Liberan al “monstruo” de Facebook: este y otros casos de impunidad que ponen en riesgo a menores y mujeres

Hace cinco años, Norma Rivera se convirtió en la propia investigadora del caso de desaparición de su hija Shirley Villanueva. Un 23 de marzo del 2017 su hija salió a trabajar y nunca más regresó. Todo lo que se sabe de Shirley son las versiones de las tres últimas personas que estuvieron con ella: Bryan Arenas, Joseph Velásquez y Édgar Pozo, compañeros de universidad.

En su momento relataron que fueron a ver un partido, luego a beber cerca a la playa. Cuando Shirley no aparecía, le dieron diversas versiones a su madre sobre su estado, finalmente -en silencio- interpusieron una denuncia señalando que ella se había ahogado. Su ropa fue esparcida por distintos puntos de la ciudad y trataron destruir su celular. “Le quitaron el chip y la memoria”, contó.

La investigación contra los implicados se cerró al poco tiempo. Arenas, Velásquez y Pozo únicamente recibieron prisión suspendida por delitos menores. Actualmente el caso se encuentra en el Primer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, en espera a que sea reabierto y la justicia se haga para Shirley.

Al igual que Norma, Jahayra Tolentino busca justicia por su hija de 16 años que fue abusada sexualmente por su padre durante 8 años consecutivos. En marzo de este año, luego de que la menor le contara a su madre todo lo que había vivido, ella fue a poner una denuncia policial contra Ángel Laura Fajardo. Sin embargo, la respuesta de las autoridades no fue lo que esperaron.

“Nos hemos sentido desamparadas de la justicia”, cuenta Jahayra y es que en octubre de este año, pese a las pruebas en contra de Laura Fajardo, luego de algunos meses de prisión preventiva, este fue absuelto por el poder judicial de Chincha. Ante esta situación, la familia ha decidido apelar. Sin embargo, para eso han tenido que contratar abogados privados de Lima.

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En un inicio, Jahayra fue apoyada por una abogada del Centro de Emergencia Mujer (CEM), pero según explica “los CEM tienen mucha carga procesal y no ha sido bien asesorada”. Además, ella ha denunciado que su proceso legal estuvo trabado por los mismos operadores de justicia. El médico legista, quien era una pieza fundamental en el juicio, no apareció en dos ocasiones porque estaba de vacaciones. Por otro lado, indica que el poder judicial y la fiscalía revictimizar a su hija sin creerle lo que ella decía.

Ahora, lo único que esperan es que los nuevos abogados puedan traer justicia a casa. “Tal vez me voy a recuperar, pero no me voy a olvidar”, fueron las palabras de la mejor de 16 años a su madre luego del juicio.

Un mes después de que fuera absuelto Laura Fajardo, a 340 kilómetros de allí, en Huacho, se anunció la desaparición de Blanca Arellano Gutiérrez, de nacionalidad mexicana, quien había llegado a Perú con la premisa que pasaría tiempo de calidad con su pareja Juan Pablo Villafuerte Pinto. Este último actualmente está procesado por presunto feminicidio en agravio de quien fue su pareja en vida.

Villafuerte no solo habría acabado con la vida de Arellano, sino también ejercido violencia doméstica en su contra y, tras su muerte, un descuartizamiento. Actualmente, está cumpliendo nueve meses de prisión preventiva en el penal de Carquin de Huacho. A diferencia de otros, este caso ocupó la mayoría de canales de noticias y redes sociales y gracias a eso, en tan solo una semana, el fiscal a cargo de la investigación logró presentar más de 70 indicios que lo vincularían con el homicidio.

Este mismo año el Poder Judicial liberó al “monstruo” de Facebook. Este caso estremeció a la ciudadanía cuando este sujeto que fue caputrado por la policía en un cuarto de hotel con una menor, tenía antecedentes y contundentes pruebas en su contra fue liberado.

Tres casos de impunidad y uno que parecería en camino a tener justicia son el reflejo de un escenario hostil para las mujeres víctimas de violencia en sus diversas expresiones en el Perú. Según la Fiscalía de la Nación, en los últimos cinco años se han registrado 674 casos de feminicidio a nivel nacional. Mientras que en lo que va del 2022, según la Policía, se registraron 9638 mujeres desaparecidas y solo 4589 ubicadas, es decir menos de la mitad.

El Comercio conversó con especialistas sobre la impunidad que continúa a nivel nacional y que cada 25 de noviembre, en el día de la eliminación de la Violencia contra la Mujer, se recuerda.

Impunidad

En un informe publicado por la unidad de Periodismo de Datos de este Diario se reveló que solo el 8% de casos registrados entre 2018 y 2020 en fiscalías tuvo sentencia. El Poder Judicial dictó 7.278 sentencias por casos de violación contra la libertad sexual en general. Sin embargo, los casos registrados en ese período en fiscalías sumaban más de 87 mil.

La Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres, Dra. Irma Díaz Livaque, declaró que los integrantes de la Policía Nacional del Perú y los operadores de justicia deberían estar capacitados para poder abordar a una víctima.

De enero a septiembre de este año se han registrado 195.000 denuncias de violencia por lesiones físicas, psicológicas, violencia sexual y acoso, a nivel nacional. Destacó que estos casos deben ser visibles porque un feminicidio es la agresión máxima de una mujer que ha sufrido violencia familiar, intrafamiliar, en la sociedad o en diferentes ambientes. “Normalmente las víctimas de feminicidio han sufrido agresiones constantes de sus convivientes, sus esposos o parejas sentimentales. También sus propios padres”, declaró.

En tanto, sobre la impunidad informó que el proceso penal se rige por el Código Procesal Penal y se debe cumplir cierta normativa en cuanto al plazo de la investigación: qué diligencias se deben realizar para acreditar que el delito se produjo. “El hecho de que haya una denuncia, el fiscal no puede decir que una persona sí cometió el delito porque tiene que buscar los elementos de convicción que acrediten las acciones del victimario”, comentó.

Agregó que muchas veces, si no se encuentran los elementos probatorios, el fiscal no se puede parcializar pero debe encontrar indicios que efectivamente sí lo vinculan para poder ir a un juicio.

En el caso de negligencia policial al momento de recibir la denuncia y recabar evidencia, el fiscal que dirige la investigación al identificar estas fallas tiene la facultad de comunicar a la Inspectoría para que sancione la negligencia.

Carolina Garcés, Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, explicó que los diferentes operadores de justicia deben tener una sensibilización y enfoque de género, no solo una capacitación técnica. “Se deben ver los impactos diferenciados que tiene el tema de un delito cuando la víctima es una mujer por situación de discriminación y subordinación”, dijo.

Indicó que el deber de la debida diligencia ya ha sido desarrollado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es de obligatorio cumplimiento para nuestro país en todo este tipo de sentencias, ahí se establece que una de las diferentes formas de revictimizar, dentro del sistema de justicia, es cuando no se toma la declaración de la víctima manteniendo su intimidad, cuando se le pregunta varias veces cómo fue el delito y peor si se trata de una menor, o mucho más grave es cuando se culpabiliza a la víctima y se dan sentencias con estereotipos de género.

“En el tema de los recursos no se puede decir que hay voluntad”, dijo. Explicó que en 2019 se comienza a dar presupuesto para los Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) y a la fecha “deberíamos tener 34 distritos judiciales especializados con jueces especializados, con fiscales especializados que hagan que estas situaciones no se presenten o comiencen a disminuir, pero solo hay 8; de 34 solo hay 8″, declaró.

Por su parte, Elida Guerra, Coordinadora de Litigio Estratégico e Incidencia Internacional de Promsex, consultora e investigadora en temas de Derecho Internacional de Derechos Humanos, señaló que: “En el Perú, la impunidad de casos de violencia contra la mujer contempla cifras preocupantes que nos replantean la labor de los dictadores de justicia y de las entidades estatales”.

Debido a esta impunidad muchas mujeres no acceden a la justicia. Además, han dejado de creer en la misma resignándose a no denunciar o denunciando procesos policiales adversos donde terminan siendo juzgadas, maltratadas, estigmatizadas y revictimizadas.

“La violencia contra la mujer no es solamente un problema social y jurídico -si hablamos por la impunidad- sino también el Estado tiene que promover políticas públicas que sean eficaces”, enfatizó.

Concluyó que la violencia tiene que ser combatida desde todos los frentes. Esto es responsabilidad no solamente de una institución como el Ministerio de la Mujer, sino tiene que ser una responsabilidad interinstitucional es decir que todas las entidades tienen que activar sus mecanismos.