En octubre de este año, Quito fue la sede de la tercera Cumbre Mundial del Hábitat, evento organizado cada 20 años por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El principal resultado del evento fue la aprobación de una agenda urbana mundial, en la que se considera la promoción de ciudades compactas, inclusivas, seguras y sostenibles; lo cual implica organizar sistemas de transporte público integrados que faciliten el acceso a diferentes servicios básicos, al abastecimiento o a oportunidades laborales. Para la ONU es urgente dejar de organizar las ciudades en torno a los automóviles. En lugar de ello, busca priorizar el transporte público, el uso de bicicletas o, simplemente, recomienda organizar ciudades amables para caminar.
Mientras el mundo responde al llamado de la ONU y se preocupa por promocionar ciudades pensadas para sus habitantes, la gestión de Lima parece interesarse exactamente por lo contrario: en lugar de crear espacios públicos o promover centralidades que faciliten el acceso a los servicios y trabajo para los pobladores, sigue construyendo viaductos y bypasses para recibir más automóviles. Para agravar la situación, esto viene ocurriendo en contextos de muy poca transparencia y dejando de lado la planificación de largo plazo.
En este marco, docentes de la Universidad Católica comprometidos con el futuro de la ciudad han hecho circular un pronunciamiento en que se demanda a las actuales autoridades municipales adecuar los proyectos de la ciudad a los principios que acaban de ser aprobados por la agenda urbana de la ONU, respetar el ordenamiento jurídico vigente y comprometerse a la ejecución del plan de desarrollo urbano al 2025, todo ello mediante una gestión transparente. Se trata de compromisos elementales y necesarios para orientar un desarrollo urbano inclusivo y sostenible, una aspiración que, entendemos, compartimos todos.