El abogado Humberto Abanto se pronunció sobre la ubicación de su defendido, el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, hasta ahora no habido, luego que la Fiscalía lo investiga como presunto cabecilla de una organización criminal y allane su vivienda en el distrito de La Punta.
“Sí tiene que estar en el Perú”, indicó el defensor, aunque no dio más detalles de la ubicación del funcionario público ni de cuando fue la última vez que habló con él.
Abanto dijo en RPP que es “razonable” la posición de la Corte Suprema sobre que cada persona tiene derecho a ponerse a buen recaudo mientras se define su privación de la libertad porque, además, “estamos descubriendo cosas estremecedoras en este caso”.
El letrado precisó que Castillo Rojo no se encontraba en su domicilio cuando ocurrió la intervención ya que dos días antes se sometió a una operación quirúrgica de artrosis deformante. “Ya comienzan las especulaciones porque hay esta coincidencia”, puntualizó.
¿Ciro Castillo sabía del allanamiento?
En otro momento de la entrevista, Abanto sostuvo que un general de la Policía Nacional del Perú (PNP) sugirió que Ciro Castillo habría tenido conocimiento previo del allanamiento.
“Fue el general Luna quien deslizó esa información. Yo me pregunto si el general ya mandó alguna denuncia a Inspectoría de la Policía. Lo que implica una ilegalidad ya que no puede imputar algo ilegal sin una prueba en la mano”, recalcó.
Abanto cuestiona Fiscalía
Por su parte, Humberto Abanto afirmó que la Fiscalía no aportó “elementos objetivos” que sustenten las conclusiones de la resolución acusatoria contra Ciro Castillo. En ese sentido, cuestionó que el fiscal base su señalamiento de que su patrocinado lideraría una organización criminal, solo en su condición de actual gobernador regional del Callao.
Abanto añadió que ha detectado que la investigación contra su patrocinado se llevó a cabo de forma reservada durante ocho meses, lo que —según indicó— contraviene la normativa vigente. “La ley establece que se debe informar a los 20 días de iniciadas las pesquisas. Se vulnera el derecho a la defensa”, destacó.
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