Defensoría del Pueblo demanda modificar confinamiento impuesto a adultos mayores

La Defensoría del Pueblo demandó al Poder Ejecutivo modificar las restricciones que existen actualmente para los adultos mayores en el marco del estado de emergencia instaurado por el avance del coronavirus (COVID-19).

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Mediante un comunicado, la Defensoría indicó que si bien estas medidas buscan proteger la salud de este grupo de riesgo, muchas de las restricciones atentan contra derechos fundamentales.

“La prolongación del aislamiento social obligatorio para prevenir el contagio del COVID-19 con relación a este grupo de riesgo, si bien busca proteger su salud, casi siete meses después de iniciada la pandemia, ha generado una severa afectación de otros derechos fundamentales", indica el pronunciamiento.

"El confinamiento absoluto no solo afecta la dignidad de estas personas al desconocer su autonomía y su derecho al libre desarrollo de la personalidad, recogido en el artículo 2, inciso 1 de la Carta Magna, sino su salud física y mental, dados los efectos indeseados de esta reclusión”, añade.

El Gobierno ha establecido, entre otras medidas, que los adultos mayores, así como los menores de 12 años, no puedan asistir a centros de abastos, restaurantes y centros comerciales. En el caso de los adultos mayores esto debe a que son más vulnerables frente al COVID-19.

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En esa línea, la Defensoría anunció que ha enviado un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros en el que demanda que las medidas de prevención frente a este grupo de personas se sustenten en medidas “positivas” y no en limitaciones hacia ellos.

“El mayor nivel de vulnerabilidad de estas personas demanda implementar acciones positivas por parte de instituciones públicas y privadas para facilitarles el ejercicio de sus derechos y garantizar que puedan disfrutar de una vida digna durante su vejez, aun si ello representa un mayor despliegue de recursos públicos o privados”, indicó.

“Hemos demandado, mediante oficio, a la Presidencia del Consejo de Ministros modificar, en el marco de las medidas de salud pública, la normativa que impone tales restricciones, a fin de que estas guarden coherencia con el respeto íntegro a los derechos fundamentales de las personas adultas mayores”, detalló.

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