El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) emitió un pronunciamiento tras el colapso del techo del centro comercial Real Plaza de Trujillo, ocurrido el pasado 23 de febrero, tragedia que dejó seis fallecidos y más de 80 heridos. El derrumbe de la estructura metálica en el patio de comidas ha generado una ola de cuestionamientos sobre la seguridad en edificaciones comerciales y la fiscalización de las mismas.
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El CIP expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, al tiempo que exigió medidas urgentes para mejorar los estándares de seguridad estructural en el país. Asimismo, reiteró la necesidad de una supervisión más estricta en la construcción y mantenimiento de grandes edificaciones.
El Colegio de Ingenieros advirtió que la normativa actual no obliga a la participación de ingenieros civiles en los procesos de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), lo que compromete la rigurosidad de las evaluaciones estructurales. En ese sentido, instó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a modificar el Decreto Supremo N° 002-2018-PCM para garantizar revisiones más estrictas y evitar tragedias similares en el futuro.
El pronunciamiento del CIP se da en un contexto en el que diversas municipalidades han comenzado a realizar inspecciones en otros centros comerciales del país, detectando una serie de irregularidades en la seguridad de sus infraestructuras.
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Además de señalar deficiencias en la supervisión de construcciones, el Colegio de Ingenieros solicitó al Congreso de la República el retiro inmediato de los proyectos de ley N° 9112-2024-CR y N° 7422-2023-CR, así como la derogación de la Ley N° 31914. Según el CIP, estas normativas reducen los estándares de seguridad en edificaciones y ponen en riesgo la vida de los ciudadanos al flexibilizar la fiscalización municipal sobre estructuras comerciales.
Finalmente, el CIP ofreció su apoyo a las autoridades para conformar una mesa de trabajo con el fin de discutir mejoras en las regulaciones de construcción y certificación de seguridad en el país. “La seguridad en las edificaciones es un derecho fundamental que debe ser garantizado tanto por el sector público como por el privado”, resaltaron en el comunicado.
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