Apenas el 53% de peruanos conoce la Ley Universitaria

El desconocimiento ante la ley de reforma universitaria es amplio. Según una encuesta nacional de El Comercio, elaborada por Ipsos Perú, solo el 53% de los peruanos conoce o ha escuchado sobre la ley de reforma universitaria. El conocimiento sube solo al 58% entre los jóvenes de 18 a 24 años, edades en las que se suele estudiar una carrera.

Para Juan Falconí, docente universitario, el desconocimiento se debe a que la gente percibe que las leyes se hacen, pero no se cumplen, “entonces se desinteresan de ellas”. David Sulmont, analista de opinión, esperaba ese desconocimiento porque cree que la gente no siente que sea un tema que les afecte directamente, como la “ley seca” o el voto obligatorio.

Para el analista Víctor Andrés Ponce, la solución a la crisis universitaria se movía entre dar más poder al estado o a los ciudadanos. Que los ciudadanos ignoren la ley muestra que no han estado empoderados –es decir, no han participado– en la búsqueda de alternativas para mejorar la educación.

De las personas que al menos han oído de la ley universitaria, un 59% está de acuerdo con ella, pero hay diferencias entre el sector A y E. El 68% del primero la aprueba y el 49% del sector E la acepta.

Para Falconí, estos grupos consideran que la situación actual de las universidades es insostenible. Sin embargo, no es una aprobación rotunda porque el éxito de la ley depende de su reglamento y de las personas que la apliquen y estos elementos generan desconfianza.

Ante medidas específicas de la ley, la aprobación sube y en algunos casos, conserva más uniformidad. Por ejemplo, el 72% de los que dicen conocer la norma está de acuerdo con que la nueva Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu), adscrita al Ministerio de Educación, cierre universidades de mala calidad. Para Sulmont, este resultado significa que la gente es consciente de que hay muchas universidades deficientes y de que se necesita poner orden.

Al respecto, Ponce considera que cuando no surgen alternativas diferentes, la gente cree que las crisis se resuelven con “más Estado” y mano dura o con salidas autoritarias. Ante esta actitud, el especialista cuestiona que el Estado, que destruyó a las universidades públicas, es el mismo que ahora tendrá poder para, paradójicamente, decir cuáles son malas.

Agrega que una forma de dar más poder a los ciudadanos es difundir datos de universidades, entre ellos su número de acreditaciones, de profesores con maestrías y de egresados que trabajan. Así, los ciudadanos podrían elegir y habría más competencia.

Falconí dijo a El Comercio que los sectores A y B aprueban la intervención de la Sunedu porque pueden acceder a universidades que no se verían afectadas, mientras que los sectores más bajos la aprueban porque esperan estudiar en universidades nacionales con algún prestigio.

La mayoría –un 82%– de los que ha oído sobre la ley de reforma universitaria también está de acuerdo con exigir a los profesores universitarios que cuenten con maestrías.

La gente se divide ante la exigencia de una tesis para ser bachiller. Solo la mitad aprueba la medida. Juan Falconí está en el grupo que la desaprueba y la recomienda para las personas con vocación para investigar.

Las opiniones también varían ante la medida que impide contratar profesores mayores de 70 años. El 61% de los que conoce la ley está de acuerdo con la norma, excepto en el sector A, donde el 65% se mostró en desacuerdo.