Roberto Chiabra: “[Gobernar con] mano dura significa un trato excesivamente severo”

— César Acuña, candidato de APP a la Presidencia, pidió “perdón” al país por la crisis que generó la vacancia de Martín Vizcarra, pero usted hace poco dijo que el exmandatario estuvo “bien vacado”. ¿No existe una contradicción entre su discurso y el que maneja el líder de su partido?

No, estamos en lo mismo, lo que dije fue que [Martín Vizcarra] estuvo bien vacado teniendo en cuenta el comportamiento posterior [que tuvo]. Y su comportamiento posterior justificaría a quienes lo vacaron; habría que equilibrar entre la oportunidad y la conveniencia, pero mi respuesta fue en relación a la conducta posterior. [Vizcarra es] un candidato que siempre habló mal del Congreso. Esa es la idea, no es que yo estuviera de acuerdo.

— Usted también dijo que, de ser congresista, hubiera votado a favor de la vacancia…

En relación a la conducta posterior que ha demostrado Vizcarra como candidato. No era momento conveniente, pero bien vacado por la conducta posterior, que es diferente.

— ¿Cuál es la responsabilidad de APP en la última crisis política?

No sé, porque yo no formo parte del partido, soy un invitado. La responsabilidad la tienen que asumir los que son del partido.

— La última encuesta de El Comercio Ipsos indica que César Acuña es el tercer candidato con mayor antivoto, 62%. Solo está por detrás de Ollanta Humala (73%) y Keiko Fujimori (71%). ¿Cómo puede revertir esa cifra?

César Acuña, lamentablemente, tiene una imagen negativa, que tiene que revertir con dos cosas: sus propuestas y su equipo. Estamos en una situación de emergencia [por la pandemia de COVID-19]. Aquí se tiene que definir quién tiene mayor capacidad de gestión. El país requiere de un gobierno que entre a hacer y no para diagnosticar.

— APP retiró la candidatura de Yeny Quispe Quiquijana, quien fue detenida por la Policía hace un año por transportar casi 12 kilos de cocaína. ¿Cómo se les pudo pasar un caso tan grave? ¿Sus filtros son blandos?

El primer filtro es la persona, si la persona engaña, perdemos todos. La señora Quispe, según me hicieron conocer, dijo que se trataba de un caso de homonimia, que ella no fue la persona detenida. Ahí el primer filtro falló. Si sabe que tiene algo, lo debe declarar. Y el segundo filtro, que es el partido, no lo detectó porque es una situación judicial. Ya expulsaron a la señora.

— No es la primera vez que les sucede. Le recuerdo que APP llevó al Congreso en el 2016 a Edwin Donayre y Benicio Ríos, ambos desaforados y hoy en prisión. Y en el 2020 a Humberto Acuña, quien tiene sentencia por cohecho pasivo genérico en segunda instancia; y a Moisés González, condenado a cuatro años de prisión suspendida por colusión…

Por ello es que no debe postular al Congreso nadie que tenga una denuncia abierta, en ninguna instancia, porque después vienen los problemas. Nadie debe postular teniendo alguna denuncia. Y sí, es un error que tiene que corregirse, porque le hace daño a la imagen no solamente del partido, sino de los que participamos.

— El señor Acuña, durante las últimas semanas, criticó al gobierno por su manejo de la pandemia de COVID-19, pero al mismo tiempo realizó actividades proselitistas sin cumplir el protocolo sanitario…

Esa situación se dio al inicio, cuando él [Acuña] hizo su presentación en Lima. Luego se corrigió.

— Hace una semana la Policía intervino un local de APP en el norte del país por generar aglomeración de personas…

Eso fue un abuso, porque dentro del local estaban dos candidatos de Piura y solo 10 periodistas sentados. La Policía ingresó porque los militantes y simpatizantes estaban afuera, adentro [del local] se estaba cumpliendo el protocolo. Y cuando usted está en un sistema democrático, lo correcto hubiese sido que ingrese un oficial y si ve que algo está mal, lo corrija o pida que se suspenda [la actividad], pero no se entra como si fuera una fiesta chicha. Ese es un abuso que en democracia no se puede permitir.

— ¿Cuáles serán los primeros tres proyectos de ley que presentará de resultar electo?

Es una mentira presentar una gran lista de lavandería de proyectos si es que no hay coincidencias dentro de la bancada a la que perteneces y si estas iniciativas no logran consensos en otras fuerzas políticas. Lo más fácil es hacer un recital. Pero si se logran consensos, hay que actuar en puntos que están afectando al país, como la seguridad. Lo que propongo es una agenda en seguridad y de aplicación inmediata. Tienen que darse medidas con mano firme, pero debe existir un equilibrio entre la seguridad y la libertad.

— ¿Cuál es la diferencia entre la “mano dura” que propone Keiko Fujimori y la “mano firme” de César Acuña?

No son lo mismo, [gobernar con] mano dura significa un trato excesivamente severo, y hay terquedad en las medidas. Con la mano firme se actúa sin vacilar, pero de manera estable.

— ¿Ve algún tipo de peligro en la propuesta de “mano dura”?

Los ciudadanos tendrán que elegir entre la mano firme y la mano dura. Sobre si hay o no un peligro, depende de las medidas que se vayan a aplicar, porque muchas veces la dureza solo está en el título y no en lo que se termina aplicando.

— APP plantea en su plan de gobierno realizar “una reforma profunda” de la Policía Nacional. ¿Cuáles son los pilares de esta propuesta?

En primer lugar, en la captación, hay que ver las causas y los efectos. No podemos seguir teniendo tantas escuelas de formación de policías sin las capacidades necesarias. Hay que reducir las escuelas y colocarlas en buen nivel. Luego, los policías que egresan no vuelven a ser entrenados, entonces se habla mucho de los protocolos, pero de qué protocolos, si nunca reentrenan. Hay más de 500 policías muertos por COVID-19, el doble que los médicos. ¿A qué se debe? No solo por el contacto de la población, sino también por el abandono en cuanto a su alimentación, a su estado físico y a su atención médica.

— ¿Cómo evalúa el rol de la Policía Nacional en las protestas de noviembre contra el efímero gobierno de Manuel Merino?

En algunos lugares hubo exceso en el uso de la fuerza. Hay que tener en cuenta que a nivel nacional se realizaron marchas y solo se presentaron incidentes en dos o tres puntos de la capital. Esto significa que no es un procedimiento general, sino que lo que hubo fue una cuestión muy particular que se tiene que investigar para identificar a los responsables.

— ¿En un eventual gobierno de APP, se repondrá en sus cargos a los 18 generales PNP que fueron enviados al retiro por la administración de Francisco Sagasti?

Esto tiene una denuncia [en el Poder Judicial], lo que se va a hacer, desde el Congreso, es una acusación constitucional, porque en una democracia no se puede permitir esta ilegalidad, no hay una justificación para el uso abusivo del poder. ¿En qué parte de la ley [de la PNP] dice que el presidente tiene la potestad para escoger entre el 15 y 20 [del escalafón]? La norma solo permite elegir [al nuevo director de la PNP] entre los tres primero. Lo que hicieron fue ilegal.

— ¿APP respalda esta eventual denuncia constitucional? ¿Y contra quiénes sería?

Contra el presidente Sagasti, contra dos de sus ministros del Interior [Rubén Vargas y José Elice] y contra la jefa del Gabinete, ellos son los responsables. En una democracia no se puede permitir que se cometa este abuso, sobre todo cuando la ley [de la PNP] se cambió en el 2016. Esta norma es similar a la [de ascensos] de las Fuerzas Armadas. Si usted permite esto, significa que mañana también lo puede hacer en las Fuerzas Armadas.

— ¿El gobierno de Manuel Merino fue de corte autoritario? ¿Por qué?

No hubo gobierno. ¿Qué hicieron? Nada. Es un gobierno que podríamos decir que ni existió, no hubo gobierno para mí.

— ¿Merino debe asumir su responsabilidad política por los muertos y heridos de la marcha del 14-N?

Claro que sí, todos tienen que asumir la responsabilidad política de sus decisiones, todos son responsables por las cosas buenas y malas que pasan en su gobierno.

— Alianza para el Progreso, en su plan de gobierno, también señala que “es fácil caer en el error” de pensar que las estrategias del pasado, que sirvieron para derrotar a Sendero Luminoso y MRTA, serán igual de exitosas en la actualidad para frenar a los remanentes terroristas. Pero no mencionan en concreto la solución. ¿Cuál es?

La solución es integral: política, social y económica. En el Vraem hay una ausencia del Estado, lo primero que se tiene que hacer ahí es sustituir la economía del narcotráfico. Y eso no tiene nada que ver con lo que sucedió en los 20 años de subversión, ese es el gran cambio. La solución no es militar ni policial, sino integral.

— ¿Y cuáles son las acciones concretas?

Tengo cinco. La primera es que la Sunat cumpla con regular el ingreso de los insumos químicos [a la zona del Vraem]. Luego, que la SBS realice control sobre posibles casos de lavado de activos. La tercera, que Devida cumpla con sustituir la economía del narcotráfico. También debemos luchar de manera frontal contra la micro comercialización de la droga. Y la última, combatir de forma simultánea los delitos conexos, como la trata de personas, la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de armas, esa es la estrategia.

— APP también plantea un licenciamiento único para las universidades. ¿No es un retroceso a la reforma universitaria?

No, de lo que tengo conocimiento, será lo contrario: fortalecer el trabajo que está realizando la Sunedu en este tema del licenciamiento.

— ¿Un licenciamiento único no puede estancar el sistema de educación universitario?

No, porque la Sunedu tiene un trabajo permanente en la fiscalización de las universidades, y esa labor es permanente. No es que la Sunedu da el licenciamiento y luego no hace nada más.

— El señor Acuña es dueño de una universidad, ¿no hay un conflicto de intereses en la propuesta de APP?

No, porque él paga sus impuestos. Lo que nos ha dicho es que paga más de 100 millones de soles al año. Y en ningún momento se señala que él va a dejar de pagar impuestos. Además, todas sus universidades fueron licenciadas, no han tenido ningún problema; problema tienen las universidades que no han sido licenciadas, y cuyos dueños buscan una salida, pero este no es el caso.

— ¿Por qué APP no respalda la reforma del sistema de pensiones que trabajó Carmen Omonte, su candidata a la primera vicepresidencia, desde el Congreso?

Lo que se ha señalado es que el tema se debe tratar después de las elecciones para que no se politice. Luego, no sé, no soy parte de la bancada.

— ¿No es para evitar una afectación a la campaña de Acuña?

La afectación política no tiene nada que ver con la solución de un problema que es urgente en nuestro país. Lo que se quiere hacer es romper la injusticia de que gente que ha aportado casi 20 años y no tiene un sol de pensión. Eso es lo que se busca. Y esta reforma requiere la unidad de todos, porque este es un problema nacional, no de un solo partido. Además, esa comisión no está formada solo por una persona [Carmen Omonte], sino por otros que representan a nueve partidos.

— ¿Las elecciones deben ser postergadas a mayo?

La fecha de las elecciones son el 11 de abril y los únicos que pueden señalar una posible variación de la fecha son los médicos, en especial los infectólogos, no los políticos. Y también la realidad si comienza a subir la cantidad de contagios y de fallecidos. Estamos en un escenario muy difícil.

— ¿Usted está a favor del indulto a Alberto Fujimori?

Soy partidario del indulto humanitaria para cualquier persona.

— ¿Fujimori califica para un indulto humanitario?

Cuando califique para ser indultado por temas humanitarios, será así. Ya hemos visto que no calificó y por eso revirtieron el indulto [que le dio PPK].

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