Caída de puente Solidaridad causa perjuicio de más de S/5 millones

A poco más de un año de su caída, el Puente Solidaridad -que colapsó en Lima tras los embates del Fenómeno del Niño el 2017- vuelve a hacer noticia hoy con el informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República. La investigación, que implica a 9 funcionarios de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima, Emape, halló graves irregularidades tanto en el proceso de licitación como en la ejecución de la obra, ello incluye falsificación de documentos y presunto direccionamiento en favor de la empresa constructora.

Según cálculos de la entidad, se estima en S/ 4´971,204 el monto del perjuicio económico luego de la caída del puente ubicado sobre el río Rímac en el distrito de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, se calcula que la pérdida es aún mayor al implicar gastos como “el costo por el servicio de desarticulación de la estructura colapsada [S/ 396,600] que se constituirá en perjuicio cuando se efectúe el pago”.

-Licitación direccionada-
Según la investigación de la Contraloría, durante el proceso de licitación, el comité evaluador de Emape, admitió “la propuesta del postor único Constructora e Inmobiliaria AL&M S.A.C. que no cumplió con los requerimientos técnicos mínimos”. De esta manera AL&M continuó en el concurso y “a pesar de que no cumplía con el factor ´experiencia y calificaciones del personal propuesto´” la empresa recibió puntaje favorable y pasó a la segunda fase del proceso.

Durante la etapa de “evaluación económica”, AL&M presentó “una carta fianza de seriedad de la oferta que no garantizaba al postor [AL&M], sino a una empresa distinta”. Sin observar ello, EMAPE y AL&M firmaron contrato “para ejecutar la obra, sin corresponder”. El monto ascendió a S/ 3´898,294.

Los peritos de la Contraloría determinaron, además, un posible direccionamiento de la licitación. Así, se encontró que en “en la fase de actos preparatorios […] sin justificar su necesidad, se incluyó en las bases administrativas, requerimiento técnico mínimo desproporcionado y restrictivo”. Por ejemplo, cita el documento, se exigió “un taller de maestranza con área mínima de 5000 m2, que cumplía el único postor que se presentó”.

Un elemento grave fue el hallazgo de documentos fraguados. A través de una carta a Contraloría, Walter Barrenechea Soto, supuesto interesado en el concurso según los documentos de EMAPE, señaló que le falsificaron su firma, su sello y membrete. “De este modo se acredita que el supuesto participante no intervino en el proceso de selección, demostrándose que el documento de consulta, presuntamente falso, sirvió para simular la pluralidad de postores”, se lee en el informe de Contraloría.

-Obra sin ingenieros-
La investigación también determinó que además de que la empresa AL&M no presentó los ingenieros con la experiencia requerida en la base, varios de estos no estuvieron presentes en la obra: “consintieron que el contratista vulnere las condiciones contractuales al no observar ni exigir la intervención de los profesionales propuestos, tal como el ingeniero civil con especialidad en hidráulica, a pesar de ser imprescindible su participación […] y permitir el reemplazo del asistente de obra […] por personas que no contaban con título profesional, ni colegiatura”.

Se halló que Edgar Rodríguez Zubiate, supuesto ingeniero de AL&M, “informó a la comisión auditora […] que no firmó ningún documento de consentimiento, autorización, ni carta de compromiso para trabajar en calidad de asesor para le empresa AL&M, y que durante la ejecución de la obra no participó como asesor o similar”.

-Responsables-
Son 9 funcionarios de Emape sobre quienes se ha encontrado responsabilidad administrativa y penal. Entre las faltas citadas por el informe de auditoría, está que no se adoptaron “acciones para comprobar la verdad de los ensayos de laboratorio que resultaron adulterados y falsos, los cuales sirvieron para sustentar la calidad del concreto y compactación del suelo”. Además, “valorizaron, recepcionaron y tramitaron el pago de trabajos no ejecutados”.

Uno de los funcionarios involucrados es José Justiniano Martínez “en su condición de jefe de Departamento de Ingeniería de la Gerencia Técnica de EMAPE”, quien se hizo fama tras la frase de que el puente no había caído sino que se había desplomado. Justiniano habría pasado por alto una serie de irregularidades, pese a su función gerencial en la entidad municipal. Justiniano, además, fue parte del comité evaluador que dio la buena pro de la obra.

-Expediente deficiente-
Los hallazgos de la Contraloría fueron notificados a la Municipalidad de Lima el 8 de mayo pasado. En apariencia, la obra de construcción habría nacido muerta desde su concepción. Dice la Contraloría que “expediente técnico del puente Solidaridad elaborado por el Consorcio Dina Carrillo Parodi-Oscar Muroy Muroy, fue aprobado por EMAPE con deficiencias”.

Se indica, por ejemplo, que se modificaron los planteamientos “del estudio de hidrología e hidráulica”, se redujo la “protección de la estructura y la estabilidad del puente” propiciándose así la caída del puente. Además, se trabajó una “cimentación superficial” cuando esta debió ser a profundidad al tratarse de un puente sobre río.

En entrevista con El Comercio, el ingeniero Carlos Bringas, gerente de Infraestructura de EMAPE, señaló que “el colapso del puente Solidaridad obedeció a un hecho fortuito de una situación totalmente inusual". Aunque afirmó que el informe de la Contraloría deberá ser analizado por el Poder Judicial, donde se investiga el caso, tomarán en cuenta las conclusiones del informe: "[es] el órgano de control llamado a intervenir en todo proceso investigatorio en una gestión pública, entonces no podemos ignorarlo".

No respondieron nuestras solicitudes de entrevista la ingeniero Dina Carrillo Parodi ni la empresa AL&M.