La xenofobia en el discurso de los políticos: Desde Pedro Castillo hasta Álvaro Paz de la Barra

Con la delincuencia golpeando todos los días y con los vecinos reclamándoles a sus autoridades que hagan algo, nuevamente empiezan a sonar propuestas de alta popularidad, pero que en la práctica no resolverían el problema y más bien lindan con el sinsentido y la xenofobia.

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La más reciente de estas es la del alcalde de La Molina. Hace pocos días, Álvaro Paz de la Barra planteó restringir de forma temporal a los ciudadanos extranjeros la posibilidad de realizar trabajos en mototaxi, taxi y servicio delivery. Esta medida es, afirma, para reducir el número de asaltos en la ciudad.

“La delincuencia se camufla cuando hay un vacío normativo”, dijo y explicó que no ha habido una política migratoria clara y, en su opinión, eso ha generado que muchos extranjeros se dediquen a robar y a matar en el país.

Según Paz de la Barra, la propuesta del Ejecutivo de prohibir la circulación de dos personas en una moto estigmatiza a los motociclistas como delincuentes y, en su opinión, es más efectivo poner restricciones a los extranjeros.

“Esto [su propuesta] no es xenofobia, sino que no podemos atentar contra millones de propietarios de motos que usan su vehículo como un medio de transporte. No podemos estigmatizarlos, cuando no ha habido una política migratoria clara”, dijo.

El exviceministro de Seguridad Pública Nicolás Zevallos consideró que la propuesta de Paz de la Barra es “inviable” desde lo operativo (sería muy difícil controlar que extranjeros presten estos servicios) y desde lo legal (no es posible que una norma le prohíba a una persona realizar cierta actividad por su nacionalidad).

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La propuesta no tiene sentido, además, porque los extranjeros participan en un porcentaje menor de todos los robos que se cometen en el país, explica.

“Esta no es la primera vez que un político apela a este discurso y lamentablemente dudo que sea la última. Medidas de esta naturaleza no tienen ningún efecto. La última vez que se implementó algo así fue durante la gestión de Martín Vizcarra, que expulsó a venezolanos. La incidencia delictiva no varió mucho. Habría que ver los datos”, comenta.

Reconoce que con la migración hay algunas prácticas o modalidades delictivas que llegaron al país como el robo organizado de relojes costosos, pero dijo ante eso la PNP tiene que adaptarse y combatir a esos criminales.

“La migración venezolana tiene que abordarse como un tema humanitario. Eso requiere un tipo de políticas que no estamos, al parecer, dispuestos a asumir. Lo segundo es que más allá de su nacionalidad el asunto de los robos tiene que ver una cuestión de oportunidad: hay mucho desorden en el comercio, en el transporte, y eso genera espacios donde pueden delinquir. En eso los alcaldes deberían preocuparse”, opina Zevallos.

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Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, califica de xenófoba esta propuesta al crear una idea negativa sobre los migrantes y refugiados en el país.

“Este tipo de discursos, cuando vienen de autoridades, son muy dañinos porque provocan actitudes hostiles contra estas personas y las aleja de los medios formales para trabajar”, señala.

También dice que propuestas como la de Paz de la Barra no tienen ninguna base fáctica que pudiera darles sustento. “No representa más que una fórmula o un discurso o una representación equivocada de los migrantes”.

Castillo explicó que en casos como estos la Defensoría del Pueblo remite oficios a estas autoridades informándoles sobre la posición de la entidad frente a este tipo de propuestas o acciones. Dijo que hace algunos días hicieron lo mismo con el alcalde de Arequipa.

Políticos y xenofibia

Esta no es la única propuesta que políticos peruanos han hecho en este sentido, pese a que estigmatiza a los migrantes y refugiados en el país. El alcalde provincial de Huancayo, Henry López Cantorín, dijo en el 2019 que a través de una ordenanza registraría a los extranjeros y que buscaba que su jurisdicción quede “libre de venezolanos”. A raíz de estas declaraciones, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo le abrió una investigación por el delito de discriminación.

Ese mismo año, el Consejo Regional del Cusco aprobó una ordenanza que estableció como una falta muy grave el despido de un trabajador peruano para contratar de inmediato a extranjeros, en condiciones de subempleo. Frente a esta norma, las autoridades del Ministerio de Trabajo dijeron que interpondrían una demanda de inconstitucionalidad.

La Municipalidad Distrital de Marcona (Ica) anunció en marzo del 2021 en sus redes sociales que haría un empadronamiento de extranjeros residentes en su jurisdicción. La defensoría les aclaró que los municipios no son competentes en el empadronamiento de extranjeros y que más bien esa era una medida discriminatoria.

Por esos días, el entonces candidato presidencial por Somos Perú, Daniel Salaverry, discutió en la vía pública con un ciudadano venezolano. En el video que registró el incidente, al también excongresista se le observa bajar de su vehículo y enfrentarse al extranjero.

“¿Qué crees, que te tengo miedo? Anda a hacer lo que quieras a tu país, crees que estás en tu país?”, le dijo y luego le increpó: “Los voy a expulsar a todos los delincuentes de m... ¿Valiente te crees?”. Como parte de su campaña política, Salaverry venía ofreciendo la expulsión de los venezolanos que cometan delitos.

Se debe mencionar que el primer Mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo para acabar con esta larga lista de políticos que cada vez que han debido hablar sobre el problema de la delincuencia en el Perú han sacado el tema de los migrantes. El 28 de julio del 2021, el mandatario dio un plazo de 72 horas para que los delincuentes extranjeros dejen el Perú, una exhortación que no se cumplió y que a lo largo de su gestión no la ha ejecutado. Hubo un intento de expulsión de un grupo de extranjeros, pero esta se frustró por coordinaciones con el Gobierno de Venezuela.

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