Hicieron un acuerdo con una empresa para que se encargara de vender sus vehículos. A cambio, esta recibiría un porcentaje. Sin embargo, 98 personas terminaron con denuncias en el Poder Judicial, endeudadas, reportadas en centrales de riesgo, e incluso acabaron con sus cuentas bancarias embargadas. Todo por no cerciorarse de las “letras chiquitas” en los contratos que firmaron.
José Luis López fue una de las personas que decidió vender su camioneta. Es así que entabló una conversación con el equipo de la compañía Rebel Motors, quienes se presentaban como los “número uno” en el mundo del corretaje en el Perú. “Dicen ser una empresa que te ayuda a vender tu carro. Ellos lo vendían y yo les abonaría una cantidad”, dijo.
Posteriormente, un fotógrafo realizó tomas de su vehículo para impulsar la venta en sus redes sociales. “Toman fotos en diferentes ángulos para publicarlas. Luego de eso me dijeron que, para corroborar que han venido a hacer su trabajo, tienen unos documentos: el acuerdo de corretaje”, mencionó.
Le comentaron que era necesario firmar los documentos por los inconvenientes que la marca había tenido con los clientes en el pasado. En ese momento, José Luis firmó los papeles sin imaginar lo que vendría después. “Luego, me dicen que tengo una penalidad establecida en los términos y condiciones, la cual indica que debo pagar 500 dólares. Me dijeron que, si no quiero pagar la penalidad, nos vamos a ver en otras instancias”, resaltó.
En letras pequeñas, el contrato dice que ambas partes se someten a los términos y condiciones que impone la compañía. Estas condiciones no están adjuntadas al acuerdo que tiene el cliente a su disposición. Si uno quiere saber cuáles son, debe ir al sitio web de la empresa. “Todo pasa en cuestión de minutos. Te agarran en un momento de necesidad por vender tu carro”, dijo.
Más víctimas
Graciela Dolorier pasó por una situación similar. “Ellos iban a vender el auto. Me pareció perfecto. Todo fue por WhatsApp y llamadas telefónicas”, indicó. Al igual que con José Luis, la compañía le mandó un fotógrafo junto al acuerdo de corretaje. “Yo no me fijé que en el acuerdo había un link, eran los términos y condiciones, pero no los incluyeron como tal en el contrato. Nunca me dieron esas páginas para que yo las firmara”, señaló.
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Es así que pasaron las semanas y denunció que la estaban acusando de violar las condiciones del acuerdo. “Al día siguiente, me llegan mensajes que dicen que he incumplido y ahora tengo que pagar 500 dólares por penalidad. Y si no pago en 48 horas, tendré que pagar 40 dólares adicionales cada día como mora”, acotó. Una semana después, Graciela se dio cuenta de que su nombre figuraba en el portal de endeudamiento Infocorp.
Por su parte, Pablo Mantegaza también cayó en esta modalidad. “Abrí mi WhatsApp y me indican ‘estimado cliente, lo saluda el área de cobranza de Rebel Motors, le escribo en relación a su contrato, ya que vendió su vehículo por cuenta propia, le agradecería que pague la penalidad dentro de las próximas 48 horas”, dijo. Así como el hombre, un total de 98 personas han denunciado el hecho.
Las consecuencias
El abogado penalista Ronny Santillán sostuvo que habría que determinar si este es un tema de incumplimiento contractual o se trata de un modus operandi para obtener un beneficio económico inapropiado. “Si se ha actuado de forma premeditada, de tal manera que la intención era que la otra parte no tenga pleno conocimiento y se le oculte las condiciones, estaríamos hablando de un aspecto penal, en este caso, un delito de estafa”, señaló.
Precisó que, de ser cierto, se estaría frente a una estafa agravada, estipulada en el artículo 196 A del Código Penal, cuya pena privativa de la libertad es no menor de 4 ni mayor de 8 años. “Puede que haya existido una pluralidad de agentes, es decir, la participación de dos personas o más en la estafa. Además, hay una pluralidad de víctimas, al tener un estimado de 98 personas”, dijo.
El especialista mencionó que los ciudadanos que resultaron estafados pueden recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en el caso de que quieran reportar un incumplimiento dentro del servicio. Pero, si el caso ha sido más grave, pueden acudir a la Policía y a la Fiscalía para realizar la denuncia correspondiente y así iniciar una investigación.
Grado de responsabilidad
Carlos Zúñiga, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir Perú, comentó que hay una serie de infracciones de acuerdo con el Código de Protección y Defensa del Consumidor. “El hecho de que un contrato se encuentre incompleto es motivo para que se declare nulo. En el contrato debe estar contenida absolutamente toda la información que se tiene que cumplir”, dijo.
Añadió que las cláusulas abusivas son inexigibles. “El Indecopi tiene la potestad de iniciar un proceso de oficio contra esta empresa. Hay que dejar en claro que, cuando firmas un contrato, aceptas lo que está contenido dentro de este, sino sería un modelo contractual perjudicial para el consumidor”, mencionó.
El experto precisó que, si los términos y condiciones están en una página web, se corre el riesgo de que algún detalle pueda ser modificado en cualquier momento después de la firma del contrato. Por ello, no es un elemento válido. “Independientemente del apuro, hay que verificar el contrato. Además, hay que exigir que las condiciones sean incluidas, no se debe firman nada que se encuentre incompleto. También hay que observar que no haya ninguna cláusula abusiva que se preste a la subjetividad”, sugirió.
La empresa
De acuerdo a su página web, Rebel Motors es una marca comercial de ‘Yellow Pages S.A.C.’, la cual según el portal ‘Mira a quién le compras’ del Indecopi, registra un total de 7 denuncias y 11.27 UIT.
En los términos y condiciones, que se encuentran exclusivamente en su página web, se lee que, si el usuario decide ofertar, vender o transferir el vehículo por su propia cuenta, deberá pagar a la compañía una penalidad de 500 dólares. Por otro lado, si hay un retraso en el cumplimiento de pago, la empresa le aplicará automáticamente una penalidad por mora, por cada día de retraso, que asciende a 40 dólares.
Los descargos
La empresa se ha pronunciado al respecto a través de un comunicado. “‘SERVICIOS YELLOW PAGES S.A.C.’ es una persona jurídica constituida bajo las leyes de la República del Perú. Por medio de su marca Rebel Motors, participa en el mercado de compra y venta de vehículos en calidad de intermediaria. Los usuarios que deseen vender su vehículo a través de nosotros, suscriben un contrato de Locación de Servicios, denominado acuerdo de corretaje, no sin antes recibir un correo electrónico en donde se les indica una serie de procedimientos del servicio. Se les recuerda ingresar a nuestra página web para que puedan informarse previamente de nuestros términos y condiciones, que son de público conocimiento, fácil acceso y entendibles”, dijo.
Indicó que “es importante esclarecer que el motivo de las penalidades es en principio disuasivo ante cualquier acto de mala fe de los usuarios, que de incurrir deberán cumplir con su pago, lo cual es legítimo y amparado en nuestro ordenamiento jurídico”.
La empresa agregó que, luego de recibido el correo, proceden con los usuarios a la suscripción del contrato. “En la segunda cláusula se establece que dicho contrato se encuentra sujeto a los términos y condiciones contenidos en la página web, previamente leídos y aceptados. Esta situación se encuentra regulada por el artículo 1397 del Código Civil. Las cláusulas de contratación no aprobadas administrativamente se incorporan a la oferta de un contrato cuando sean conocidas por la contraparte (...). Nuestra legislación civil permite que existan cláusulas generales contenidas aparte del contrato” precisó.
Afirmó que su modelo de negocio se encuentra dentro de los denominados contratos por adhesión. “Es una figura totalmente reconocida por nuestra legislación civil. Bajo dicha premisa, es un error señalar que los usuarios no firman el contrato completo, pues las cláusulas generales contenidas en nuestros términos y condiciones forman parte del contrato de Locación de Servicios”, dijo.
La empresa niega que cobre montos exorbitantes o sumas de dinero no contempladas. “Hacemos un llamado a la opinión pública a dejar en claro que nuestra empresa es una institución seria y que en todo momento actúa con probidad y lealtad hacia sus clientes, pero por personas inescrupulosas y desleales, nos vemos obligados a implementar en nuestra política de servicios las penalidades anteriormente detalladas”, resaltó.
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