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El Poder Judicial (PJ), a través de su Consejo Ejecutivo, dispuso la designación de jueces de emergencia penitenciaria para que resuelvan, de manera simplificada y con celeridad, la situación jurídica de los internos (sentenciados y con prisión preventiva), a fin de contribuir al descongestionamiento de los penales del país y evitar la propagación del coronavirus (COVID-19).
El órgano de gobierno judicial también acordó la designación de jueces de emergencia de centros juveniles, con sus respectivos asistentes, para tramitar el cese de la medida de internamiento preventivo y variación de la medida socioeducativa impuesta a los adolescentes infractores.
El Poder Judicial precisó que los internos beneficiados con las medidas son los procesados y sentenciados por delitos de mínima lesividad, de acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1513.
"No están comprendidos los sentenciados o procesados por delitos graves como: contra la vida, el cuerpo y la salud; contra la familia, contra la libertad, contra el patrimonio, contra la seguridad pública", señaló el Poder Judicial.
Además, aclaró que tampoco se verán beneficiados los encausados o sentenciados en cárcel por delitos contra la tranquilidad pública, contra la humanidad, lavado de activos, crimen organizado, corrupción, contra los poderes del Estado y el orden constitucional, entre otros.
-MEDIDAS-
El CEPJ acordó remitir un oficio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que habilite las salas de audiencias en cada centro juvenil y las implemente con equipos de audio y video, recursos tecnológicos y personal indispensable a fin de viabilizar las audiencias virtuales que realicen los jueces de emergencia competentes.
También ordenó que las cortes superiores, en coordinación con la Gerencia General del Poder Judicial, adopten las medidas que aseguren a los jueces tener los medios electrónicos y tecnológicos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
De igual modo, dispuso otorgar adecuados equipos de bioseguridad al personal que brinda apoyo en las salas de audiencia de los establecimientos penitenciarios para controlar o mitigar los riesgos de contagio por COVID-19.
