El martes 16 de mayo, minutos antes de las 9 de la mañana, un hundimiento de tierras generado por la construcción del túnel del megapuerto de Chancay abrió un grieta física y figurada en el desarrollo de uno los proyectos más ambiciosos en el país. Mientras la obra mira con entusiasmo el futuro comercial con Asia, los vecinos que viven sobre y al lado de los trabajos quieren ser escuchados.
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“Desde hace dos meses estamos con vibraciones y movimientos en nuestras casas, pero nos decían que el túnel no puede parar. El ruido era tan insoportable en la noche que los mismos representantes de la empresa midieron el sonido y fueron conscientes que no se podía vivir. No les importó y siguieron trabajando”, asegura Juan Rojas, dirigente del Comité 17 de Peralvillo, zona donde ocurrió la subsidencia que dejó dos viviendas inhabitables y otras dos con daños. Aunque el área afectada tiene aproximadamente 10 metros de diámetro, el temor se ha extendido por varias asociaciones de viviendas del distrito de Chancay. En todos los casos se habla de vibraciones, ruido y, sobre todo, incertidumbre.
Wladimir Cantoral, presidente del Frente de Defensa por la Dignidad y Libertad de Chancay, calcula que serían unas mil casas de Peralvillo, Los Álamos, Pacífico, Miramar, Soledad y otros comunidades que presentan fisuras desde que iniciaron los trabajos. Tanto él como Rojas participaron en la reunión del último miércoles en la sede municipal en la que se acordó que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) realizará inspecciones de campo. Las obras del túnel ya han sido suspendidas hasta que un informe pericial determine las causas de lo ocurrido y las medidas correctivas pertinentes.
Lo cierto es que las quejas vecinales incluyen la ausencia del Estado como ente fiscalizador. Hasta ahora están esperando la presencia de la presidenta Dina Boluarte, del presidente del consejo de ministros, Alberto Otárola o la ministra de Transportes, Paola Lazarte. “Cada vez que una autoridad viene, baja en helicóptero a la empresa, hacen su recorrido y se van, nunca han hablado con nosotros”, enfatiza Rojas. Ninguno se ha pronunciado sobre el incidente desde el martes.
Promesas
La construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, ubicado a 80 km al norte de Lima, en Huaral, tiene por lo menos doce años de planeamiento. Aunque en el 2016 fue el entonces presidente Ollanta Humala quien colocó la primera piedra, el desarrollo del proyecto ha sido transversal a ocho gobiernos. En el 2011, dos días antes de que culmine la gestión de Alan García, se otorgaron los primeros permisos a Terminales Portuarios Chancay S.A. Para el 2019, con el ingreso de la empresa estatal china Cosco Shipping, con el 60% de participación (Volcan Compañía Minera 40%), se sella el acuerdo para la construcción, ejecución y operación de la configuración actual del proyecto.
Con una inversión de 1.300 millones de dólares, actualmente tiene un avance de casi el 40%. Se prevé que el megapuerto de Chancay empiece a operar en el último trimestre de 2024.
El proyecto se divide en tres áreas. La Zona Operativa Portuaria cuenta con un área de 106.6 hectáreas, mientras que el Complejo de Ingreso cuenta con 32 hectáreas, y el túnel con 2.4 hectáreas, lo que suma un total de 141 hectáreas.
Se espera que el se convierta en el hub comercial con Asia y otras regiones del mundo.
La configuración actual del proyecto de construcción del nuevo Terminal Portuario Multipropósito de Chancay se concretó en 2019.
Para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), este megaproyecto, a cargo de la empresa china Cosco Shipping, es clave para el comercio internacional y será un hub que redistribuirá la carga de los países de Chile, Ecuador y Colombia.
La idea que enfatizaron los sucesivos presidentes es que Chancay se convertirá en el hub regional de comercio marítimo hacia el Asia y Oceanía con un puerto superior en tamaño y tecnología al del Callao y a cualquier otro de este lado del Pacífico. Con una inversión que alcanza los USD 1,300 mil millones y un avance del 40%, empezaría a operar en el último trimestre de 2024.
26 de mayo de 2016: El Presidente Ollanta Humala encabeza la ceremonia de colocación de la primera piedra del terminal de graneles sólidos, líquidos y carga rodante, primera etapa del terminal portuario multipropósito de Chancay, en el norte de la región Lima.
El 23 de enero de 2019, la empresa estatal china Cosco Shipping compra una participación de 60 % en Terminales Portuarios Chancay S.A., en el Perú, de propiedad de Volcan Compañía Minera S.A.A, que mantiene el 40% de las acciones. El acuerdo se firmó con la presencia de la Vicepresidenta del Perú, Mercedes Araoz.
El 8 de mayo de 2019, la entonces ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara, y los representantes de Volcan Compañía Minera S.A.A. (Volcan) y Terminales Portuarios Chancay se reunieron para la suscripción de los acuerdos que permitirán la ejecución y operación del megacomplejo portuario de Chancay.
El 8 de marzo del 2023, la ministra de Transportes y Comunicaciones (MTC), Paola Lazarte, inspeccionó los avances de las obras del Terminal Portuario de Chancay. “Este gran proyecto cambiará la vida al país y también a Latinoamérica con una gran inversión que mejorará la logística a nivel nacional. Será el principal puerto de la región”, dijo.
Mario De Las Casas, gerente de Asuntos Públicos de Cosco Shipping, sostiene que, al ser un puerto multipropósito privado de uso público, el beneficio incluirá a importadores y exportadores de distintas regiones. “Ahora un producto agrícola peruano demora 45 días para llegar a Asia, con el puerto se va a reducir a 25. Es cierto que ya llegamos a Asia, pero con volúmenes pequeños y poco tiempo de exposición”, dice. La automatización total de la operación también reducirá riesgos en la carga y descarga de contenedores. “El puerto tendrá la mayor tecnología del mundo. Será imposible la contaminación de las cargas, de narcotráfico u otras cosas, porque no habrá personas realizando el proceso”, explica.
Los beneficios prometidos incluyen el descongestionamiento de las vías de acceso al puerto del Callao, proyectos de inversión para la comunidad de Chancay y unos 7.500 empleos directos e indirectos y capacitaciones a la población. Aunque el aspecto social tiene avances como la construcción del nuevo mercado, el polideportivo y estudios de preinversión para un sistema de tratamiento de aguas servidas, el Instituto Superior Tecnológico Público o el Centro de Salud de Peralvillo; el impacto actual, mientras duren las obras, está relacionado a la construcción.
Incertidumbre
De los tres componentes del megaproyecto (zona portuaria, complejo administrativo y logístico, y el túnel), el que ha generado más preocupación es la infraestructura subterránea. Se trata de un túnel, de 1,8 km, que conectará el complejo de ingreso con la zona operativa portuaria sin interrumpir el tránsito vial de la ciudad.
La empresa reconoce que existen afectaciones y por eso asegura que paga a unas 2.000 familias de Chancay compensaciones económicas de entre 600 y 2.300 soles mensuales por molestias relacionadas con vibraciones, ruidos, traslado de maquinaria, entre otras. El plan es que el número de beneficiarios aumente conforme avancen los trabajos hacia distintas zonas.
Pero el temor se ha acrecentado con el reciente hundimiento. La APN ha informado que se encuentra levantando información “la cual está en permanente actualización”. Sin embargo, el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros sostiene que es necesaria una revisión exhaustiva de todos los permisos otorgados a la empresa. Daniel Osores, representante de esta entidad, indica que solicitado todos los estudios técnicos que avalan la construcción del túnel. La investigación sobre las causas técnicas del incidente está a cargo de la APN, pero la empresa presume que podría haber sido generado por un cambio abrupto del tipo de suelo. Esta posición es rechazada por Osores.
“En este tipo de problemas hay dos causas: un deficiente expediente técnico o un deficiente proceso constructivo. Para obras de esta envergadura se hacen perforaciones de diamantina cada 100 metros para saber a ciencia cierta el material que hay. También, ensayos geofísicos de refacción sísmica para identificar el suelo en cada tramo. La geología de los terrenos es heterogénea, pero siempre se diseña para la situación más crítica”, dice.
Aunque existen riesgos en todas las construcciones, el especialista asegura que sí es posible limitar la afectación. “El túnel para el tren de alta velocidad en Barcelona pasaba al lado de la Sagrada Familia. La iglesia no se movió ni un milímetro porque se tomaron todas las medidas para que no suceda eso”, añade.
Por eso, insiste en que es necesario una respuesta más enfática de APN y el MTC a fin de asegurar que la obra no va a sufrir daños futuros que afecten a la población y a la operatividad del mismo proyecto.
Fiscalización
¿Es posible que si el proyecto es tan necesario para el país no hayan riesgos para la población? Omar Narrea, investigador Centro de Estudios sobre China y Asia Pacífico de la Universidad del Pacífico, indica que el gobierno peruano, interesado en promover el proyecto desde hace años, no ha realizado ningún plan de desarrollo real para reducir las enormes brechas sociales de esta ciudad. De lo contrario, los beneficios prometidos serán desiguales.
“No es posible que haya un megapuerto y mega problemas de seguridad. El ministro de Economía, Alex Contreras, dijo que Chancay iba a ser un polo de desarrollo, habría que preguntarle cuál es su plan de inversión. La población solo ve fotos del proyecto, no hay ningún instrumento que se está ejecutando. Un plan de inversiones es pasar del discurso, de la promesa, a la acción”, opina.
De acuerdo con Cosco Shipping, los proyectos de preinversión que realizaron para infraestructura en educación, salud, seguridad y saneamiento ya han sido declarados viables. Depende de las autoridades su ejecución. “Sería mentir que el 100% de la población quiere el proyecto, pero la gran mayoría sí. Chancay no tiene servicios básicos, por eso estamos comprometidos para no darles la espalda e involucrarnos en sus necesidades.”, dice de Las Casas.
En diálogo con El Comercio, Narrea insiste en que es indispensable que la fiscalización de las acciones de la empresa involucre también a la comunidad. “Hay que hacer un examen técnico de cuáles son las fallas que generaron el problema. Los resultados tienen que socializarlos con los actores de manera pública. No se los escucha. La incertidumbre genera miedos”, añade.
El abogado Juan José Cárdenas, socio de Proyectos & Infraestructura de Damma, coincide en que tarea de la empresa y el Estado explicar, “con toda la paciencia que sea necesaria”, a la población sobre las medidas concretas que se están tomando para que un accidente de este tipo no se repita. “La desconfianza es normal ante obras que los afecta en el día a día. Por un lado, existen expectativas de futuro, promesas, de los beneficios que van a traer, pero también hay efectos negativos inmediatos. Por eso se necesitan los mecanismos de conversación de ida y vuelta con las personas que viven en el área de influencia de la obra. Es un esfuerzo de años”, indica.