XVI Simposio: El Perú solo aprovechará la cartera de US$64.000 millones en proyectos mineros con reformas urgentes

El Perú enfrenta una oportunidad histórica para consolidarse como un proveedor estratégico de minerales críticos, pero para convertirla en crecimiento y bienestar debe destrabar su cartera de proyectos mineros, reducir la “tramitología” y fortalecer la capacidad del Estado, coincidieron especialistas y líderes empresariales durante la mesa redonda “Propuestas de Políticas Públicas del Sector Minero 2026-2031”, desarrollada en el Simposio- XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El panel fue moderado por Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, y contó con la participación de Antonio Cusato, economista de país del Banco Mundial; David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad; Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI); y Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE.

PUEDES VER: LAP en camino a firmar adenda sobre la TUUA de transferencia doméstica: ¿lo harán hasta el 29 de mayo?

Durante la sesión, Castilla recordó que la cartera de proyectos mineros del Perú supera actualmente los US $64.000 millones, pero cerca de 50 proyectos permanecen paralizados, aprovechándose solo un tercio de dicha cartera. El exministro de Economía y Finanzas comentó, además, que el país registra hoy los términos de intercambio más altos desde 1951, impulsados no solo por el crecimiento de China, sino también por la creciente demanda de minerales asociada a la inteligencia artificial y la transición energética.

Por su parte, David Tuesta sostuvo que el Perú solo podrá retomar tasas de crecimiento superiores al 6% priorizando los grandes proyectos mineros actualmente detenidos. Señaló que los altos costos de hacer empresa, las trabas regulatorias y la baja productividad laboral continúan afectando la competitividad del país.

“El gran problema es que nadie termina siendo responsable de que las reformas funcionen”, afirmó Tuesta, tras advertir que un proyecto minero puede enfrentar más de 200 trámites y relacionarse con más de 30 entidades públicas

En esa línea, Julia Torreblanca señaló que la principal barrera para ejecutar la cartera de proyectos mineros sigue siendo la excesiva “tramitología” y planteó implementar una verdadera ventanilla única interoperable entre entidades como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Cultura y la Autoridad Nacional del Agua, entre otros.

“Todos sabemos que esos US $64.000 millones de proyectos en cartera no se van a materializar si no trabajamos sobre la causa raíz del problema: la ‘tramitología’ y la enorme cantidad de permisos que se requiere para desarrollar la minería formal”, sostuvo.

MÁS INFORMACIÓN: Promigas adquiere Zelestra Latam por US$456.47 millones

Por su parte, Antonio Cusato alertó sobre el deterioro de la capacidad estatal para ejecutar la inversión pública y reveló que, al 2023, existían cerca de 64.000 proyectos públicos abandonados o inconclusos, equivalentes al 45% de toda la cartera activa de inversión pública.

“Se tendría que dejar de crear nuevos proyectos públicos durante tres años para poder concluir los que ya están en marcha”, explicó el economista del Banco Mundial, quien atribuyó parte del problema a la flexibilización excesiva del sistema de inversión pública, y a que tras cada ejercicio fiscal se cambian los proyectos priorizados.

Para Felipe James la minería y la agroindustria seguirán siendo motores clave en el crecimiento de la economía peruana, pero señaló que no serán suficientes para cerrar las brechas sociales y territoriales del país. En ese sentido, planteó impulsar nuevos motores de crecimiento vinculados a la industria, el turismo y los encadenamientos productivos.

En la parte final del panel, Castilla invitó a los participantes a expresar cuál sería el cambio más urgente que el próximo Gobierno debe implementar en sus primeros 100 días para que la minería contribuya a un crecimiento más inclusivo.

Al respecto, Julia Torreblanca, presidenta de la SNMPE, comentó que es la “priorización de proyectos y una gestión eficiente y transparente de los recursos disponibles”, mientras que, para James, de la SIN, es el “destrabe y la desburocratización”.