que el gasto aumentó 12,4%. Asimismo, más de la mitad del presupuesto promedio anual (S/9.500 millones) durante ese período se concentró en remuneraciones y obligaciones sociales del personal policial y administrativo, mientras que el presupuesto de inversión pública representó cerca de un quinto del total.

En el ámbito regional, Lima mostró el mayor gasto por habitante (S/584), seguida por Madre de Dios (S/531) y Tacna (S/367). La región con el mayor crecimiento anual del gasto per cápita fue Amazonas (41,3%), mientras que Ayacucho (-7,0%) fue la única en la que se redujo el gasto en orden interno.

No obstante, al analizar en conjunto el incremento del gasto per cápita por regiones y la reducción en la victimización, no se observa claramente una relación entre mayor gasto y menos víctimas de algún delito. De hecho, una comparación simple muestra una relación muy débil entre más gasto y menor incidencia de la delincuencia. Un caso muy particular es el de Madre de Dios, donde, pese a que el gasto en seguridad creció, en promedio, 22% anualmente, la victimización pasó de 29,8% en el 2011 a 32,9% en el 2018.

Entre el 2011 y el 2019, la proporción de la población víctima de la delincuencia cayó 13 puntos porcentuales, mientras que el gasto en seguridad ciudadana creció más del doble.

INTERVENCIONES CON EVIDENCIA

La poca eficiencia del gasto público en seguridad ciudadana no es exclusiva del Perú. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), si el uso de recursos públicos en América Latina fuera más eficiente, se podrían prevenir 30% más crímenes utilizando los mismos recursos. Además, la entidad menciona que solo el 8% de los 300 programas para combatir la inseguridad ciudadana analizados fue diseñado considerando evidencia empírica sobre costo y efectividad.

Ante los altos índices de criminalidad, el uso de evidencia para priorizar el gasto público en seguridad resulta fundamental. Por ejemplo, en Chile, se encontró que el programa de terapia multisistémica –tratamiento psicológico basado en la familia y la comunidad– para adolescentes con alto riesgo delictivo logró reducir la reincidencia entre 10,5 y 14 puntos porcentuales (pp.) en jóvenes entre 16 y 18 años.

Asimismo, el BID estimó que el programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas en Chile, que reemplaza el internamiento por tratamiento de desintoxicación y supervisión judicial, redujo 8,7 pp. la tasa de reincidencia luego de un año de ingresar al programa. Ello implicaría un retorno de aproximadamente US$2,84 por cada dólar invertido.

No atacar el problema de inseguridad ciudadana tiene costos económicos importantes. El Banco Mundial señala que el 60% de las empresas en la región se ve obligado a usar recursos en seguridad privada, con gastos que representan entre 2% y 6% de su facturación anual. En ese sentido, más de un tercio de los empresarios afirman que la inseguridad está entre las principales limitaciones de su actividad y expansión. Así, un combate más eficiente contra la delincuencia no solo mejoraría la calidad de vida, sino que abriría más oportunidades de crecimiento.

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