Este jueves la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que McDonald’s cometió hasta seis infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, en torno a la investigación por la muerte de los trabajadores Carlos Gabriel Edgardo Campos Zapata y Alexandra Antonella Porras Inga, el pasado 15 de diciembre en el local de comida rápida ubicado en Pueblo Libre.
Como parte del informe de inspección se propuso una multa de S/845.670 contra la empresa Operaciones Arcos Dorados de Perú S.A., que opera la franquicia de McDdonald’s en nuestro país. Luego de que la empresa brinde sus descargos, la Sunafil hará un reporte final y determinará el monto definitivo de la sanción.
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Este informe abre un nuevo escenario para la búsqueda de justicia de las familias de los jóvenes fallecidos. Elizabeth Carmona, abogada de la familia Porras Inga, recalcó que dicho informe es un aporte dentro de la investigación que se realiza a nivel del Ministerio Público. “Nos encontramos contentos de que la Sunafil haya concluido de esa forma porque esa es la verdad y ese informe no hace más que demostrar las pésimas y graves condiciones en las que trabajan esos jóvenes en el local de McDonald’s", dijo en comunicación con El Comercio.
Precisó que hasta el momento la investigación gira en torno al presunto delito de homicidio culposo pero, tras el informe de Sunafil, se solicitará la ampliación al delito de exposición de personas al peligro. “Ojo que hay otro delito más: exposición de personas al peligro. Allí hay otro delito más, no solo homicidio culposo. Yo lo voy a llevar por el lado más grave [...], yo quiero que haya sumatoria de penas para que esto no quede impune”, argumentó. Según el artículo 128°, en el capítulo IV del Código Penal, dicho delito es sancionado con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.
Por otro lado, consideró que la multa impuesta por la Sunafil sea destinada a los deudos de los jóvenes. “Pido que el dinero que ha ordenado de multa se lo entregue a los deudos, a las mamás de estos jóvenes. Ellos (Sunafil) tienen mucha responsabilidad porque no supervisaron en su debida oportunidad”, dijo, tras puntualizar que también se debe establecer las responsabilidades en el municipio de Pueblo Libre y de los directivos de McDonald’s.
- Un aporte -
Por el lado de la familia Campos Zapata, el abogado Walter Bedriñana comentó que el informe de la Sunafil es un aporte dentro de la investigación penal pero aún hay mucho más por evaluar. “No es que el fiscal va a basarse únicamente en lo que dice la Sunafil. Puede ser uno de los elementos”, indicó, para la formulación de la denuncia.
Por lo pronto, para la defensa legal es importante determinar minuto a minuto lo que sucedió aquel domingo 15 de diciembre, cuando fallecieron ambos jóvenes tras recibir una descarga eléctrica. Esto también llevará a saber si se brindó ayuda oportuna. “Por lo que dijeron, el día domingo es que llamaron a la ambulancia privada que tienen y al seguro privado, pero lo primero que debieron hacer era llamar a los bomberos y la policía. Es lo que nos causó bastante extrañeza”, comentó.
Unos días después de este hecho, el informe pericial de la policía determinó que en el interior del local había una máquina expendedora de gaseosas que presentaba “una fuga de corriente eléctrica”.
“La máquina de bebidas Multiplex presenta un deficiente aislamiento debido a las manipulaciones y adaptaciones de accesorios del sistema, control y fuerza, por lo que la carcasa de material conductivo de electricidad presenta energización, presenta fuga de 36 mA, superando el valor máximo de 32 mA”, se indica en el informe que fue propalado por América Noticias. Por lo pronto, la investigación a cargo del Ministerio Público tendrá un plazo de 50 días.