La tragedia de Retamas (Pataz, La Libertad) se puede repetir en cualquier momento. Ayer, los socorristas lograron encontrar otros dos cuerpos de personas que quedaron sepultadas por el derrumbe de un cerro, ocurrido el último martes. En total son ocho las víctimas mortales, entre ellas al menos tres niños.
En este lugar, el peligro había sido advertido 13 años atrás. Retamas es una comunidad de la sierra de La Libertad (a 17 horas de Trujillo por carretera) cercana a importantes asentamientos mineros auríferos: Horizonte, Poderosa y Marsa. La población, en su mayoría dependiente de la actividad extractiva, construyó sus casas en empinadas laderas. Pese al peligro, ahí se han levantado hasta edificios de ocho pisos.
El ingeniero Lucio Medina, el mismo que viajó esta semana a Retamas, fue el que advirtió el peligro en el 2009. En aquel año, en la misma localidad, se había producido un deslizamiento que sepultó a nueve personas y destruyó 25 casas. Desde entonces, poco o nada se hizo para reubicar a la gente. Por el contrario, se siguió construyendo.
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Lamentablemente, esa es la historia de cientos de comunidades del país que están en riesgo identificado y declarado. Según los estudios del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), en el Perú se han identificado al menos 1.902 zonas críticas por peligros geológicos, es decir, por existir un alto riesgo de derrumbes, deslizamientos, huaicos, caída de rocas, erosión de bordes ribereños y otros.
Solo en los puntos críticos identificados por esta entidad, más de 745 mil personas están en riesgo y más de 159 mil viviendas sufrirían los efectos de estas emergencias. En estos días hay mayores riesgos porque las lluvias se han intensificado en varias partes del país, especialmente en la sierra.
El ingeniero Segundo Núñez Juárez, de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del Ingemmet, afirma que hay muchos casos parecidos al de Retamas. En Socosbamba (Mariscal Luzuriaga, Áncash) hubo un deslizamiento en 1972 y en 1974 el entonces Servicio Geológico del Perú pidió la reubicación, pero solo algunos se fueron. En el 2015, ocurrió un nuevo deslizamiento en la zona, lo que dejó más de cien casas destruidas. “Todo el país está lleno de puntos rojos [zonas críticas]. Hay mucha gente que necesita ser reubicada. Solo en Lima son más de cien áreas críticas: Chosica, Ventanilla, Villa El Salvador, en las pampas Punta Hermosa, las quebradas en la frontera entre San Juan de Lurigancho y Huarochirí, etc.”.
Otro caso que recuerda es el de Mirave (Ilabaya, Tacna). En el 2015, el Ingemmet había pedido la reubicación de toda la localidad, luego de un pequeño huaico. Nadie se movió y en el 2019 llegó un gran alud que sepultó a todo el pueblo. Más de 400 familias vieron la destrucción de sus viviendas, pero la historia habría sido peor si un estadio aguas arriba de la quebrada no hubiese quedado inundado. Eso salvó la vida de muchos. Esta zona está en proceso de reubicación.
Leyes y soluciones
El Perú tiene una ley de reubicación para familias que viven en zonas con riesgo no mitigable, pero hay muchos problemas para ejecutarla. Gilberto Romero, del Centro de Estudios de Prevención de Desastres (Pedres), explica que son pocos los esfuerzos de relocalización y a eso se suma que muchas veces la población en riesgo se resiste a dejar su lugar porque la envían a una zona distante, se aleja de su actividad económica y no está dispuesta a abandonar la casa en la que invirtió.
“Debe haber una política preventiva. A las personas que viven en zonas peligrosas se les debe alertar para que en temporadas de lluvias dejen sus viviendas y se trasladen a módulos o casas de familiares. De eso y de las alertas tempranas deben encargarse los municipios”, comenta Romero.
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Sobre el tema preventivo, Romero considera que debería terminar de elaborarse una política de ordenamiento territorial. Eso debe ir acompañado del reforzamiento de las capacidades de los municipios, que son los actores que harán cumplir esta normativa en sus territorios, una situación que no ha venido ocurriendo y ha provocado el caos de hoy.
El ingeniero Miguel Estrada, del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid), de la UNI, responsabiliza a las gestiones municipales de las últimas décadas por haber permitido la ocupación de zonas de riesgo en sus jurisdicciones. “La ocupación de laderas y otras zonas peligrosas es un problema técnico, económico, social y político que muchas autoridades no quieren enfrentar”, sostiene Estrada.
Sobre la solución que se puede dar a las poblaciones asentamientos, Estrada explica que existen soluciones desde la ingeniería. Se pueden realizar obras de estabilización de laderas, reforzamiento de viviendas, estabilización de taludes; sin embargo, en algunos casos estos proyectos resultan muy costosos y lo más viable es la reubicación de las familias a zonas más seguras. “Son vario factores los que se analizan”, comenta.
En estos días, existe riesgo de nuevos derrumbes, huaicos o deslizamientos en varias regiones de la sierra del país, debido al incremento de las lluvias. Según el Senamhi, hay mayor riesgo en estos 12 departamentos: Áncash, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura, San Martín y Tumbes.
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