Declaratoria de emergencia en SJL, SMP y Sullana: las razones, implicancias y reacciones tras el anuncio de esta medida

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La mandataria señaló que esta disposición es uno de los acuerdos adoptados ayer (lunes), en la sesión del Consejo de Ministros, en la cual participó de manera remota, ya que se encuentra actualmente en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) a fin de participar en una actividad de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Boluarte precisó que la declaratoria de emergencia permitirá que miembros de las Fuerzas Armadas brinden apoyo a la Policía Nacional en los tres distritos mencionados. “Hemos decidido, esta mañana, declarar en estado de emergencia, en esa lucha contra la criminalidad, a tres distritos: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana. De esta manera, vendrá el Ejército peruano como apoyo a la Policía Nacional, todo dentro del marco legal que ambas instituciones tienen”, declaró para TV Perú Noticias.

Vale decir que esta medida se toma luego de que la noche del pasado viernes, se produjera un atentado en los exteriores de la discoteca Xander’s, en San Juan de Lurigancho. Una persona no identificada dejó una granada en la puerta del local. La explosión del artefacto dejó varios heridos, entre ellos dos menores de edad y algunos transeúntes que pasaban por la zona.

El objetivo habría sido amedrentar al cantante de cumbia Sergio Romero, conocido como ‘Chechito’, quien anteriormente venía siendo amenazado por mafias extranjeras que le solicitaban un pago de S/ 300 mil soles para no atentar contra su vida o la de su familia.

Asimismo, un hecho similar ocurrió dos días después, en San Juan de Lurigancho. Delincuentes hicieron estallar un explosivo en el segundo piso de un establecimiento ubicado en la zona de El Muro. En dicho local se había presentado la agrupación ‘Los Chicos de la Cumbia’, Cinco personas resultaron heridas.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se mostró a favor de la medida anunciada por la presidenta Boluarte y así lo hizo saber a su salida de la inauguración de una unidad de flagrancia delictiva en el Cercado de Lima. Expresó que prácticamente las calles atraviesan una situación de “terrorismo urbano”, debido a los altos índices de delincuencia.

“Estamos ya en una situación de terrorismo urbano. La policía tiene que volver a tener su respeto, no puede ser que un policía vaya a la cárcel por hacer su labor. Un tema importante también es el de las penas, no puede ser que alguien por tener 16 años no tenga pena efectiva. Otro tema son los penales; El Frontón hay que volverlo abrir”, comentó.

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Sobre la presencia de militares en las calles, el burgomaestre mencionó que estos cumplirán un rol disuasivo y que su presencia resulta vital en distritos como San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, así como en las zonas mas altas de Lima donde no llegan los patrulleros ni la seguridad.

“No nos tomen el pelo, cuando hablamos de FF.AA. estamos hablando de que llevarán a cabo un rol disuasivo. También habría que poner tanquetas. Tener militares y tanquetas toda la noche y en las zonas mas altas de Lima”, indicó.

Sin embargo, pese a estar de acuerdo con la declaratoria de emergencia, López Aliaga señaló que no es necesario disponer de esta medida para que los miembros de las Fuerzas Armadas salgan a las calles y ejerzan un rol preventivo, de apoyo a la Policía Nacional.

“He investigado la ley, no es necesario declarar en emergencia para que la Fuerza Armada pueda actuar con un rol disuasivo. Mi preocupación es por todo Lima, pero sobre todo por las zonas más vulnerables, con menos presupuesto y atención”, detalló.

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Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien también asistió al mencionado evento, recalcó nuevamente que la salida de las Fuerzas Armadas tiene que ver con una disposición a que realicen un papel disuasivo, brindar seguridad, y manifestó que existe un interés de un grupo por desacreditar la medida en base a desinformación.

“Nunca se ha dicho que los militares van a investigar. Los militares no van a investigar, van a dar seguridad. Lo que pasa es que hay sectores interesados que quieren ridiculizar esta idea”, sostuvo.

Para el exviceministro del Interior, Ricardo Valdes, la declaratoria de emergencia de algunos distritos de Lima y Piura no es sino mas bien una reacción política a una demanda poblacional, pero que carece de un real sustento y un análisis policial previo.

“Es una medida excepcional que a mi juicio requiere de una evaluación previa, me da la sensación que eso no ha ocurrido. Un estado de emergencia se declara cuando hay evidencias no solo de atentados como los ocurridos, sino que cuando además hay una investigación criminal en marcha”, comentó a El Comercio.

Valdes explicó que una declaratoria de emergencia se sustenta en un documento policial, una evaluación técnica que incluye las razones de por qué es importante esta medida, así como la solicitud de que se tome. Después de acoger este pedido, se debe definir si se van a suspender los derechos fundamentales que están en la Constitución.

“Los 4 derechos que suelen suspenderse en estos casos para facilitar la labor policial son: la inviolabilidad de domicilio, no ser arrestado en la vía publica sin mandato judicial, no restringir el tránsito y la no prohibición de reuniones. Sin embargo, no queda claro si se van o no a suspender estos derechos fundamentales”, detalló.

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En tanto, sobre que la disposición de que salga el Ejército en apoyo a la policía, Valdes señaló que la presidenta no ha precisado qué institución será la que tenga el control interno de las ciudades donde rija la emergencia. Dijo que la norma constitucional deja la posibilidad que en estados de emergencia sean las FF.AA la que asuma este control.

“No se ha precisado. Si ese fuera el caso me parece un error. El control interno debe ser por manejado por la policía. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para asumir la lucha contra la seguridad ciudadana. No va a tener ningún efecto práctico la intervención del Ejército”, declaró.

Valdes argumentó que si bien los índices de inseguridad se han disparado, la respuesta no puede ser solamente política, sino que debe ser también operativa, contar sustento y fundamento. “En esa línea, no ayuda ni las normas presentadas por la presidenta el pasado 28 de julio y tampoco los estados de emergencia. Estos no son sostenibles. Entra el Ejército, tres meses después se van y todo regresa como estaba, incluso con mayor furor”.

El exviceministro agregó que existe una falta de eficiencia en la gestión de la seguridad por parte del sector Interior y de la PNP, y se animó a enumerar algunas propuestas y medidas que deberían ser tomadas en cuenta: determinar el cambio de régimen laboral de la policía en comisarías (sustituir el 24x24 por tres turnos de 8 horas para tener permanentemente más policías en las calles), cambiar el régimen laboral del patrullaje (pasar de patrullar hasta las 11 pm a hacerlo las 24 horas), ampliar las vacantes en las escuelas policiales, ampliar la capacidad de adquisición de patrulleros, así como un shock de inversiones para investigación criminal y gastos de inteligencia.

Por otro lado, el especialista consideró que el anuncio de la jefa de Estado va a propiciar un efecto dominó, pues otros distritos con altos índices de criminalidad, como San Juan de Miraflores, Los Olivos o el Callao, soliciten también se declare en emergencia sus jurisdicciones.

El constitucionalista Aníbal Quiroga precisó a este Diario que la Constitución del Perú sí contempla que se disponga la declaratoria de emergencia y, en relación a ello, la suspensión de determinados derechos fundamentales para fines específicos que competen al propósito de la medida. Refirió también que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional gozarán de mayor libertad para realizar sus funciones.

“Sí está contemplado en la Constitución. Es una respuesta al tema de la inseguridad. Cada uno (FF.AA. y PNP) seguirá haciendo su propia labor, pero tendrán más libertad para acopiar pruebas, por ejemplo”, comentó.

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Quiroga dijo que de acuerdo a la norma constitucional, la declaración de emergencia se hace por plazo determinado y una zona específica, y que durante ese periodo se suspende las garantías con relación a ese hecho.

“Si lo que motiva la medida es un tema de seguridad, pues no le da lugar a la autoridad a rebuscar temas de narcotráfico. La doctrina lo que dice es que el estado de emergencia autoriza el control de la policía y/o de las Fuerzas Armadas por un plazo determinado. Este es válido en tanto sea desarrollado para el objeto del proceso. No pueden entrar a tu casa para buscar algo no relacionado al tema de seguridad”, explicó.

En agosto pasado, la Policía Nacional informó que de enero a julio de 2023 se habían registrado 357 muertes relacionadas con delitos de extorsión y sicariato, siendo Lima Norte, Este y Sur los más afectados por estas bandas delictivas. En relación con el sicariato, los distritos con mayor incidencia eran: San Juan de Lurigancho (74 casos), Ate (39 casos) y San Juan de Miraflores (25 casos).

En cuanto a los delitos de extorsión, según la PNP, los distritos donde se habían reportado la mayoría de los casos de esta modalidad criminal son Cercado de Lima (169 casos), Ate (136 casos) y San Martín de Porres (96 casos).

Asimismo, hasta la fecha mencionada, la PNP y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) habían logrado recuperar 3000 armas de fuego de las calles.

Por otro lado, durante el primer trimestre del año, según la PNP, se presentaron 481 denuncias por intento de homicidio y homicidio en Lima Metropolitana y el Callao. El distrito con el mayor número de homicidios fue el Callao, con 57 casos, seguido por San Juan de Lurigancho (52 casos), Comas (35 casos), Villa María del Triunfo (31 casos), Ate (30 casos), Lima (24 casos) y Chorrillos (23 casos).

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En cuanto número de robos durante el primer trimestre, estos son los registros: 157 en el 2021; 170 en el 2022; y 855 en el 2023. Los siguientes distritos registraron el mayor número de robos: San Juan de Lurigancho (1.810) , San Martín de Porres (1.516), Cercado de Lima (1.250), Villa el Salvador (1.047) y Comas (1.029).

Por último, un informe de este Diario reveló que en 10 distritos de Lima Metropolitana no hay ni siquiera un agente de serenazgo por cada 1.000 habitantes. Además, 16 jurisdicciones de la capital cuentan con un vehículo motorizado –camionetas, autos y motos– o menos por km2 de territorio. En cuanto a cámaras de vigilancia, otra herramienta importante para la seguridad ciudadana, 13 distritos poseen una o menos por cada km2 de área. Estos datos corresponden hasta marzo de este año.