Militares en las calles: las claves de este polémico pedido

PAOLO RIVAS L/PIERINA CHICOMA C.

La reciente encuesta de El Comercio hecha por Ipsos revela que los limeños consideran que la participación del Ejército Peruano sería una solución contra la inseguridad ciudadana. Según el sondeo, el 87% cree que los militares deberían patrullar las calles; el 94%, que debería declararse estado de emergencia en zonas críticas de la capital; y el 86%, que se debería imponer el toque de queda en las zonas más peligrosas de la ciudad.   

Asimismo, la encuesta señala que, en todos los casos, las cifras no muestran variaciones mayores al 5% tanto en los distintos niveles socioeconómicos (NSE) como en la edad ni el sexo de los entrevistados. Por ello, es plausible sostener que la opinión de los limeños refleja casi unánimemente una profunda desconfianza en las capacidades de la policía para resolver los problemas de inseguridad. 

1. REGLAS DIFERENTES
La intervención del Ejército para resguardar la seguridad de las calles implicaría ampliar su marco de acción. El mismo está restringido a la lucha contra la subversión y a la defensa de recursos estratégicos para el Estado cuando la policía se ve superada, según Alonso Gurmendi, especialista en derecho internacional humanitario. 

Aclaró además que las formas de proceder, los métodos de intervención y los reglamentos de acción de la policía no son compatibles con los del Ejército. “Tratar de forzar el ingreso de militares en las funciones netamente policiales sería jugar con fuego, porque cambiar la mentalidad de un soldado no es sencillo”, agregó Gurmendi.

2. ALCALDES RESPONSABLES
Federico Tong, experto en temas de seguridad ciudadana, calificó de irresponsables a los alcaldes que azuzan a los ciudadanos al insistir con el pedido de que las Fuerzas Armadas deben ingresar a sus distritos para velar por la seguridad. 

“Los alcaldes no deberían ser los que convoquen a las FF.AA., sino los que rindan cuentas a la población sobre qué acciones se están tomando para mejorar la seguridad, así como fomentar medidas preventivas por aplicarse en zonas críticas”, argumentó.

Tong explicó que la encuesta de El Comercio-Ipsos demuestra que hay una actitud poco responsable de los burgomaestres al contribuir a un clima de alarma en sus afanes por buscar soluciones.

“La población tiene todo el derecho de decir cómo se siente, pero corresponde a las autoridades garantizar su tranquilidad. Deben recordar que fueron elegidas para gobernar y no para agitar, sobre todo en un clima de pánico como el que se vive en algunas zonas”, sostuvo el especialista. 

Asimismo, puntualizó que las medidas que solicitan algunos alcaldes distritales son efectistas y no solucionarán el problema de inseguridad. Para hacer valer su argumento, citó como ejemplos a Brasil y El Salvador, países donde se movilizó a los militares en las ciudades con un buen resultado momentáneo, pero no duradero. 

3. ESTADO DÉBIL
La baja confianza en las instituciones que administran justicia y seguridad es un serio problema para el asentamiento de la democracia en el Perú, de acuerdo con la especialista en gobernabilidad democrática Patricia Zárate. 

“Tradicionalmente, los militares siempre han sido mejor vistos que el resto de instituciones del Estado en el Perú, lo cual no significa que la gente entienda cuáles son las reales implicancias de la participación militar en el control del orden interno”, señaló la experta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). 

Asimismo, afirmó que tanto en el Perú como en el resto de América Latina la alta aprobación de los militares parece estar más relacionada con una antigua falsa percepción –viva hasta hoy– de que durante los distintos regímenes autoritarios que existieron en la región no hubo ni crimen ni desorden en las ciudades.
 
“Las Fuerzas Armadas que gobernaron las principales ciudades hace muchos años no estaban sujetas a ningún tipo de control democrático que contrapesara sus acciones. Tampoco fueron autoridades elegidas, por lo que no se les podía exigir que sus medidas fueran transparentes. Su participación siempre significó un riesgo de vulneración de los derechos humanos de los ciudadanos”, indicó la investigadora.

Para Zárate, estas estadísticas son el reflejo de una situación extrema: la ciudadanía busca medidas radicales para solucionar sus problemas, como la inseguridad ciudadana, pero no trata de ser parte de la solución. 

“Por ejemplo –dijo–, los ciudadanos exigen a un Estado endeble que cumpla su rol de protector eficientemente, mientras que no pagan impuestos, ni desean participar activamente en política ni eligen bien a sus autoridades”.