A cada lado de las quebradas debería haber un retiro de 15 metros sin construir. En Lurigancho-Chosica, esto no se respeta. (Foto: Archivo El Comercio)
A cada lado de las quebradas debería haber un retiro de 15 metros sin construir. En Lurigancho-Chosica, esto no se respeta. (Foto: Archivo El Comercio)
Jorge Falen

La actual temporada de lluvias y huaicos que golpea al país ha alcanzado niveles críticos. Según el Instituto de Defensa Civil (), ambos fenómenos han dejado a la fecha 26 fallecidos, 1.759 damnificados y casi 8 mil afectados. En tanto, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres (Cenepred), entidad adscrita al Ministerio de Defensa, estima que solo para esta semana 1,8 millones de personas que viven en 327 distritos de la zona norte y centro están en un riesgo “muy alto” ante deslizamientos. 

Frente a este escenario, la prevención en la capital del país es casi nula. Según el Cenepred, ninguno de los 43 distritos limeños muestra avances notorios en la puesta en marcha del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Planagerd).



Este documento –aprobado en el 2014 durante el gobierno de Ollanta Humala– formula acciones para reducir la vulnerabilidad frente a desastres como sismos, lluvias, inundaciones o tsunamis.  

El Planagerd es una especie de manual orientado a la etapa de prevención que todas las municipalidades y gobiernos regionales –entre otras instituciones– deben cumplir. Propone el conocimiento de riesgos, la capacidad de respuesta y recuperación de zonas afectadas, el desarrollo de habilidades institucionales en gestión de riesgos, así como la participación de la población. 

—Cifras en rojo—

La Municipalidad de Lima lidera el cumplimiento en el ámbito metropolitano, con un 33% de avance en la implementación del plan [ver infografía]. Sin embargo, esta cifra es considerada “regular” por el Cenepred.

La situación en los distritos es aún más crítica. Todos reportan avances menores al 25%, y están considerados en un nivel “de inicio”. Según ese ente, una política de gestión de riesgos es calificada de buena o satisfactoria cuando el avance sobrepasa el 50% y el 75%, respectivamente.  

—Diferencias por zonas—

Pese a que los resultados son bajos, existen diferencias según la vulnerabilidad de la zona. Lurigancho-Chosica –uno de los distritos limeños más golpeados por El Niño costero– ostenta el mayor avance a nivel distrital, pero solo con el 29% de cumplimiento.  

De acuerdo con el estudio, las principales fortalezas de esta localidad radican en una correcta identificación de riesgos y en la respuesta rápida frente a desastres. Pero carece de capacidades institucionales para gestionar el riesgo de desastres y la recuperación física y económica. La lista continúa con Carabayllo (25%) y distritos de Lima moderna como San Isidro (25), Jesús María y La Molina, ambos con 23%. 

En contraste, 21 municipios presentan un avance del plan menor al 10%. Entre estos, destacan Cieneguilla, Lurín, San Bartolo, Punta Hermosa, Puente Piedra y Chaclacayo. Estas localidades son afectadas por la activación de quebradas en las cuencas de los ríos Lurín, Chillón y Rímac. 

—Reto por delante—

Para Gilberto Romero, presidente del consejo directivo de Predes, el Planagerd es uno de los principales instrumentos de la política nacional de gestión de riesgos que debe ser adaptado a la realidad de cada municipio. Para ello, los gobiernos locales deben contar con la asesoría del Ejecutivo y las regiones.  

“Es fundamental que cada municipio tenga su mapa de riesgos y sus estudios de zonificación. Esto es la base para la planificación del territorio. En algunos municipios rurales, que no cuentan con ingenieros, deben pedir a su gobierno regional que los haga”, explica.

Agrega que, además del planeamiento, las autoridades edilicias deben afrontar la reubicación de las poblaciones asentadas en zonas altamente riesgosas, tomando en cuenta un enfoque multisectorial.  

“El reasentamiento es algo costoso y se tiene que considerar las características de la población por beneficiar. Esto requiere de estudios antropológicos, económicos y sociales”, precisa Romero. 

- Crearán una entidad para gestión de riesgos -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que instalará una secretaría de ordenamiento territorial y de gestión de riesgo de desastres. Precisó que esta entidad entrará en funcionamiento en abril y reforzará el rol de la prevención. Estará adscrita al Viceministerio de Gobernanza Territorial.  

El anuncio fue hecho por el titular de este viceministerio, Raúl Molina, quien explicó que esa entidad abordará el ordenamiento territorial basado en un enfoque de gestión de riesgos.

“La idea es que la futura secretaría sea una entidad rectora que defina las políticas que todas las entidades del sector público deben seguir para reducir y prevenir los desastres”, señaló a El Comercio.  

Añadió que si bien la prevención está a cargo del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres (Cenepred), esta en la práctica debe extenderse a otras instancias del Ejecutivo, gobiernos regionales, municipalidades y sociedad civil.

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