Vigilados a distancia: ¿Cómo funcionan los grilletes electrónicos en el Perú?

Jorge Cuba y Edwin Luyo, exfuncionarios acusados de recibir supuestas coimas de la empresa Odebrecht, dejaron los penales Ancón I y Ancón II, respectivamente, donde cumplían prisión preventiva. Inmediatamente después, por orden del juez Richard Concepción Carhuancho, se les colocó grilletes electrónicos. Ellos permanecerán en sus domicilios bajo el sistema de vigilancia electrónica.

Este sistema, que se comenzó a utilizar en el 2017, se pensó como una alternativa que ayudara a disminuir el hacinamiento en las cárceles del país. Estas tienen capacidad total para albergar a 40 mil internos, pero hay alrededor de 96 mil. Es decir, la sobrepoblación es del 138%.

Sin embargo, solo 27 personas en todo el país (incluyendo a Cuba y Luyo) utilizan actualmente grilletes. De este total, 17 personas fueron acusadas por robo agravado.

En el caso de los dos exfuncionarios que desde ayer utilizan grilletes, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), César Cárdenas, advirtió días atrás que la ley prohíbe que procesados por el delito de lavado de activos se acojan a este beneficio y que hay un “alto riesgo" de evasión.

-VIGILADOS A DISTANCIA-

A las 11 de la mañana del 21 de julio del 2017, en su casa del Rímac, un agente del INPE le quitó las esposas a Sara Salazar Salazar y le colocó un grillete encima del tobillo. Ella fue la primera interna beneficiada con este sistema de vigilancia. Había estado 18 meses presa en el penal de Santa Mónica por el delito de estafa, y en la cárcel estudió cosmetología. Por su buen comportamiento, el Poder Judicial determinó que Salazar, madre de cuatro hijos, permanezca en su vivienda.

Aquel día, quizá en un exceso de entusiasmo, el entonces presidente del INPE, Carlos Vásquez, dijo a los periodistas: “Esperamos que a diciembre de 2018 tengamos 5 mil presos con arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica”. A fines del 2019, no llegan ni a 30.

En setiembre de ese mismo año, Johnny Vicente Páucar Valencia, quien cumplía prisión efectiva de seis años en el penal Miguel Castro Castro por el delito de robo, fue la segunda persona a quien se le colocó un grillete. Él había trabajado en el taller de cerámica del penal y había superado el tratamiento de su proceso resocializador. Por tal razón, se le permitió desplazarse de su casa en San Miguel hacia su centro de trabajo, en el mismo distrito, únicamente por vías previamente autorizadas por el Poder Judicial.

Este año, los funcionarios del INPE encargados de supervisar el uso correcto de los grilletes detectaron que Páucar había incumplido con desplazarse solo por las rutas autorizadas, y dieron aviso al Poder Judicial. Según alegó el reo, fue a visitar a familiares. Según las autoridades penitenciarias, no haber pedido autorización expresa era una falta grave que ameritaba que regresara al penal. Finalmente, el juez que evaluó su situación dictaminó que regresara a su vivienda con el grillete. Le dieron otra oportunidad.

Otro caso similar, pero con distinto desenlace, fue el de Lina Giovana Rosales Aquino. El 30 de enero del 2019, el Quinto Juzgado de San Juan de Lurigancho decidió que dejara el penal y cumpliera el resto de su condena en su casa. Solo podría salir para acudir a chequeos médicos en un centro de salud cercano. Al poco tiempo, el Centro de Vigilancia Electrónica Personal del INPE detectó que ella no cumplía con seguir las rutas permitidas para el uso del grillete, y avisó al Poder Judicial. En mayo, el juzgado dictó que ella continuara con los grilletes.

Pocos meses después, en julio, las computadoras que realizan el monitoreo recibieron otra alerta emitida por el dispositivo que portaba Rosales: era de noche y ella continuaba fuera del rango de ubicación permitido. Cuando los agentes del INPE fueron a ver qué ocurría, la encontraron en la comisaría de Santa Elizabeth, detenido junto a otro sujeto. A ambos los acusaron de robar un celular al paso.

Aunque no se demostró que ella hubiera participado en el robo, sí quedó claro que no respetaba los parámetros judiciales para el uso del grillete. El INPE pidió “la inmediata revocatoria de la medida de vigilancia electrónica personal de la sentenciada para que cumpla de forma efectiva su pena privativa de libertad”. El Poder Judicial aceptó el pedido, y Rosales regresó al penal.

Un caso más reciente fue el de Pedro Pérez Miranda, ‘Peter Ferrari’, investigado por lavado de activos provenientes de la minería ilegal, quien iba a salir en libertad en setiembre de este año, luego de que venciera el plazo de prisión preventiva en su contra. El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 12 meses de impedimento de salida del país, y también determinó que el procesado use un grillete electrónico durante el mismo período.

Sin embargo, esto no se concretó debido a que, cuando un equipo de la policía acudió a la vivienda donde Pérez indicó que se establecería, comprobó que no había una buena señal de Internet, lo cual ponía en riesgo la efectividad del grillete. Además, según fuentes policiales, se detectó que había un helicóptero particular cerca de su vivienda, y esto causó todo tipo de suspicacias. Finalmente, Pérez sigue en el penal.

Días atrás, en entrevista para este Diario, el titular del INPE, César Cárdenas, dijo que “genera un alto riesgo de evasión” la orden de que Cuba y Luyo utilicen el sistema de vigilancia electrónica. “Ningún grillete podrá impedir que alguien se escape”, dijo finalmente.