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El aniversario de Lima ha sido una buena oportunidad para festejar. También para evaluar la marcha de la ciudad. Qué mejor manera de hacerlo que recogiendo la opinión de quienes la gozan y la sufren diariamente. Es lo que acaba de hacer por quinto año consecutivo Lima Cómo Vamos, observatorio ciudadano sobre la calidad de vida en Lima, integrado por la Asociación Unacem, Transparencia, el Grupo RPP y la PUCP.
Hay que agradecerle por ello, pues sus encuestas constituyen un valioso referente tanto para autoridades como para medios de comunicación, la academia y las organizaciones de la sociedad civil que hacen un esfuerzo por incidir en las políticas públicas urbanas.
El dato más importante de la encuesta es el índice de satisfacción con Lima como una ciudad para vivir. El último año el índice mejoró, pasando del 49,2% en el 2013 al 53,5% en el 2014; no obstante, si se comparan ambos resultados con los de los años 2010 (58,9%), 2011 (60,3%) y 2012 (60,7%), la satisfacción de vivir en Lima retrocedió. Estos índices son bajos y solo ligeramente superiores a los de la insatisfacción.
Contrastan claramente con la percepción de progreso de los limeños, con el optimismo sobre el futuro económico de sus familias y el orgullo que sienten por su ciudad. ¿Qué explica, entonces, esta alta insatisfacción? La subsistencia de serios problemas que afectan la calidad de vida, siendo los principales la violencia y el delito, el transporte público y la contaminación ambiental.
La amenaza de ser despojado, la tortura de perder horas en un tráfico endemoniado, y la contaminación sonora y del aire en una ciudad de pocos árboles y áreas verdes impiden que la gente disfrute del progreso económico que con gran esfuerzo viene logrando. Son problemas que la gente sola no puede resolver; corresponde hacerlo a sus autoridades. La incapacidad de estas o su lentitud alimentan la insatisfacción.
Otros problemas, como el comercio ambulatorio y la limpieza pública, fueron en su momento abordados con éxito por las autoridades municipales y, aunque no han desaparecido, dejaron de ser los más importantes. Bastó afirmar la autoridad municipal en el espacio público y concesionar los servicios de recojo de basura. La delincuencia y el transporte, en cambio, no son responsabilidad exclusiva de los gobiernos municipales, que no tienen las herramientas ni los recursos financieros para resolverlos.
Para abordar estos temas con seriedad se requiere una alianza entre el gobierno metropolitano y el nacional, que podría plasmarse en dos grupos de trabajo permanentes que involucren al alcalde de Lima y a los ministros competentes para ver los temas de seguridad y transporte público.
Un punto de partida podría ser el Plan Regional de Desarrollo Concertado al 2025, aprobado por el Concejo Metropolitano en febrero del 2013, y el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao al 2035, aún no aprobado.
